México, 8 de julio.- El gobierno federal ha mantenido una campaña permanente contra las dos organizaciones criminales que se disputan los municipios del centro y sur de Sinaloa. Al cumplirse 10 meses del inicio del conflicto el saldo desde septiembre cuando iniciaron las hostilidades al 30 de junio es de cientos de desplazados, alrededor de medio millar de desaparecidos, la quiebra de la economía acentuada en el sector servicios y agrícola y lo más visible, poco más de mil 550 asesinatos. El despliegue del Ejército, Marina, Guardia Nacional y unidades de inteligencia civil de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha redituado en golpes certeros con decomisos de drogas sintéticas, desmantelamiento de laboratorios y más de 60 detenidos.
La tarde del miércoles 2 de julio en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Culiacán, más de la mitad de los 20 cuerpos que aparecieron la madrugada del lunes –cuatro de ellos decapitados y colgados de un puente y 16 más sin vida apilados en una vagoneta refrigerada— habían sido identificados por sus familiares. Los cuerpos pertenecían a varones jóvenes, promedio de edad 28 años, con un rasgo en común: la mayoría eran originarios de comunidades bajo control del grupo criminal encabezado por Iván y Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como “la Chapiza”, hijos del Joaquín “el Chapo” Guzmán. Una de las hipótesis de la fiscalía del estado era que varios de ellos habían sido secuestrados en comunidades cercanas al poblado de Jesús María, tierra natal de la madre de Joaquín y Ovidio Guzmán López, medios hermanos de Iván y Alfredo, detenidos en Estados Unidos bajo el programa de testigos colaboradores.
Detrás de aquel espectáculo macabro con el que inició la semana y terminaba el mes de junio, estaba una incursión de células criminales llegadas del norte del estado, de municipios como Los Mochis (Ahome), Guasave y Guamúchil, liderados por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “el Chapo Isidro”, acérrimo enemigo de los hermanos Guzmán, y aliado de Ismael Zambada Sicairos, conocido como “el Mayito Flaco”, hijo de Ismael Zambada García y heredero del grupo que encabezó su padre hasta el 25 de julio de 2024, cuando fue “sustraído” por un grupo armado que lo retuvo en un rancho a las afueras de Culiacán, donde había sido citado por su ahijado Joaquín Guzmán López, quien presumiblemente lo ”entregó” a las autoridades estadounidenses junto con él como parte de una negociación de la que se desconocen hasta ahora los detalles, más allá de declararse culpable de cargos por tráfico de drogas y acogerse a un programa de testigos colaboradores.
La presencia del “Chapo Isidro” como aliado de la “Mayiza” había tenido registros en distintos canales de las autoridades federales desde mayo pasado cuando diferentes fuentes militares y navales informaron que se había aliado con los Zambada con quienes mantenía canales de comunicación en los últimos años. El apoyo del capo que controla el norte de Sinaloa y parte de la sierra que colinda con el sur de Sonora y Chihuahua, y por quien el FBI ofrece recompensa de 5 millones de dólares, se tradujo en un despliegue de grupos armados hacia el valle del Évora, en los municipios de Salvador Alvarado, Guamúchil y Mocorito, para disputar el territorio a los “Chapitos” o “Chapiza”, como se les conoce. Fueron semanas de balaceras y enfrentamientos frecuentes donde hicieron su aparición los helicópteros Blackhawk artillados del Ejército. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), dijeron que en esos enfrentamientos las bajas fueron más numerosas del lado de los Guzmán, aunque no precisaron cifras, lo que obligó a los grupos afines a replegarse hacia la comunidad de Pericos, donde días después hubo fuertes enfrentamientos, y posteriormente se dispersaron en comunidades de Badiraguato, donde también se presentaron asesinatos en distintas comunidades.
El 15 de junio un video que circuló en redes sociales exhibió cómo un convoy con camionetas blindadas rodeó una unidad artillada con blindaje artesanal en la céntrica avenida Álvaro Obregón, en la icónica colonia Tierra Blanca de la capital sinaloense, donde asesinaron a tres individuos y “reventaron” la unidad que traía empotrada una ametralladora Browning calibre .50. El ataque fue atribuido a una célula de “la Mayiza” bajo las órdenes del Chapo Isidro, quienes prácticamente tienen el control de buena parte de Culiacán donde el clan Zambada tiene de tiempo atrás aliados en varias zonas.
TÁCTICAS DE DESGASTE
El despliegue militar a diferencia de los conflictos de años atrás al interior de la organización criminal asentada en Sinaloa, como en 2017 con el choque entre los hijos del Chapo y las huestes de Dámaso López Núñez, cuando se hacía en modo batallón con unidades que patrullaban con puestos de control y en respuesta a llamadas de emergencia, ahora a este tipo de despliegue focalizado en ciertas zonas con patrullaje de la Guardia Nacional se le suma la presencia de pelotones –promedio de 30 soldados—de fuerzas especiales, que se despliegan desde sus compañías –alrededor de 200 efectivos—que llegan por tiempo determinado a misiones específicas a Sinaloa.
La prensa sinaloense ha dado cuenta que este tipo de presencia militar, donde la Marina también ha contribuido con unidades de fuerzas especiales e infantería de marina, ha sido para operaciones “quirúrgicas” donde previamente hay un trabajo de inteligencia. Un ejemplo fue la caída de Jorge Humberto Figueroa Benítez alias “la Perris”, jefe de un grupo de pistoleros del clan Guzmán Salazar, abatido por una unidad de fuerzas especiales en una casa de seguridad en Navolato.
La estrategia de desgaste que las facciones confrontadas iniciaron desde finales del año pasado fue la quema de casinos, restaurantes, negocios de exportaciones e importaciones, de las que se presume servían de fachada para el lavado de activos y donde uno de los bandos obtenía liquidez para el financiamiento de “la guerra”.
La captura en febrero pasado de José Ángel Canobbio Inzunza, alias “el Güero Canobbio” y de Kevin Alonso Gil Acosta, alias “el 200”, fue un golpe que marcó un antes y un después para la facción de los “Chapos”. Canobbio fue extraditado semanas después para enfrentar una acusación en una Corte de Chicago que data de septiembre de 2024 por fabricación y tráfico de fentanilo. Mientras Kevin Alonso, recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, era uno de los hombres más cercanos de Iván Guzmán Salazar al ser jefe de seguridad y operador logístico. La información que ambos proporcionaron a las fuerzas de seguridad sirvió para trazar el mapa de las siguientes operaciones que redituaron en el aseguramiento de casas de seguridad, laboratorios y en la captura de operadores de grupos armados.
Tras estas detenciones las refriegas se recrudecieron contra negocios clandestinos como las llamadas “jugadas” como se le conoce en Culiacán y Mazatlán a los “minicasinos”, y los dispensarios de drogas. Otra táctica que salió a relucir fue la eliminación de “punteros”, como se les llama a los “estacas” o informantes móviles que a bordo de motos desplegados en calles, avenidas, plazas comerciales, entradas y salidas de la ciudad, reportan todos los movimientos de autoridades y grupos contrarios. El desmantelamiento por parte de las autoridades de cámaras de videovigilancia de grupos criminales establecidas en cruceros y avenidas importantes significó otro golpe a la estructura de vigilancia de los grupos delincuenciales confrontados.
FRENTES DE GUERRA
Fuera de la capital sinaloense, en municipios como Navolato en dirección a la costa del centro del estado, Cosalá en la zona serrana y Elota el municipio a mitad de camino entre Culiacán y Mazatlán, es prácticamente imposible tener información verificada sobre los reportes en redes sociales que circulan sobre enfrentamientos, balaceras y despliegues de grupos armados en esas regiones.
El primer fin de semana de julio se difundieron informes en redes que se pudieron verificar con autoridades locales sobre una serie de enfrentamientos en la carretera que comunica Cosalá con la vía a Culiacán y los caminos a zonas rurales del municipio. Hubo choques que duraron todo el día como el ocurrido el sábado y domingo, el número de muertos no se precisó, pero circularon imágenes de camiones y tráileres atravesados en la carretera y algunas camionetas con huellas de disparos tras haber sido quemadas.
Algo similar sucede desde mayo en Navolato, donde han sido desplegado en forma periódica unidades de fuerzas especiales, y donde pelotones del Ejército y Guardia Nacional han sido atacados por los grupos criminales lo que se ha traducido en militares heridos y decomisos de lotes de armas y vehículos a los bandos delincuenciales.
En Elota la situación es similar, la presencia de fuerzas federales ha resultado insuficiente ante el avance de una de las facciones que ha tomado control de buena parte del municipio replegando al grupo rival a la zona serrana donde hasta los primeros días de julio continuaban las balaceras y bloqueos de caminos.
La zona serrana sur con el municipio de Concordia como epicentro, ha sido también motivo de reportes informativos de la autoridad, que ha dado cuenta de la incautación de drones, armas de grueso calibre, artefactos explosivos improvisados, lanzagranadas y vehículos con blindaje artesanal.
Al cumplirse este miércoles 9 de julio 10 meses de iniciado el conflicto al interior de lo que se conoció como Cartel de Sinaloa, el Ejército ha desplegado más de 10 mil militares junto a la Guardia Nacional y efectivos civiles de la SSPC. La ola de violencia dejó en junio 210 muertos, convirtiendo a la entidad por primera vez en varios años en la más violenta del país por encima de Guanajuato.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx