México, 26 de mayo.- El tiempo se agota para el gobierno federal en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, la presencia del secretario de Seguridad Nacional estadounidense la semana pasada en el México no hizo más que acelerar los procesos que en el corto o mediano plazo deberán tener una respuesta del lado mexicano sobre la solicitud de detención con fines de extradición. La entrega de dos de los 10 acusados modificó el escenario donde la condición legal ha cambiado, algo de lo que fue informada la presidenta Sheinbaum por el funcionario norteamericano. Las desavenencias fueron notorias pese al anuncio de que el mandatario sinaloense, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán con licencia Juna de Dios Gámez, fueron citados a comparecer, al igual que la gobernadora de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA.
La reunión no fue tan cordial como aparentó la foto oficial que se difundió el pasado jueves 21 de mayo tras el encuentro en Palacio Nacional de Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Department), y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Versiones difundidas en diversos medios que fueron cotejadas con fuentes oficiales coincidieron en señalar que aquella no fue una cita donde el buen ambiente y entendimiento fluyera, sino un intercambio diplomático que se tornó ríspido cuando el funcionario estadounidense puso sobre la mesa la petición de entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya acusado en la Corte de Brooklyn de operar para la facción de los chapitos en el Cartel de Sinaloa junto a nueve ex integrantes de su equipo.
Fue el principio del desacuerdo, la presidenta respondió que el status en México de Rocha y compañía estaba a consideración de la Fiscalía General de la República que haría su propia investigación, “con autonomía y en respeto a la soberanía del país”, serían los encargados de validar si hay responsabilidad en las acusaciones. Palabras más palabras menos, de acuerdo con fuentes consultadas, la respuesta del funcionario estadounidense fue insistir en la entrega de Rocha.
El columnista Jorge Fernández Menéndez publicó que Mullin le dijo a Sheinbaum que el estatus legal de los acusados era diferente desde que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez y el ex secretario de Administración y Finanzas del gabinete rochista Enrique Díaz Vega, se habían entregado a la justicia estadounidense donde se declararon culpables y comenzaron a colaborar con los fiscales. Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez y los cinco policías y jefes ministeriales tienen ya su juicio en marcha desde que dos de sus coacusados están en la Corte, por lo que “ya no son pedidos para su detención con fines de extradición, sino ya son procesados”, de acuerdo con el columnista.
Otras versiones señalaron que la solicitud para la detención de Rocha se reforzó con evidencias mostradas dentro de las investigaciones en curso de la fiscalía neoyorquina basadas en los testimonios de Ovidio Guzmán López e Ismael “el Mayo” Zambada. En ese sentido la solicitud de entrega de los funcionarios fue aderezada con la mención de más acusaciones contra otros políticos mexicanos con diferentes cargos donde la lista la encabezan gobernadores abanderados por el partido oficial y que están en funciones en diferentes entidades y de los que se han mencionado nombres en las últimas semanas.
La lista de posibles acusados por fiscales estadounidenses que comenzarían a darse a conocer desde la Unión Americana, la encabeza el socio de Rocha Moya en financiamiento y operación electoral, el hoy mandatario de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, le sigue la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, y el mandatario de Sonora, Alfonzo Durazo Motaño.
Tras la reunión del jueves, la FGR informó el sábado que Rocha Moya fue citado para “rendir entrevista” ante el ministerio público federal, lo mismo que Inzunza y Gámez Mendivil, aunque no se precisó fecha.
La FGR evitó mencionar la palabra comparecencia en el comunicado difundido, aunque la secretaría de Gobernación en una atípica intervención sacó un comunicado donde señaló que Rocha y coacusados comparecerán en calidad de testigos. Mismo procedimiento para la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, quien fue citada para el miércoles 27 de mayo para que declare en la delegación estatal de la FGR dentro de la indagatoria federal por el caso de la presencia de agentes de la CIA en el decomiso de dos mega laboratorios en la sierra Tarahumara el mes pasado donde dos de ellos fallecieron en un accidente en el camino.
PULSO MILITAR
El pasado 12 de marzo cuando el general de brigada Óscar Rentería Schazarino fue relevado del cargo de secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional dijo que su cambio se debió a que debía volver a filas para no verse afectado en su carrera profesional en la milicia. Schazarino fue sustituido por el brigadier Sinhué Téllez López, quien era hasta esa quincena de marzo comandante del 110 batallón de infantería con jurisdicción en el centro del estado.
Al paso de las semanas la salida del general Schazarino fue vista como un primer aviso de lo que estaba por llegar al gabinete en su conjunto en Sinaloa, donde el gobernador quedó marcado por la acusación de la fiscalía neoyorquina que se conoció apenas mes y medio después del cambio. La separación del cargo tuvo que ver también con un antes y un después de la estrategia de seguridad, donde el general sentó las bases de la coordinación con la federación y purgó la Policía Estatal Preventiva de “elementos coludidos” con las facciones del cartel confrontadas y echó a andar un grupo especial dentro de la corporación con elementos de fuerzas especiales con preparación en combate urbano y operaciones híbridas.
El general Schazarino dejó su cargo para no verse en la necesidad de tener que hablar por el desempeño de quien fue su jefe durante más de un año, como no es político en la Defensa Nacional se sabía que de un momento a otro el caso del gobernador haría crisis por lo que se decidió regresarlo a filas y que dejara la secretaría de seguridad donde el mismo general secretario reconoció que hizo un “gran trabajo”, dijo una fuente militar consultada.
Sobre el general Schazarino, en diciembre del 2024 se publicó en este Blog:
Nacido en Villahermosa, Tabasco, el general Rentería Schazarino fue nombrado el sábado 21 de diciembre del 2024 secretario de seguridad pública de Sinaloa, en sustitución del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, un militar que en los últimos meses se había convertido en un lastre, según analistas en varios medios de comunicación nacionales, debido a su “notoria ineptitud” y falta de información de inteligencia para contener la ola de violencia criminal que estalló el 9 de septiembre.
Dos hechos aceleraron la caída de Mérida Sánchez como secretario de seguridad pública, la primera fue la agresión el 6 de diciembre contra un convoy de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Culiacán, donde un joven agente murió y cuatro más resultaron heridos. Detrás de este caso la prensa local publicó que se trataba de un mensaje contra uno de los comandantes de la corporación por presuntamente formar parte de la estructura de protección policial de una de las dos facciones criminales en pugna desde septiembre pasado. La exhibición del general Mérida al ignorar los señalamientos sobre las presuntas labores que involucraban a uno de los mandos policiales heridos, y la pérdida de vidas inocentes, generó desconcierto entre los mandos militares y la Guardia Nacional. El segundo ocurrió el pasado miércoles 18 con el asesinato del Halexy Guadalupe Velderrain Con, un agente de inteligencia civil de la secretaría de Seguridad y Protección ciudadana, abatido a tiros en la colonia Villas del Río, en la zona poniente de Culiacán, donde mantienen presencia células armadas de “los Chapitos”, a quienes de manera extraoficial las autoridades atribuyeron el ataque. En el hecho llamó la atención la ausencia de apoyo por parte de la estatal preventiva, corporación bajo el mando del general Mérida.
En las comparecencias matutinas diarias ante la prensa en Culiacán, varias ocasiones el general Mérida se quejó de que no le compartían información los funcionarios que llegaron a la capital sinaloense de la Ciudad de México encabezados por el secretario Omar García Harfuch.
Desde semanas antes Mérida, quien en su etapa de servicio llegó a dirigir la Escuela Militar de Inteligencia, fue exhibido como el funcionario peor informado del gabinete de seguridad. El 23 de noviembre se denunció la desaparición de una mujer de 19 años raptada por hombres armados cuando bajaba de un camión urbano al volver de su trabajo. El caso alertó a colectivos feministas y organizaciones de búsqueda de desaparecidos que hicieron la denuncia. Dos días después el general Mérida aseguró que la joven ya había sido liberada “sana y salva” y estaba con sus familiares. Horas después fue desmentido por estas organizaciones que pidieron se retractara y renunciara a su cargo ante la falsedad de sus declaraciones. El general se disculpó, a los pocos días la joven volvió con su familia. El martes 3 de diciembre declaró que el auto que explotó en la madrugada a las afueras de Culiacán, fue por la detonación del tanque de gasolina que pudo ser provocado por disparos de arma de fuego. Poco después el gobernador Rubén Rocha Moya lo desmintió. Dijo que se debió a un petardo con mecha operado por un dron. Ese mismo día el titular de seguridad federal Omar García Harfuch salió al paso de las versiones que atribuían la explosión a un coche bomba y señaló que se trató a un dron con explosivos. Las versiones encontradas abonaron a la desinformación, algo que ha sido un rasgo característico desde que comenzaron las hostilidades entre las dos facciones que hasta hace unos meses conformaban el llamado Cártel de Sinaloa.
Con este escenario de fondo el general Rentería Schazarino debutó el domingo 22 en la primera reunión del gabinete de seguridad federal que encabezó en Mazatlán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A su arribo a Sinaloa se encontró con su antiguo jefe el general de división Guillermo Briseño Lobera, quien fue subjefe operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional cuando Rentería Schazarino estaba al frente de la sección tercera (operaciones).
El nuevo titular de seguridad estatal conoce bien cuáles son los principios básicos de las operaciones en terrenos donde proliferan grupos pequeños de civiles armados (Nuevo Laredo y Apatzingán son un ejemplo). Sabe cómo establecer una estrategia de protección ciudadana, de la que adolece Sinaloa, y cuya responsabilidad preventiva le toca a la corporación civil de la que se hizo cargo”.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx