México, 29 de julio.- Tras la “Operación Enjambre” que golpeó en noviembre pasado parte de la red política y policiaca a nivel municipal del crimen organizado en algunos municipios el Estado de México, llegó la “Operación Liberación” en 14 municipios del sur mexiquense que fueron sacudidos por un operativo federal y estatal que dejó ocho detenidos vinculados a la organización criminal La Familia Michoacana (LFM), entre ellos una regidora del ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. Lo que llamó la atención es que la banda criminal mantiene intactas sus redes de protección política en la zona, y los líderes permanecen sin ser molestados en su “santuario” en el estado de Guerrero.
Una conversación interceptada en mayo del 2018 a la entonces presidenta municipal de Texcaltitlán, Estado de México, confirmó el modus operandi del “cobro de piso” en al menos a 10 municipios de la región de la Tierra Caliente mexiquense por parte de la organización criminal autodenominada La Familia Michoacana (LFM). Zoila Huerta Loza, entonces al frente del ayuntamiento de este municipio que sería noticia internacional en diciembre del 2023 cuando pobladores lincharon a 14 criminales ante el hartazgo por las extorsiones, decía que había entregado un millón 418 mil pesos a uno de los operadores de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de LFM, como “cuota mensual” que obtiene la organización criminal de los ayuntamientos.
Huerta Loza terminó su gestión en 2018 sin que fuera llamada a cuentas por alguna autoridad judicial, mientras el modus operandi siguió y se expandió a otros municipios donde creció el número de comunidades bajo el yugo criminal.
Documentos de inteligencia militar de la 22 zona con cuartel en Santa María Rayón, Estado de México, registraron desde hace más de un lustro cómo se dio el crecimiento de las redes políticas y financieras de LFM sin que las autoridades federales intervinieran más que en contadas ocasiones con operativos esporádicos en apoyo a solicitudes de autoridades locales.
Un reporte daba cuenta de cómo uno de los hermanos Hurtado Olascoaga era vigilado por inteligencia militar mientras daba instrucciones a sus subordinados para la adquisición de armas y equipo táctico con “proveedores” en Guanajuato para hacer frente en los primeros años del sexenio de López Obrador a los grupos que le disputaban el control de municipios en el norte del Estado de Guerrero y en la zona de Tierra Caliente de esta entidad. Sus enemigos de entonces eran la autodenominada Policía Comunitaria Tecampanera, que operaba en el municipio de Teloloapan, vinculada con células de la banda criminal “los Tequileros”, cuyos resabios tras el golpeo gubernamental se habían aliado con la organización “Guerreros Unidos”. Salvo La Familia Michoacana, los tres grupos criminales restantes fueron desarticulados por el gobierno estatal y federal en la coyuntura del proceso electoral del 2018.
En el verano de aquel año, días después de las elecciones donde Andrés Manuel López Obrador se alzó con el triunfo en la presidencia de la república, la inteligencia militar seguía de cerca los movimientos de David Durán Álvarez, alias “Chuck Norris”, identificado en ese entonces como “jefe de plaza en Amatepec y Tlatlaya”, Estado de México, quien iba al frente de un grupo de pistoleros que se movieron con total libertad por carreteras que comunican a estos municipios con Arcelia, Guerrero, en cuyos límites de ambas entidades se reunirían con uno de los hermanos Hurtado Olascoaga. “Colaboradores cercanos a El Pez (alias con que se identifica al jefe de LFM Johnny Hurtado Olascoaga), señalaron que el líder se habría reunido en las inmediaciones de Arcelia, Guerrero, durante la tarde noche del miércoles 25 de julio con integrantes de su grupo operativo”.
El control de la economía en esta región de Guerrero no solo se centraba en comercio local, distribución de mercancías y servicios, también se había concentrado en la industria. Dice otro de los informes: “Salvador Rodríguez Ríos (a) Chava, operador de Josué Ramírez Carrera (a) El Tuerto, líder regional (LFM), coordina la operatividad de la mina “Beneficiadora de Minerales de Temixco SA DE CV”, siendo el encargado del trasiego de los agentes químicos necesarios para la extracción de minerales preciosos, así como los pagos de adeudos por concepto de energía eléctrica”.
Los reportes incluyen resúmenes de llamadas telefónicas interceptadas entre operadores regionales como la que sostuvieron dos personas de confianza de la organización criminal en Arcelia. En la plática uno de ellos se comprometió a “ocupar un puesto dentro de la Tesorería de la alcaldía” de esta localidad para vigilar la entrada de recursos y reportar los movimientos.
Pese a que existe evidencia desde el sexenio pasado de un seguimiento puntual de la inteligencia militar a los principales operadores de LFM en los municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, que colinda con la región sur del Estado de México, las autoridades federales no los han “molestado” y mantienen intacto el mismo sistema de establecimientos sometidos a cobros de piso, redes de distribución de mercancías y productos, todos dentro de una amplia red de extorsión.
Operación Liberación
El miércoles 23 de julio el fiscal general del Estado de México José Luis Cervantes, hijo del ex secretario de la Defensa Nacional Enrique Cervantes Aguirre (1994-2000) y Omar García Harfuch, hijo del finado Javier García Paniagua (ex director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y ex subsecretario de Gobernación), anunciaron junto a los titulares de Defensa y Marina, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Morales Ángeles, el desmantelamiento de una red financiera de LFM en 14 municipios del sur mexiquense, donde se efectuaron 63 cateos en 52 establecimientos de los que 44 quedaron asegurados entre los que estaban minas, pollerías, ranchos, casas de materiales de construcción y hasta un rastro donde la norma era el sobreprecio que rondaba en algunos casos el 400 por ciento.
José Luis Cervantes y Omar García Harfuch, son hijos de dos hombres que fueron amigos y tuvieron cercanía profesional por su vínculo con el Ejército y la política. El general Cervantes Aguirre estuvo en su época de oficial subalterno en la ayudantía del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional (1964-1968), donde trabó amistad con su hijo Javier García Paniagua. Su carrera volvería a unirlos en el sexenio de José López Portillo (1976-1982), cuando Cervantes Aguirre fue secretario particular del general Félix Galván López, entonces titular de la Defensa Nacional, y García Paniagua ocupó la dirección de la DFS y después el segundo cargo en importancia en Gobernación.
Este factor hizo que la “Operación Liberación” fuera el primer gran golpe a una organización criminal cuya red financiera no se limita a una entidad como el Estado de México, sino que opera también en Guerrero y en menor medida en algunos municipios de Morelos y Michoacán.
El fiscal Cervantes dijo que para controlar el sector de la construcción en la región donde se efectuó la operación, LFM disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en esta zona para armar sus propias organizaciones como el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva, los cuales se encargaban de vender materiales en los municipios de Villa de Allende. Donato Guerra. Valle de Bravo y Texcaltitlán, Tejupilco, Tlatlaya y Amatepec, en la colindancia con Guerrero.
“Hay verdaderas estructuras gerenciales detrás de todo esto, donde hay un entramado que se dedica a la contabilidad, a las finanzas, a la distribución, logísticas y hasta la promoción del producto”, dijo Cervantes en conferencia de prensa.
Entre las ocho personas detenidas al menos dos tienen vínculos con Morena, una de ellas es Yareli Dominguez García, regidora de ese partido en el ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, acusada de ser “enlace” de LFM con empresarios y comerciantes, a quienes llamaba para que acudieran a un rancho o a un hotel operados por la organización para “presionarlos” a “colaborar” en el pago de piso. Otro de los relacionados con el partido oficial detenido en la red de extorsión es Eli Jiménez Palencia, a quien identifican en Valle de Bravo como “acaparador en la distribución de materiales de construcción en el municipio turístico”, se ostentaba como dueño de ranchos de grandes extensiones con lagos artificiales y caballerizas con cabañas que en realidad pertenecían a los Hurtado Olascoaga. En este municipio se le conoce por ser el padre de Diego Eli Jiménez Jasso, segundo regidor del municipio, cargo al que llegó bajo las siglas de Morena.
La banda criminal LFM instaló 52 comercios en 14 municipios mexiquenses para suministrar, con sus propias reglas y precios, productos básicos como el pollo, carne de res y cerdo, huevo, frijol, un rastro, y cadenas de distribución de materiales de construcción. Su red de informantes operaba con “halcones” en motocicletas, taxis y repartidores en bicicleta. Tienen a las policías municipales bajo control y la mayoría de los presidentes municipales tuvieron que “negociar” algún tipo de acuerdo para dejarlos administrar.
En la conferencia de prensa no se dijo nada sobre el pago de extorsiones de los ayuntamientos a LFM, documentado en los informes militares, y tampoco hubo una sola mención a los líderes criminales que siguen operando el mismo modelo de “cobro de piso” y red financiera con negocios cooptados de forma ilegal en los municipios de la Tierra Caliente y norte del estado de Guerrero.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx