México, 13 de mayo.- Las autoridades estadounidenses actualizaron su lista de sanciones para cerrar el cerco sobre empresas que intentaban evadir los bloqueos impuestos originalmente en febrero de este 2026, en esta nueva lista, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha intensificado sus acciones contra la red de negocios turísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este nuevo golpe financiero se ha centrado en el foco principal que ha sido el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en la zona de Bahía de Banderas, en Nayarit. El reciente reajuste en la información del Departamento del Tesoro dio a conocer que este complejo intentó seguir operando bajo nuevos nombres comerciales para eludir las sanciones, estos son:
- Navira Villas & Residences
- Marina Oasis Beachfront Resort
Ambas marcas o alias fueron detectadas durante este mes operando en la zona de La Cruz de Huanacaxtle, que se ubica en la Riviera Nayarit, a orillas del océano Pacífico, aproximadamente a 25 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco, y son señaladas como fachadas para el lavado de dinero y la ejecución de fraudes inmobiliarios.
El CJNG ha diversificado sus ingresos mediante una red sofisticada que no solo se dedica al narcotráfico, sino que también estafa a ciudadanos y estos son principalmente estadounidenses de la tercera edad. El modus operandi es el fraude de tiempos compartidos.
La estafa empieza a través de los centros de llamadas, mejor conocidos como call centers, operan desde Puerto Vallarta y Guadalajara, contactando a dueños de tiempos compartidos con ofertas falsas de compra o renta.
Además, las falsas comisiones, es decir, solicitan pagos adelantados por supuestos impuestos o trámites legales que nunca ocurren. Esto ha provocado cifras alarmantes, ya que se estima que entre 2019 y 2023, estas redes estafaron a cerca de 6 mil personas, con pérdidas que superan los 300 millones de dólares.
Los operadores clave que están bajo la lupa de estas empresas que ha detectado la OFAC son: Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de la red corporativa de Kovay Gardens; Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, quien está vinculado a la logística financiera; así como José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”, el cual funge como operador relevante dentro de la estructura criminal.
El impacto de las sanciones es que con estas medidas, cualquier activo que estas empresas tengan en los Estados Unidos queda prácticamente congelado. Además, se prohíbe claramente a ciudadanos y empresas estadounidenses, incluyendo plataformas de reserva de viajes o cruceros, realizar transacciones con ellas.
Estas sanciones ocurren cuando el CJNG ha sido catalogado oficialmente por la Unión Americana como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), lo que otorga a las agencias como el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) herramientas legales más severas para perseguir sus activos financieros fuera de México.
Holdings Criminales
Lo que estamos viendo hoy en día es una transición de cárteles de la droga a “holdings criminales” o dicho de otra forma empresas multinacionales del delito. La diversificación de sus ganancias no es solo por ambición, sino por resiliencia, lo que quiere decir que si una ruta de fentanilo cae, el negocio de la extorsión al aguacate se ve frenada, pues buscan otras opciones para mantener su flujo de activos.
Ya no son únicamente acciones con sicarios y armas largas, ahora contratan o coaccionan a profesionales especializados como contadores y abogados para crear redes de empresas fantasma con fachadas legales impecables, tales como los mencionados complejos turísticos en Nayarit. Estas operaciones requieren de ingenieros y especialistas en Tecnologías de la Información, que operan los call centers de fraudes de tiempos compartidos y desarrollan sistemas de comunicación encriptada propios.
También se da la extorsión a la cadena de suministro, donde el crimen organizado ya no solo cobra a la tiendita de la esquina; ahora administra mercados enteros como el control de precios. Un ejemplo claro es en zonas de Michoacán y el Estado de México, donde los criminales deciden a qué precio se vende el pollo, la tortilla o el aguacate, quedándose con un porcentaje de cada kilo vendido. A eso sumarle el monopolio de insumos, en el que obligan a los comerciantes a comprarles exclusivamente a proveedores controlados por los delincuentes productos como refrescos, cerveza o materiales de construcción.
Se estima que en algunas regiones del país, los ingresos por actividades no relacionadas con el narcotráfico, como la extorsión, robo de combustible y fraudes ya representan hasta el 40 o 50 por ciento de los ingresos totales de ciertos grupos delictivos.
Rodrigo Alarcón / @tiburon_alarcon / EstadoMayor.mx