Está en marcha un ‘lavado de imagen’ de los mandos e integrantes del batallón 27 de infantería, acusado por padres de familia y estudiantes de haber coparticipado junto a la Policía Federal, en los sucesos del 26 y 27 de septiembre pasado, donde 43 jóvenes fueron privados de su libertad sin que se sepa a la fecha su paradero. Los testimonios que se van conociendo sobre la intervención militar, ya sea con oficiales retirados actuando de “informantes” mientras laboraban en la policía municipal, así como otros jefes que estuvieron al tanto de la infiltración criminal en filas castrenses, pone en entredicho al ejército en Guerrero y aumenta la presión social para que rindan cuentas ante la justicia. Mientras en Acapulco, las disputas entre la delincuencia organizada y la inseguridad se cobran al menos 25 víctimas, donde la muerte de dos maestros llamó la atención por el papel del magisterio en la actual crisis social que vive la entidad.
México, 12 de enero.- Al comandante del 27 batallón de infantería con base en Iguala le urgía una estrategia de relaciones públicas. El pasado 16 de diciembre el coronel José Rodríguez Pérez salió del ostracismo en que se mantuvo desde el 27 de septiembre, cuando declaró que el ejército no había intervenido en los sucesos de la noche anterior y madrugada de aquel día, donde un convoy de tres camiones con estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros, falleciendo seis personas, mientras 43 de ellos fueron detenidos por policías municipales sin que a la fecha se sepa su paradero.
El coronel Rodríguez Pérez cerró el año 2014 con la lupa sobre su persona, al igual que tres de sus antecesores en el cargo, además de cuestionamientos severos al actuar de jefes y oficiales bajo su mando. De ahí que urgiera una rápida aparición en algún medio de comunicación para “tender puentes” con la opinión pública. El día 16 el comandante del 27 de infantería visitó las instalaciones del periódico guerrerense Diario 21 con sede en Iguala. Fue una visita “para estrechar lazos institucionales entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el periódico”, publicó el rotativo en su portal de Internet aquella ocasión. En la recepción al coronel estuvieron los directivos de la casa editora del diario acompañados también por uno de los mandos inmediatos en la estructura del batallón. En la nota aparecida en su portal se decía que Rodríguez Pérez reconocía “la importante labor que tienen los medios de comunicación masiva, además del compromiso social que deben mantener día a día al informar del acontecer cotidiano de la región norte del estado”.
Durante el recorrido a las instalaciones el coronel Rodríguez Pérez al lado de los directivos, fue fotografiado junto al mayor de infantería Raymundo Barrera, quien de acuerdo a versiones castrenses se desempeña como el jefe de la Sección de Personal, Abastecimiento y Ayudantía (conocido por sus siglas de SPAA) del batallón. El mayor Barrera sería junto al mayor Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefe de la Sección Información, Instrucción y Operaciones (SIIO por sus iniciales), los dos jefes inmediatos sobre los que recaería la operación de la unidad. Ambos jefes castrenses destacados como mandos intermedios del 27 de infantería en Iguala, serían los superiores inmediatos de dos oficiales que han sido señalados ―por medio de mantas colocados por la delincuencia organizada en sitios públicos―de estar relacionados con el grupo criminal denominado “Guerreros Unidos”, el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Crespo, considerados por sus pares en el ejército como los operadores del grupo de inteligencia con que cuenta el batallón.
El 27 de infantería es uno de los batallones con mayor experiencia operativa, dice un oficial que estuvo destacado hasta hace unos meses en la 35 zona militar, con cuartel en Chilpancingo, donde está el mando superior de ésta y otras unidades destacas en el norte y la Tierra Caliente de Guerrero. Ha tenido comandantes cuya formación es de fuerzas especiales, como el antecesor de Rodríguez Pérez, el coronel Juan Antonio Aranda Flores. Por sus antecedentes en Guerrero, el 27 de infantería refleja la idea de uno de los preceptos del Manual de Operaciones en Campaña, conocido como MOC por sus siglas, añade este militar que pidió no ser citado por su nombre ni rango.
“Las unidades de infantería también reciben designaciones varias cuando han sido equipadas y adiestradas para cumplir misiones especiales, recibiendo denominación ya sea por el equipo especial que tienen, o por la forma de llevar a cabo sus misiones o su desplazamiento”, dice mientras lee el apartado 538 del capítulo dos de la cuarta parte del MOC, referente a las Armas y sus Tácticas.
De sus misiones y desplazamientos en los últimos años poco a poco se han conocido la ruta del 27 de infantería. La visita del coronel Rodríguez Pérez al rotativo local, se dio días después de que se publicaran testimonios y evidencias de la participación de la policía federal y efectivos del ejército la noche en que desaparecieron los 43 jóvenes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La revista Proceso dio a conocer documentos de la indagatoria que inició la procuraduría local, más algunas de las diligencias que realizó la PGR, así como entrevistas a familiares y sobrevivientes del ataque, donde señalan a soldados del 27 de infantería, como el capitán Crespo, de haber hecho acto de presencia la noche en que fueron balaceados y golpeados los estudiantes.
También el mismo semanario dio a conocer parte de la indagatoria que realiza la PGR donde se recogen las declaraciones de militares que tuvieron puestos de mando en la policía municipal de Cocula, el municipio contiguo a Iguala, en cuyo basurero se dice que fueron llevados los estudiantes por sus captores para incinerarlos. Las declaraciones del mayor Salvador Bravo Bárcenas, ex secretario de seguridad municipal, junto a las de los ex policías y militares en retiro Honorio Antúnez Osorio, Ignacio Hidalgo Segura, Wilber Barrios Ureña, coincidían en señalar que los mandos del 27 de infantería siempre habían tenido la información sobre los militares involucrados con el narcotráfico en Iguala y otros municipios del norte y la Tierra Caliente de Guerrero.
Tras estas imputaciones las presiones sobre el batallón 27 de infantería crecieron. El año cerró con una protesta en diciembre pasado a las afueras del cuartel en Iguala, donde los familiares de los jóvenes desaparecidos exigieron que se abrieran las instalaciones castrenses en Guerrero al escrutinio público pues sospechan que los estudiantes estuvieron retenidos en alguna base militar.
Señales en el Puerto
En menos de 24 horas dos profesores fueron asesinados en Acapulco, en sucesos por separado, lo que alertó a las fuerzas federales desplegadas en el puerto debido a que desde noviembre pasado un centenar de planteles escolares se mantienen en paro en protesta por la ola de inseguridad que se ha cobrado varias víctimas entre profesores y alumnos.
El primer suceso fue reportado el sábado 10 de enero cuando en la parte trasera de una plaza comercial en Ciudad Renacimiento, la policía reportó el hallazgo del cadáver del profesor Marcos López Sánchez, quien recibió al menos tres impactos de bala calibre .25 milímetros. Profesor de secundaría, la víctima estaba comisionado en las instalaciones de la Delegación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, en paro y cerrada desde el 10 de octubre pasado para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. De acuerdo a versiones de la prensa local, a un costado del cuerpo la policía encontró una cartulina blanca con un mensaje manuscrito que decía: “Por pasadito de verga, jajaja”.
Otro profesor de primaria también fue asesinado la noche del viernes 9 aparentemente por resistirse a un asalto en la zona centro del puerto. En los primeros 11 días del año, de acuerdo a diversos reportes de la secretaría de seguridad pública local y de medios de comunicación locales, en la entidad se registraron al menos 25 asesinatos, la mayoría de ellos en el puerto de Acapulco.
Una de las posibles causas del incremento de la violencia al arrancar el 2015, tras conocerse que Guerrero es el estado de la república donde creció de manera exponencial el número de asesinatos en 2014, se podría originar por la detención el pasado 19 de diciembre de Irving Gutiérrez Sandoval, considerado el operador financiero de Víctor Aguirre, uno de los jefes del denominado Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). Según reportes policiacos, desde ese día la violencia tuvo un repunte, a diario se han registrado tiroteos y asesinatos a plena luz del día, focalizadas en las áreas más populares del municipio donde la tasa de secuestros, muertes violentas y extorsiones se ha disparado.
El despliegue de la Gendarmería y la Policía Federal ha sido en la zona turística, mientras las zonas habitacionales con mayor densidad poblacional como los sectores populares, la presencia policiaca es mínima y en algunos casos inexistente.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor