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Ciudad de México/ 04 enero.- El año que terminó fue de grandes avances, de pasos definitivos para ir consolidando la remilitarización de México, ahora bajo le férula de la Cuarta Transformación, patrocinadora de cambios que no lo son.
Colocar a militares y marinos en puestos y labores de civiles no es un cambio, no es una evolución ni implica, en sentido estricto, la modernización de las fuerzas armadas mexicanas ante escenarios políticos y sociales que las rebasan y pueden vulnerarlas más en el mediano plazo.
Significa, en toda la amplitud de la palabra, remilitarizar al país cerrando un ciclo en el que las fuerzas armadas ha transitado con éxito todo el espectro partidista conocido en el país: los más de 70 años del PRI, los 12 del PAN en Los Pinos y los 2 de la izquierda de MORENA en Palacio Nacional.
Este abanico de ideologías, de altibajos y desencuentros con el poder político ha sido transitado por militares y marinos con singular éxito, llegando finalmente al momento de su reubicación, de su expansión y toma de control en un país desgastado por sus propias dinámicas políticas, por sus contradicciones, abusos y transiciones no resueltas.
En medio de estas últimas aparecen las fuerzas armadas, a las que la clase política convenientemente ignoró e hizo a un lado luego de haber solucionado la pacificación del país, la obediencia de la casta militar –hambrienta de un poder que ya había probado–, así como su uso para someter violentamente a cualquier topo de oposición.
En las sombras, cohesionadas e intocadas por las transiciones políticas inacabadas, maquilladas, las fuerzas armadas mantuvieron el control subterráneo de todo cuanto es visible y no tanto en las agendas más delicadas del país, hasta que llegó el momento en el que necesitarlas para evitar la debacle total fue imperativo e inevitable.
Esta etapa final se fue gestando operativamente en el sexenio de Felipe Calderón y su guerra al narco, con la urgencia de sacar las tropas a las calles para legitimar al mandatario cuestionado, pero sobre todo para recobrar el control de la seguridad a partir de un esquema de choque y contención que comenzó en los municipios y continuó a nivel estatal con Enrique Peña Nieto.
La siguiente etapa se está dando con Andrés Manuel López Obrador y el escalamiento de la presencia militar en todo tipo de actividades más allá del ámbito castrense, en una dinámica en la que si antes era válido preguntarse qué estaba intentando hacer el mandatario con estos nuevos usos de la tropa, ahora la pregunta es si el comandante supremo actúa con una estrategia definida o si lo hace ya bajo presión y con una línea de acción que no es la suya.
El control de recintos portuarios, de aduanas y de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) es sin duda uno de los pasos estratégicos de largo aliento y de resultados inmediatos para la Marina-Armada de México (SEMAR) que más interesa al actual gobierno. En ello ha empeñado sus esfuerzos el almirante Rafael Ojeda Durán por órdenes de su comandante supremo, pero sobre todo como parte de una estrategia militarista gestada de manera precisa en el inicio del mandato calderonista.
En los últimos días del 2020, la Marina publicó el correspondiente acuerdo en el Diario Oficial para detallar lo que serán sus funciones a partir de junio del 2021. La Comunidad Portuaria desglosó el entramado de lo que serán las nuevas funciones y la expansión del ámbito naval dentro de la pinza envolvente en la que militares y marinos se constituyen de nuevo como una fuerza política que nunca se fue.
A partir del 6 de junio del próximo año, la SEMAR asumirá las siguientes funciones:
• Ejercer la Autoridad Marítima Nacional, no sólo en las zonas marinas mexicanas, sino también en las costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como en las aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia, tales como la presa de Valle de Bravo y el lago de Tequesquitengo.
• Actuar como ventanilla única para la atención de todos los trámites y servicios marítimos portuarios.
• Fungir como Autoridad Portuaria para los efectos de la Ley de Puertos y su Reglamento, así como Autoridad Designada del Código Internacional de Protección para la Protección de las Embarcaciones y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), para lo cual continuará apoyándose de los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (CUMARES).
• Administrar los puertos centralizados y coordinar las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), las cuales permanecerán bajo el régimen actual de títulos de concesión, sujetándose a la organización y funcionamiento previstos en dichos títulos.
• Coordinar la implementación de las acciones necesarias con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, para el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales en materia marítima, en el ámbito de su competencia.
• Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua y las tarifas para el cobro de los mismos; así como expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia marítima y portuaria, verificando y certificando su cumplimiento.
• Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua y de la Marina Mercante, así como del sistema portuario nacional; por lo que estará encargada de coordinar con las demás instancias gubernamentales la elaboración de la Política Marítima Nacional de nuestro país.
• Dirigir, además de la educación naval, la educación náutica mercante, la cual conservará su carácter civil, ya que la reforma no considera en ninguna de sus disposiciones la fusión de ambas, por lo que a ninguna de las tres Escuelas Náuticas les aplicará un régimen castrense, a diferencia de la Escuela Naval Militar.
• Regular, promover y organizar a la Marina Mercante, encargarse de su formación y capacitación y otorgar los certificados de competencia respectivos.
• Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales.
• Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país y, en su caso, autorizarlas cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas.
• Regular el Control de Tráfico Marítimo en todas las zonas marinas mexicanas.
• Representar al país en las negociaciones de los Tratados Internacionales en materia marítima, implantarlos e interpretarlos en la esfera administrativa.
• Llevar el Registro Público Marítimo Nacional, donde se inscriben los actos jurídicos de las embarcaciones mayores de bandera nacional.
• Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente; dicho servicio continuará prestándose por personal de la Marina Mercante y no por personal naval.
• Imponer sanciones administrativas derivadas de las infracciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos.
Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
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