México, 8 de septiembre.- Un torpedo de “huachicol fiscal” impactó al eje de flotación del grupo de poder que rodeó al almirante Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la captura de uno de sus sobrinos consentidos, el que gozó de ascensos sin méritos, y la huida de otro, ambos acusados de delincuencia organizada en una red criminal que operó en la administración de aduanas marítimas en puertos del Golfo y Pacífico mexicano. Manuel Roberto Farías Laguna, con rango de vicealmirante, y su hermano Fernando con rango de contralmirante, estaban señalados de tráfico de influencias, corrupción y nepotismo desde el sexenio pasado cuando se dijo, manejaban a su antojo los ascensos, promociones, agregadurías y comisiones en la dependencia.
El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ex director general de Recaudación de Aduanas, dejó una carta fechada el 14 de junio del 2024 dirigida al Almirante Rafael Ojeda Durán, entonces secretario de Marina, donde hace una relatoría de probables actos de corrupción de oficiales de la Armada comisionadas en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y en la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA). El documento fue hallado en la oficina de la 22 zona naval en Puerto Madero, Chiapas, última adscripción en su servicio activo. Meses después a principios de octubre pasado fue citado a las oficinas del nuevo titular de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, lo tratado en aquel encuentro se desconoce hasta ahora pero semanas más tarde el 8 de noviembre, el Contralmirante Guerrero Alcantar fue asesinado a tiros por dos individuos que iban en motocicleta en una avenida de Manzanillo, Colima, donde tenía poco tiempo de estar adscrito.
En su carta Guerrero acusa a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna de animadversión en su contra debido a la serie de irregularidades que había detectado y que involucraban al Capitán de Corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz y al Capitán de Navío Climaco Aldape Utrera, ambos presuntos intermediarios de los hermanos para incidir en los nombramientos de la Armada en la designación de los marinos en las Aduanas y en los trámites de las mercancías.
El documento forma parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) dada a conocer el pasado domingo 7 de septiembre por el diario Reforma por la que fue detenido el día 2 el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada vinculado al huachicol fiscal. La dependencia, según la nota del periódico, infirió que los autores materiales del asesinato del contralmirante Guerrero Alcantar “pudieran ser” elementos de la Secretaría de Marina o “allegados a ellos”.
“Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, infiriéndose una relación directa de su homicidio con la reunión del 10 de octubre de 2024 a las 13:00 horas en las Oficinas del C. Almirante Secretario, posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas que refiere su manuscrito involucradas en una red de corrupción en las Aduanas.
“Se infiere que destacó que en todo momento Fernando Rubén Guerrero Alcántar informó con exactitud donde sería su estancia, llamando la atención que los únicos que lo sabían era personal de la Secretaría de Marina”. La nota añadía que por el homicidio del contralmirante Guerrero Alcántar, los hermanos Farías Laguna hasta el momento no han sido acusados penalmente.
LA SACUDIDA
Al mediodía del domingo 7 de septiembre Alejandro Gertz Manero Fiscal General de la República, recordó que hace un par de años el entonces Secretario de Marina lo buscó para darle a conocer una serie de irregularidades en las áreas de aduanas fiscales a cargo de oficiales de la Armada que podrían ser constitutivas de varios delitos. El funcionario reconoció que el Almirante Rafael Ojeda Durán no hizo distinción de familiares o conocidos cuando le solicitó investigara a todos los probables involucrados entre los que se sabía desde entonces estaban dos de sus sobrinos políticos. “No hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie”, dijo Gertz en la conferencia de prensa donde junto al Almirante Raymundo Pedro Morales Secretario de Marina, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentaron algunos detalles de la operación que llevó a la detención de 13 personas encabezadas por el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto a cuatro oficiales más de la Armada uno de ellos en situación de retiro, cinco ex funcionarios de aduanas y tres empresarios.
El nombre del ex Secretario de Marina salió a relucir en voz de García Harfuch quien inició su intervención reconociendo el trabajo “coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina”. Destacó la importancia de la labor que desempeñó el Almirante Rafael Ojeda durante su gestión y resaltó su “extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución”. “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, afirmó.
En su turno el Almirante Secretario, visiblemente nervioso en el inicio de su intervención, señaló que los golpes, “estos golpes de timón, son necesarios”, para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano. Resaltó que la Marina fortalece su controles internos y procedimientos disciplinarios para prevenir y evitar malas prácticas. “La investigación arrojará a los responsables, defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad y ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción”.
Pese a que ya se cumplieron las primeras órdenes de aprehensión, dijo en su turno García Harfuch, la investigación está en proceso.
SOBRINO PRÓFUGO
La FGR busca cumplir una orden de aprehensión girada por la juez de control del Centro de Justicia Penal de Almoloya contra el Contralmirante Fernando Farias Laguna, y el Capitán de Corbeta Miguel Solano Ruiz, acusados de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Los oficiales detenidos por separado e involucrados en la misma causa penal por que el Vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna, ex comandante de la 12 zona naval en Puerto Vallarta Jalisco, fue capturado, son los Capitanes de Navío Climaco Aldape Utrera y Humberto Enrique López Arellano, el primero adscrito a la décima región naval en Salina Cruz, Oaxaca y el segundo ex director de Supervisión de Aduanas Marítimas. Otros de los capturados fueron los Capitanes de Fragata Sergio Varela Morales, ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, ex subdirector de Operación en la misma aduana y Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, quien estuvo como segundo al mando en la administración de la Aduana de Altamira.
En noviembre del 2022 Carlos Loret de Mola, en su columna periodística, aludió a la influencia que tenían al interior de la Secretaría de Marina los sobrinos políticos del Almirante Ojeda Durán. Como secretario particular del Almirante José Luis Arellano Ruíz, quien se desempeñó como Subsecretario de Marina, el entonces Contralmirante Manuel Roberto Farías Laguna, incidía en las promociones, ascensos y aprovechaba su influencia para colocar a sus allegados en agregadurías militares y en puestos en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Su hermano Fernando Farias Laguna ascendió a Contralmirante en 2022, tuvo dos ascensos en cuatro años, lo que contraviene los principios de antigüedad y tiempo de servicio en el rango algo que en la milicia es visto como violatorio de la disciplina. Junto con Manuel, quien ascendió a Vicealmirante en 2023, rango equivalente a General de Brigada, tenían operadores de su confianza en áreas de adquisiciones, obras, dragado, construcciones y abastecimiento, administración portuaria, fomento portuario y en el corredor del Istmo de Tehuantepec, donde estuvo al frente el actual Secretario de Marina.
Ambos están acusados de delincuencia organizada derivada del caso del barco Challenge Procyan, que detonó mediáticamente el escándalo del “huachicol fiscal” ocurrido en marzo pasado, cuando el buque que venía de Texas atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, cuya aduana estuvo a cargo de un operador de los hermanos Farias Laguna. En su declaración de lo que transportaban como carga se dijo que eran aditivos para aceites lubricantes, pero cuando las bodegas fueron inspeccionadas por irregularidades en la información fiscal, se descubrió que en realidad traían diésel.
El hallazgo llevó a las autoridades a realizar un cateo en un predio cercano al puerto de Altamira, donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. En junio se anunció la primera detención por este caso de 11 personas en Saltillo, Coahuila, donde hubo dos aseguramientos relevantes, el primero de dos millones de litros de diésel en carrotanques de tren y otro más en julio de 15 millones de litros de hidrocarburo, el aseguramiento más cuantioso de combustible en lo que va del sexenio.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx