Caso Tlatlaya: ¿se vulneró la Cadena de Mando?

México, 2 de octubre.- El Ejército Mexicano se caracteriza por una estructura de mando completamente vertical. Nadie, absolutamente nadie, está facultado para tomar una decisión sin que antes el escenario sea revisado y autorizado por algún superior o, según el caso, por todos los superiores.

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Este tipo de estructura dificulta, en muchos sentidos, la obtención de información referente a las Fuerzas Armadas, no porque la información no exista o no se quiera otorgar, sino porque cualquier solicitud, declaración y/o dato debe estar avalado por las firmas de los mandos correspondientes. Es por ello que las respuestas dadas por la Secretaría de la Defensa Nacional ante cualquier requerimiento o situación extraordinaria, dan la impresión de “llegar un poco tarde”.

Esta estructura y flujo de información no es exclusivo de “boletines o comunicados”, abarca también el flujo de órdenes dentro la estructura, la base de acción de las Fuerzas Armadas.

El caso Tlatlaya no escapa a este organigrama rígido y es de sorprender lo caótico de los resultados derivados de los huecos en materia de información por parte de los Altos Mandos del Ejército Mexicano y que bien podrían resultar en la primer desgracia institucional de la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto.

El caos inició el pasado 30 de junio del presente año, cuando mediante un comunicado de prensa, la Sedena informó sobre un enfrentamiento en las inmediaciones del municipio de Tlatlaya, Estado de México, entre soldados y presuntos delincuentes, cuyo resultado fue de: un soldado herido y 22 presuntos criminales muertos. (http://estadomayor.mx/44566)

Días después, la agencia de noticias AP realizaba una investigación del lugar de los hechos, en la cual revelan señales de posibles actos de uso excesivo de la fuerza, o mejor dicho, signos de que los soldados en realidad habían realizado ejecuciones sumarias.

La versión de AP fue rápidamente desmentida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (http://estadomayor.mx/45229), cuyo peritaje dictaminó la falta de pruebas para sustentar las acciones ilegales por parte de los elementos castrenses. Sin embargo, tres meses después, la Procuraduría General de la República acusaba de manera formal a tres soldados por el delito de homicidio (http://estadomayor.mx/47332), ya que según las investigaciones, éstos accionaron sus armas de manera injustificada durante el operativo en Tlatlaya. La Sedena por su parte comunicó, mediante un escueto boletín de prensa, que colaboraría con las indagatorias hechas por la dependencia gubernamental de corte civil. (http://estadomayor.mx/46974)

Sin la intención de abonar a las ya recurrentes teorías de la conspiración o intentar dañar la reputación de una institución siempre confiable como el Ejército Mexicano, la discrepancia entre el primer comunicado oficial emitido por la Sedena y los resultados de la investigación realizada por la PGR solo puede entenderse en dos escenarios.

Los soldados involucrados ocultaron información

Ante el conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos, los involucrados en el operativo en Tlatlaya decidieron reportar el suceso exclusivamente como un “enfrentamiento”. Dicha información circuló por los canales tradicionales. con el pleno desconocimiento de los Altos Mandos, derivando en el primer boletín de prensa y en el circo mediático del cual la sociedad ha sido testigo en los días más recientes.

La institución decidió ocultar la información para proteger a sus soldados

Los involucrados en el operativo Tlatlaya reportaron tal y como sucedieron los acontecimientos. Dicha información circuló por los canales tradicionales y ante la gravedad de la situación, en algún punto del Alto Mando se decidió ocultar los datos y hacer pública la versión del enfrentamiento.

En cualquier caso, la situación a nivel institucional entraría en una etapa de “terapia intensiva” y reflejarían la falta de liderazgo y mando al interior de las filas castrenses, ya que de ser cierto el primer escenario, los soldados desplegados en las calles del país estarían actuando por cuenta propia y son ellos quienes están decidiendo las líneas de comunicación del Ejército ante el desconocimiento de los mandos superiores.

En el segundo caso, solo quedaría evidente que la falta de un marco jurídico propio y el cual avale las acciones del Ejército como cuerpo policial ha orillado a sus integrantes a actuar en la frontera de lo legal con la simple finalidad de acatar órdenes.

Lo realmente preocupante es que las diferentes versiones sobre Tlatlaya reflejan un desconocimiento total, por parte de los altos mandos castrenses y una contradicción frente a la sociedad a la cual juraron proteger. El parte de novedades hasta el momento va en: 22 muertos, un soldado herido, 25 soldados investigados, 8 soldados detenidos, 3 soldados acusados de homicidio y un mando que seguramente está desesperado al saber de su incapacidad para dirigir y cuidar a sus huestes.

Redacción 

Estado Mayor

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