Mèxico, 10 de mayo.– En los últimos días el cúmulo de información que se ha conocido sobre la red de presunta protección a la facción de los Chapitos que según el Departamento de Justicia estadounidense encabezó el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, ha abordado desde los beneficios financieros operados por el ex titular de Administración y Finanzas de su gobierno Enrique Díaz Vega, a la red de operación política y de cuotas de poder administrados por el senador Enrique Inzunza Cazares, cuya esposa de acuerdo a diversas fuentes tendría lazos familiares con los cabecillas de un grupo armado afín a los hijos del Chapo. Poco se ha dicho sobre las sospechas que generó Rocha Moya en el gabinete de Seguridad desde que comenzó el sexenio luego de que comenzará la guerra al interior del Cártel de Sinaloa, cuyo origen no se explica sin el papel que tuvo el político morenista.
El pasado lunes 4 de mayo en la sede de la comandancia de la novena zona militar en Culiacán, el general Ricardo Trevilla Trejo secretario de la Defensa Nacional, dejó un mensaje que pareció iba más allá de la coyuntura actual donde la figura de políticos del partido en el poder está en entredicho y en algunos casos ha quedado desacreditada. El divisionario aseguró que las fuerzas armadas no dejarán las tareas de seguridad pública y de ser necesario llegará más personal, más equipos de inteligencia, más aeronaves y más plataformas aéreas al estado. “El pueblo de Sinaloa debe tener la certeza de que cuentan con sus fuerzas armadas”, declaró.
Trevilla encabezó en la capital sinaloense junto con el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de Marina, Omar García Harfuch secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el comandante de la Guardia Nacional el general Guillermo Briseño Lobera, la primera reunión del gabinete de seguridad con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla.
El evento ocurrió 72 horas después de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia al congreso del estado para ausentarse de la gubernatura en medio de las presiones estadounidenses para que el gobierno mexicano lo detenga con fines de extradición, junto con nueve ex funcionarios de su administración a quienes la fiscalía de Nueva York acusó el miércoles 29 de abril de narcotráfico y colusión con la facción de los
Chapitos en el Cartel de Sinaloa
El general secretario recordó que esa visita era la reunión número 14 que el gabinete de seguridad celebraba en Sinaloa desde el inicio del gobierno de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, y la primera con Rocha Moya fuera del poder.
Al gobernador se le empezó a perder confianza desde que los servicios de inteligencia militar reportaron cómo varios funcionarios de su gobierno tenían ligas con integrantes de la delincuencia organizada, de acuerdo con dos fuentes militares de alto nivel que por separado accedieron a hablar a condición de no ser citados con nombre y rango. Los funcionarios que aparecían en los primeros informes eran Enrique Díaz Vega, secretario de administración y finanzas, y el entonces secretario general de gobierno y hoy senador de la república Enrique Inzunza Cázarez, ambas piezas fundamentales en la estructura de operación financiera y política para el Cártel de Sinaloa facción de los Chapitos, de acuerdo con la acusación en su contra del Departamento de Justicia estadounidense dada a conocer el miércoles 29 de abril.
Un personaje del que se tenía información de tratos con líderes del narcotráfico y sospechas de tolerar el movimiento de droga, armas y gente armada, era el general de brigada Gerardo Mérida Sánchez, quien tomó el control de la secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 4 de septiembre de 2023. Al quedar al frente de la Policía Estatal Preventiva, del sistema penitenciario y de la coordinación de seguridad pública estatal, el militar toleró todo tipo de corruptelas que permitieron a la delincuencia organizada operar sin contratiempos, dice la segunda fuente militar consultada. Era notorio que se mantenía bajo control del crimen los penales como la cárcel de Aguaruto, considerada la reserva del Cártel de Sinaloa por su ubicación estratégica en la capital sinaloense.
Con una trayectoria sin mayores méritos más allá de cumplir en tiempo y forma sus años de servicio y presentarse a la promociones, que lo llevaron a ocupar puestos burocráticos como oficial de Estado Mayor y estar al frente de zonas militares como la 25 en Puebla y encomiendas como la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia, lo que más llamó la atención del general Mérida en su estadía de un año y tres meses en Sinaloa era su aparente desconocimiento del lugar donde se encontraba, los procedimientos de operación policial y la forma en cómo las policías locales estaban infiltradas por la delincuencia sin que rompiera esos vínculos o estableciera una estrategia de contrainteligencia para detectar las redes internas y desarticularlas. En pocas palabras, sacudirse la corrupción y las ligas de la policía y custodios penitenciarios con el narco.
Pero nada de eso pasó. Cuando fue relevado del cargo a finales del 2024 habían transcurrido tres meses del inicio de la guerra al interior del Cártel entre las facciones de los Chapitos y la Mayiza. Tan pronto el general Luis Crescencio Sandoval González dejó la titularidad de la Defensa Nacional, el general Mérida fue separado del cargo tres semanas después en medio de la mayor ola de violencia que sacudía a Culiacán y el estado, resultado de la confrontación desatada a raíz del secuestro de Ismael “el Mayo” Zambada en julio de aquel año a manos de Joaquín Guzmán López, su ahijado, quien mediante engaños operó para que fuera sacado vía aérea de Sinaloa y entregarlo a las autoridades estadounidenses en Nuevo México.
Cuando en diciembre del 2024 el general Oscar Rentería Schazarino sustituyó al general Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública se comenzó a compartimentar la información que se le daba al gobernador Rubén Rocha Moya, de acuerdo con las fuentes militares consultadas. Esto en virtud de la información que las agencias de inteligencia que operan bajo la coordinación del Comando Norte habían recopilado sobre él y sus más cercanos operadores, añade esta fuente.
El general Schazarino llegó a Sinaloa proveniente de la comandancia de la 43 zona militar en Apatzingán, Michoacán, un área de alta incidencia delictiva y disputas territoriales entre grupos de la delincuencia organizada, y traía como experiencias previas haber estado en la sección tercera –operaciones militares—del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y después como subjefe operativo en la misma área.
Schazarino echó a andar una serie de cambios al interior de la dependencia y reorganizó la forma de operar de los elementos de la Estatal Preventiva. Por entonces la Defensa Nacional firmó un convenio con el gobierno del estado de Sinaloa en enero del 2025 para que 123 elementos de fuerzas especiales se incorporaran como una fuerza de reacción en apoyo a la secretaría de Seguridad Pública del estado con trabajos de vigilancia, explotación de información de inteligencia y operaciones con otras dependencias.
Toda la información que se generó de carácter táctico y de operaciones de inteligencia quedó reservada solo para los mandos militares que se incorporaron junto con el general Schazarino en la dependencia y en la policía municipal de la capital sinaloense. A Rocha se le informaba lo básico, dice esta fuente militar. Poco se compartía con el gobernador después de que en una reunión con altos mandos militares tuvo una actitud de “complacencia” con los líderes de la facción de los Chapitos cuando se preparaba un operativo para dar con el paradero del líder de la facción, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El columnista Carlos Loret de Mola aludió a esta reunión en su columna del miércoles 7 de mayo donde aseguró que Rocha Moya pidió no detener al primogénito del Chapo ante las implicaciones que tendría para la seguridad del estado. Esta actitud llamó la atención de los militares y confirmó las sospechas de estar coludido con este grupo criminal. Presunciones que se fueron fortaleciendo al paso del tiempo por la información de inteligencia recopilada por agencias como el FBI y la DEA.
OPERACIONES
De octubre del 2024 y hasta principios de mayo la Defensa Nacional había desplegado en los 19 municipios del estado de Sinaloa 13 mil 300 soldados en diversas unidades operativas, de los cuales dos mil 732 eran de fuerzas especiales, mismos que han llegado de manera escalonada, por compañías y en algunos casos batallones completos, los cuales cada cierto periodo son relevados. Las operaciones han hecho uso de dos mil 17 vehículos y 48 aeronaves, informó el general Trevilla.
Sus misiones han sido de reconocimiento, detecciones de grupos civiles armados, aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, erradicación de cultivos ilícitos, apoyo a la fiscalía del estado, y refuerzo de la secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En las misiones de reconocimiento han participado ocho mil 480 elementos de unidades operativas, mil 200 de fuerzas especiales, mil 228 vehículos y 8 aeronaves, los cuales han decomisado 26 toneladas de droga, han puesto a disposición de las autoridades penales civiles a mil 406 detenidos, principalmente en los municipios de Badiraguato, Culiacán, Mocorito y Escuinapa.
Trevilla explicó que Sinaloa fue dividido en seis sectores de norte a sur, mientras que Culiacán se subdividió en seis áreas. Los resultados han sido el aseguramiento de 14 delincuentes de la lista de objetivos prioritarios considerados generadores de violencia, cuatro mil 284 armas aseguradas, mil 224 destruidas, 32 mil 66 cartuchos destruidos, 83 granadas destruidas, así como dos mil 107 laboratorios y áreas de concentración asegurados. El importe de las afectaciones económicas al crimen organizado ha sido que dejaron de vender 119 mil 699 millones de pesos.
Los soldados desplegados han estado equipados con ametralladoras y lanzacohetes de 40 mm, se han usado seis vehículos de nueva generación Ocelotl, lo que ha redituado en la detención de 644 personas presumiblemente miembros de la delincuencia organizada, a los que se les han decomisado mil 271 armas, 817 artefactos explosivos improvisados, además de que se han incautado cinco toneladas 919 kilos de drogas diversas.
Trevilla dijo que ha habido una disminución de homicidios dolosos de octubre de 2024 a abril del 2026 de 44 por ciento en el estado, mientras que en Culiacán en el mismo lapso se pasó de 4.4 casos promedio diario a 2.7, aunque la percepción de inseguridad en la capital sinaloense paso de 88.1 a 84.4.
Por su parte el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles secretario de Marina dijo que la dependencia ha desplegado mil 628 elementos con 169 vehículos distribuidos estratégicamente, los objetivos son limitar la movilidad de la delincuencia organizada, mejorar tiempo de respuesta, y una mayor coordinación interinstitucional.
La Marina Armada de México en apoyo a la seguridad pública ha echado a andar los componentes de infantería de marina agrupados bajo la denominación de “Sable”, en modo operación irregular de presencia y apoyo a la autoridad para disminuir los índices de violencia.
“Chipahua, es una operación especial que realizan las unidades de fuerzas especiales para la captura de blancos prioritarios generadores de violencia.
Fuerza de Tarea Alacrán, es una operación especializada en localización y destrucción de laboratorios clandestinos y plantíos de enervantes. Tenemos el
modelo Operacional Baluarte, se desarrolla en la parte urbana con presencia permanente y generar inteligencia con vigilancia mediante drones”, explicó el almirante Morales. Durante este lapso la armada ha capturado mil 18 personas pertenecientes a diversas células delictivas, se han asegurado mil 85 armas de fuego y se han incautado 60 laboratorios de drogas sintéticas.
En los próximos días llegarán nuevos contingentes para relevar a las tropas que vienen de otros estados y a las unidades de fuerzas especiales que les toca volver a sus bases.
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Juan Veledìaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx