México, 12 de enero.- Con una ruta crítica y un ritmo propios, la Marina-Armada de México intentará consolidar, en lo que queda de la actual administración, la parte que le corresponde en la creación de algo parecido a una Política de Defensa Nacional, conformada por visiones y propuestas que le den al país la certidumbre y cohesión mínimas en materia de seguridad y defensa que no ha tenido en su historia reciente.
La Marina hará su parte hasta donde pueda. La otra le corresponde al Ejército Mexicano, como quedó mandatado hace un año por el Presidente Enrique Peña Nieto, al anunciar que en los próximos meses o años los mandos de las fuerzas armadas mexicanas elaborarían una Política de Defensa para darle certidumbre y racionalidad a las misiones de este sector.
Ejército y Marina han reconocido en su momento y con matices distintos, que carecemos de una política de defensa, que no contamos con instrumentos reales, sólidos y amplios para darle una lectura adecuada a la realidad del país y para actuar en consecuencia ante escenarios que amenacen con rebasar determinados ámbitos hasta convertirse en amenazas capaces de desestabilizar a la nación.
En su estilo y con sus medios, el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, advirtió en 2007 a legisladores federales que la “degradación” de los instrumentos materiales para defender la soberanía y la seguridad interior del país era tal, que si no se hacía algo para rescatarlos y modernizarlos la situación sería irreversible en los cinco años siguientes.
La guerra al narco era el marco perfecto e ineludible para rescatar a unas fuerzas armadas anquilosadas, insuficientes e ineficaces ante el reto de contener al crimen organizado.
Galván entregó a senadores y diputados de las comisiones de Defensa, Seguridad y Justicia sendos documentos con cifras y algo parecido a un diagnóstico profundo sobre las condiciones en que recibía a la Sedena.
Sin embargo, el general centró su exposición en los aspectos operativos y materiales de la crisis militar mexicana, dejando de lado el análisis sobre la ausencia total de una política de defensa que no solo atendiera en lo inmediato la emergencia desatada por la guerra calderonista, sino que además sirviera como instrumento para coordinar, vincular y guiar los cambios necesarios en materia de defensa y seguridad.
Y así, con los vacíos jurídicos y con las descoordinación que caracterizaron el sexenio militar de Calderón Hinojosa, avanzamos hacia una transición en la que la reforma en materia de seguridad y defensa se fue de nuevo al congelador, superada por los temas energéticos, políticos y fiscales.
Pero en la Marina, la orden de analizar y diseñar propuestas para alcanzar una Política de Defensa Nacional ha seguido su curso. Uno de los mandos encargados de darle forma y espacio al proyecto es elAlmirante Carlos Ortega Muñiz, experto en seguridad nacional y Jefe de Inteligencia Naval en el gobierno de Calderón.
Ha sido comandante de los buques Manuel Azueta, Galeana y Cuitláhuac; de la Patrulla Oceánica PO- Durango, y de los cañoneros Durango y Valle. También ha sido Jefe de Control y Apoyo Logístico del Cuartel General en la Ciudad de México, Director de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada y Jefe de la Unidad de Coordinación de Protección de Instalaciones Estratégica.
Ortega Muñiz ha tenido una carrera de ascensos muy rápidos, con cargos vinculados en esta última etapa al área de la seguridad nacional. Apenas en 2011 fue ascendido a Vicealmirante y en noviembre de 2014 se convirtió en Almirante con apenas cuatro años en el grado anterior.
Actualmente funge como enlace de la Marina y del gobierno mexicano con la Organización Marítima Internacional (International Martitime Organization, en inglés) y también es conferencista y ponente en instituciones como el Instituto Nacional de Administración Pública (INNAP) y en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Armada de México.
En julio de 2013 (Revista del Centro de Estudios Superiores Navales. Julio – Septiembre de 2013. Volumen 34. Número 3.) escribió para la revista del CESNAV un artículo titulado “Hacia una política de seguridad y defensa en México”, en el que aborda la necesidad de elaborar un Plan de Defensa ya que “En el caso mexicano, los temas de seguridad, defensa y fuerzas armadas han estado ausentes del debate nacional por mucho tiempo”.
El texto del almirante Ortega fue publicado precisamente en los días en que dos comisiones de oficiales y jefes militares y navales se reunían para comenzar a darle forma a una orden presidencial poco documentada y escasamente reflexionada, prácticamente condenada al fracaso gracias, justamente, a la propia dinámica reformista de Los Pinos.
En su texto, el almirante Carlos Ortega explica que la política de defensa representa un ejercicio de estimación de capacidades nacionales, evaluación de la organización militar y la posibilidad de discutir temas propios a las fuerzas armadas.
Dice que ésta incluye a las fuerzas armadas, complementándose con otras capacidades nacionales, como la política, la diplomacia, la economía y el desarrollo social, para enfrentar los desafíos que tenga frente a sí el Estado.
En su análisis, el almirante advierte que “ante estas nuevas circunstancias, la defensa nacional, como componente de la seguridad nacional, requiere realizar una evaluación de capacidades, reto, naturaleza y futuro, garantizando en todo momento la consecución de los objetivos plasmados en el proyecto nacional”.
En este sentido, explica, “destacan las directivas presidenciales a las Fuerzas Armadas, en el sentido de mantener el apoyo en tareas de seguridad interior, así como mantener las tareas de defensa exterior, para fortalecer la unidad e identidad nacionales”.
Ortega Muñiz considera que existe también en el país un despliegue de capacidades diplomáticas, tendientes a recuperar el liderazgo de México en política exterior, lo cual es también un componente que fortalece la defensa nacional, al reducir los óbices para la defensa exterior y establecer alianzas internacionales en un contexto global.
Al interior, agrega, “se aprecia también una clara directiva para conformar un cuerpo de seguridad con presencia nacional y uso intermedio de la fuerza, con capacidad de atender misiones de seguridad interior”.
Para el almirante, se debe incorporar en el proyecto de un Plan de Defensa Nacional “al mayor número de actores institucionales posibles, iniciando con el Poder Ejecutivo, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, seguido del Poder Legislativo, a quien le corresponde legislar al respecto y establecer los presupuestos correspondientes”.
Por su parte, “el Poder Judicial dirimiría temas de interpretación jurídica y eventuales controversias que se pudieran generar con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas más allá de las fronteras en maniobras, ejercicios u operaciones coordinadas por una organización multinacional”.
En este punto, el almirante compendia los seis apartados que, de inicio, deberían ser tomados en cuenta para llevar adelante el Plan de Defensa y la cohesión de las fuerzas armadas. Señala Ortega Muñiz los siguientes aspectos que deberá contener un plan como el que se busca desde la presidencia:
- Libro blanco de la defensa. Consiste en la elaboración de documentos sobre políticas y doctrinas de defensa de un gobierno, con una perspectiva de mediano plazo.
- Modernización de las fuerzas armadas. Aborda el cambio de doctrina militar y nuevas misiones de los ejércitos. Existen 2 enfoques: estructural (sistema educativo, doctrina y materiales de guerra), o armamentista (material y equipo bélico).
- Estado Mayor Conjunto. Es un mecanismo de trabajo interinstitucional que fomenta el desarrollo organizacional equilibrado de las fuerzas armadas.
- Presupuesto y rendición de cuentas. Implica una supervisión efectiva de la política de defensa, a través del control del presupuesto público.
- Participación en operaciones internacionales. El tema genera opiniones divididas, por el impacto de estas operaciones en la comunidad internacional y el costo que implica, además de los debates sobre la soberanía nacional.
- Secretario de la Defensa Civil. Permite concentrar los esfuerzos operativos de las fuerzas armadas en temas militares, separando la parte política de la defensa.
Aunque en estos meses se ha avanzado en cuanto a acercar a las partes involucradas en la creación del Plan de Defensa, la verdad es que se ha logrado muy poco en relación con lo que el Ejecutivo dispuso hace un año.
Punto por punto, los objetivos para crear un Plan de Defensa Nacional se van alejando de la realidad deseada, porque desde el principio la dinámica dictada por el interés presidencial, centrada en darle la máxima preferencia a las reformas estructurales.
Aspectos como la creación de un Estado Mayor Conjunto o la llegada de un civil al frente de este organismo o de la Sedena o de Marina, requieren de todo el interés, el conocimiento, la energía y la voluntad de los legisladores de todos los partidos para colocarlos como temas prioritarios en una agenda de reformas constitucionales. No hay espacio ni tiempo para insertar en la agenda legislativa nacional temas que durante décadas nunca fueron del interés ni del conocimiento de diputados o senadores.
De hecho, en las pocas reuniones que se han dado entre mandos militares y navales para avanzar en la elaboración del Plan de Defensa, estos dos temas han quedado automáticamente rezagados para darle paso y peso a asuntos como el fortalecimiento de la coordinación operativa y de inteligencia entre marinos y soldados, la cual que irá supliendo al proyecto original de un Estado Mayor Conjunto.
La llegada de un civil al frente de la Sedena o de Marina es un asunto que casi de inmediato se dio por descartado. Para los mandos militares tal cosa es imposible por el momento, sobre todo a raíz de lo que sus asesores consideran el fracaso de dicha fórmula en el sur de nuestro continente, en donde ha habido y hay civiles –incluso mujeres– encabezando ministerios de Defensa.
Ese tema está zanjado para militares y marinos. Los asuntos en los que se sigue caminado a paso lento son: la modernización de las tres fuerzas armadas, el presupuesto real que deberán recibir en las próximas décadas, el marco jurídico que deberá regir sus acciones, la temporalidad de las mismas, un rediseño de las atribuciones y límites de las tropas y mandos involucrados, así como la creación de un auténtico Libro Blanco elaborado en forma conjunta o bien con una metodología unificada que facilite la actuación de las fuerzas federales.
La Participación en Operaciones Internacionales es otro aspecto en el que se ha avanzado, pero en el que se requiere primero fortalecer el quehacer diplomático de México para que su presencia no aparezca como un asunto desfasado en la política exterior nacional.
En resumen, lo alcanzado en estos meses de trabajo entre la Sedena y Marina para darle vida a un Plan de Defensa Nacional ha sido poco, fragmentario y ubicado más en el marco de una colaboración o coordinación más bien alineada dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
La orden presidencial para elaborar un Plan de Defensa Nacional y las leyes que lo sustenten, ha terminado por impactarse, paradójicamente, con la propia dinámica de cambios y reformas impuesta desde Los Pinos.
Jorge Alejandro Medellín
@JorgeMedellin95
Estado Mayor