México, 17 diciembre.- Tras la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, ocurrida a principios de diciembre de 2025, este hecho estaría enmarcado como un acto terrorista de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 139 del Código Penal Federal (CPF) que indica que “se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 hasta mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”. Las sanciones económicas, van de alrededor de 45 mil 200 pesos hasta los 135 mil 600 pesos.
Se ha generado polémica sobre si se trató, o mejor dicho, si está catalogado como un acto terrorista. Primero debe analizarse que el suceso se enmarca en una pugna directa entre liderazgos delictivos locales, específicamente entre un grupo afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Cárteles Unidos.
El artículo 139 es fundamental en el marco jurídico nacional para sancionar actos que pretenden desestabilizar la paz pública o presionar a las autoridades mediante la violencia. Además, también busca castigar a quien realice actos contra bienes, servicios, o contra la integridad física y emocional de las personas.
Estos actos de “terror” pueden darse utilizando:
- Sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, materiales radiactivos o nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones.
- Explosivos o armas de fuego.
- Incendio, inundación o cualquier otro medio violento.
El Artículo 139 señala que las sanciones a que se refiere el primer párrafo se aumentaran en una mitad, es decir, hasta 60 años de prisión, cuando además:
- El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso púbico.
- Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional.
- Se detenga en calidad de rehén a una persona.
“A quien utilice aeronaves piloteadas a distancia para cometer las conductas previstas en la fracción I del párrafo primero, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida“, se lee en otro apartado.
Especialistas consultados por EstadoMayor.mx indican que dentro del Capítulo VI Terrorismo, del CPF hay otros artículos complementarios tales como:
- 139 Bis: sanciona con 1 a 9 años de prisión a quien encubra a un terrorista sabiendo de sus actividades.
- 139 Ter: castiga con 5 a 15 años de prisión a quien amenace con cometer actos de terrorismo.
- 139 Quáter: establece penas severas para quien recaude o provea fondos para financiar actividades terroristas.
Actos terroristas en México
El 8 de enero de 1994, estalló un coche bomba en el estacionamiento de la concurrida Plaza Universidad, situada en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la entonces delegación Benito Juárez. Los reportes de las autoridades indicaron que en este acto extremista no hubo heridos ni muertos, solo se reportaron daños materiales. En un inicio se hacía alusión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL), sin embargo es reivindicado por el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP).
Siete años después, el 8 de agosto de 2001, tres artefactos de fabricación casera detonaron frente a sucursales de Banamex en Palmas; Calzada de Tlalpan, colonia Tránsito; y otra más en la colonia Bondojito, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, (FARP), se adjudicaron el ataque. Sin embargo, la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), se mantuvo activa durante la noche-madrugada por las decenas de llamadas donde indicaban objetos sospechosos, pero finalmente, solo estos tres estallaron; no hubo heridos.
Tiempo después, el 6 noviembre de 2006, detonan explosivos en la sede del PRI, en la colonia Buenavista; a las afueras de una sucursal Scotiabank, en la delegación Tlalpan; y cerca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sur de la ciudad. La SSPDF reportó la existencia de otro explosivo, el cual fue desactivado.
Otro acto que estremeció al DF, fue el reportado el 15 febrero de 2008, a las 14:30 horas frente al número 346 de la avenida Chapultepec, justo a dos cuadras de la sede de la Policía capitalina, donde una explosión provocada por una bomba que era llevada por una persona en un portafolio dejó un muerto y dos heridos. Las investigaciones arrojaron que el atentado era dirigido al Julio César Sánchez Amaya, conocido como “El Jefe Pegaso”, quien era el Director de la Policía Sectorial de la SSPDF.
Aunado a estos eventos, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), se adjudicó las explosiones del 5 julio de 2007, en las instalaciones de Pemex ubicadas en los municipios de Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, en Guanajuato. Cinco días después, ocurrió otra explosión en los ductos de Pemex en Querétaro.
Rodrigo Alarcón / @tiburon_alarcon / EstadoMayor.mx