México, 10 de junio.- La frecuencia con que ocurren enfrentamientos armados en la región entre Jalisco y Michoacán y que se extiende a los municipios de la Tierra Caliente michoacana, corroboran la escalada de violencia donde la letalidad se ha incrementado ante la proliferación de artefactos explosivos improvisados y emboscadas cada vez mejor diseñadas. Los ataques sistemáticos a las fuerzas armadas donde se usan blindados artesanales, drones armados y minas antipersona operados por paramilitares extranjeros, que han causado bajas mortales al Ejército y Guardia Nacional, son un aviso del incremento de nuevas formas de violencia criminal que podrían extenderse a otras partes del país.
A finales del año 2021 dos hechos relevantes fueron registrados por los servicios de inteligencia militar en la zona que va de Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Los Reyes, municipios michoacanos que colindan con Jalisco. El primero fue que la organización autodenominada “Carteles Unidos” se aprestaba a colocar “ruedas”, como llamaban a las minas antipersona, en caminos rurales de esta zona. Uno de los operadores en esta región controlada por Juan José Farías Álvarez, viejo capo conocido como “el Abuelo”, comentaba con su jefe por aquellos días que tenían lista una célula armada y bien equipada de 26 colombianos para hacer frente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habían sido guerrilleros en su país natal.
Este individuo identificado con el alias de “Camoni” mencionó que la mayoría de la población de Tepalcatepec, de donde son oriundos los hermanos Farias Álvarez, no apoyaba las acciones violentas del CJNG, como en ocasiones anteriores, ya que había temor por los artefactos explosivos lanzados desde drones a los que se les agregó furadan, un insecticida muy tóxico que en altas concentraciones es letal para los seres humanos.
El uso de drones con químicos no fue lo único que comenzó a utilizarse en aquellas fechas en esta zona de Michoacán, un reporte del seguimiento a Salvador Farías Álvarez, hermano de “el Abuelo”, registró detalles sobre el uso que le daban a los artefactos explosivos improvisados a los que llamaban “piñasos”. Cada uno de 360 gramos, identificado de tamaño chico, tenía un valor de 500 pesos, eran empleados para ser arrojados mediante los drones “Mavic 2”, los cuales modificados ayudaban a liberar una mayor cantidad de esquirlas. “Chava Farías” fue identificado como uno de los principales proveedores de artefactos explosivos improvisados tanto para equipar drones como para colocarlos en los caminos.
En otro documento fechado en febrero de 2022 “Chava Farías” fue captado en negociaciones con un individuo oriundo de Los Reyes, Michoacán, donde le informan que los paramilitares colombianos que trabajan para ellos requerirán tres artefactos explosivos improvisados “de fácil transportación” para “ponérselos a un vehículo pequeño que iba a pasar por ahí”.
Personaje central en el reclutamiento de exguerrilleros y militares retirados colombianos, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, identificado como jefe de plaza de “Cárteles Unidos” en Los Reyes, Michoacán, fue registrado mientras hablaba con un médico particular con quien había mandado a atender a 18 colombianos que se habían infectado de Covid a principios de 2022. A “Poncho la Quiringua” se le documentó el envío de hombres de origen colombiano con preparación militar en apoyo a las células armadas de “el Abuelo” para enfrentar al CJNG en la región de Tierra Caliente de Michoacán.
En marzo de 2022 “Chava Farías” recibió un reporte donde le decían que los operadores de drones realizaron prácticas de vuelo empleando un equipó DJI Matrice 300 con visión térmica, que les permitiría realizar operaciones nocturnas. El informe decía que tres individuos más se adiestraron en el empleo de estos equipos logrando dominar sus funciones. “Destacando la liberación de objetos desde el aire, ajustes y acercamiento de cámara, regreso al punto de partida, entre otras operaciones”.
Para abril del 2022 se detectó que “Chava Farías”, identificado como responsable de la elaboración de artefactos explosivos improvisados, hacía reuniones periódicas para la adquisición de materiales “tanto para ser lanzados desde drones como para ser enterrados en vías de comunicación”. En todas ellas aparecen ciudadanos colombianos como los principales conocedores del manejo de los artefactos explosivos improvisados.
ESCALADA
Toda aquella actividad a finales del 2021 y en los primeros cuatro meses del 2022 registrada por los servicios de inteligencia militar, desembocó en 12 ataques con nueve militares heridos. Comenzó entonces a proliferar el uso y decomiso de drones con sistemas de liberación de artefactos explosivos improvisados en los municipios de Aguililla, Aquila, Chinicuila, Coalcoman, Tepalcatepec, Los Reyes, en Michoacán y en Jalisco en Santa María del Oro.
En el lapso que va del año 2015 al 2021 se reportaron 341 artefactos explosivos asegurados en todo el país, de los cuales 178 fueron en el último periodo. El crecimiento del uso de artefactos explosivos improvisados se incrementó de manera exponencial a partir del año 2022, cuando se decomisaron dos mil 133. En 2023 subió a dos mil 446 y el año pasado se decomisaron tres mil 625 artefactos en todo el país, de acuerdo con una nota de El Universal publicada el domingo 1 de junio.
Un documento militar de septiembre de 2022 decía que “por los diversos tipos de artefactos explosivos improvisados (AEI) que han sido localizados y destruidos en México, se observa que su fabricación ha evolucionado, ya que el diseño, sofisticación y componentes empleados (controles electrónicos a distancia, interruptores y medios de iniciación), proporcionan seguridad al agresor y mayor grado de letalidad. Se han presentado agresiones con AEI en diferentes partes del país; sin embargo, se tiene registro que la mayoría se realizaron en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, perpetradas por grupos de la delincuencia organizada quienes se confrontan entre sí, y como consecuencia agreden a personal militar y civil, buscando proteger y expandir sus mercados principalmente en el trasiego de drogas. Las acciones llevadas a cabo por la Sría. Def. Nal. para contrarrestar el incremento del uso de AEI ha permitido que la búsqueda, localización, desactivación y neutralización sea eficiente, toda vez que se ha logrado minimizar posibles daños en la población civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno con la desactivación de los artefactos asegurados”.
MERCENARIOS
Hasta el 27 de mayo pasado, fecha en que estalló un artefacto explosivo improvisado en un camino rural del municipio de Los Reyes, Michoacán, donde murieron ocho militares pertenecientes al Escuadrón Antibombas de las Fuerzas Especiales del Ejército, la cifra de militares muertos en los últimos tres años por minas antipersona en Jalisco y Michoacán era de 17.
La zona de letalidad comenzó en Aguililla, donde el 29 de febrero del 2024 tres militares murieron al pasar por una zona minada, el 17 de diciembre del año pasado dos militares murieron en circunstancias parecidas en Cotija, el día 18 ahora en Buenavista otros dos soldados perecieron al estallar otra mina. Desde esos días no se había registrado un ataque tan letal como el del pasado 27 de mayo, donde el operativo posterior se saldó con la detención de 12 colombianos, 11 de ellos militares retirados.
Por esos días otro operativo militar para desmantelar un centro de operaciones y adiestramiento del CJNG en Santa María del Oro, activó en una brecha de terracería minas antipersona sin víctimas mortales. Los soldados arribaron al lugar donde ya no encontraron a nadie, pero decomisaron un arsenal importante.
La silueta que asomó detrás de estas acciones fue la de células paramilitares formadas por exguerrilleros y militares en retiro colombianos, ambos al servicio tanto del CJNG como de sus enemigos de Cárteles Unidos. Los primeros estuvieron detrás de los ataques coordinados del 17 de marzo que comenzaron en La Barca y se extendieron a 10 municipios michoacanos donde seis militares murieron junto a dos de la Guardia Nacional.
La preparación y conocimientos de los mercenarios extranjeros que operan en Michoacán quedó de nuevo corroborada por el Ejército en Chilchota, donde tres soldados murieron y dos más fueron heridos en una emboscada cuando se desplazaban a bordo de un camión de transporte de tropas al que le arrojaron ponchallantas para inmovilizarlo. En la vía Tanhuato-Yurécuaro un soldado fue abatido y tras más quedaron heridos en otro ataque. El pasado 19 de abril un enfrentamiento en Churintzio, Michoacán, dejó un saldo de cinco criminales muertos y dos detenidos tras un operativo implementado tras un ataque del CJNG.
Los ataques sistemáticos a las fuerzas armadas donde se usan blindados artesanales, drones armados y minas antipersona operados por paramilitares extranjeros con conocimientos técnicos, que han causado bajas mortales al Ejército y Guardia Nacional, parecen ser un aviso del incremento de formas de violencia criminal que hasta hace un par de años estaban limitadas y focalizadas en una sola organización criminal. Hoy día la posibilidad de que se extiendan a otras partes del país y otras organizaciones hagan uso como ya ocurre en Sinaloa y Chihuahua, es muy alta en virtud del reto que la delincuencia organizada ha lanzado al actual gobierno mexicano.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx