México, 26 de noviembre.- Por primera vez en más de una década una operación entre distintas dependencias de gobierno federal y estatal desarticuló una vasta estructura de protección municipal que apoyaban a diferentes organizaciones del crimen organizado. La sacudida es apenas la punta del iceberg de la penetración criminal en diferentes administraciones municipales en el Estado de México, donde informes de inteligencia y sucesos públicos relevantes como el linchamiento de 11 criminales en diciembre pasado en Texcaltitlán, exhibieron el nivel de degradación de las autoridades al servicio de grupos criminales.
El general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional, y Javier García Paniagua tuvieron una de las amistades más sólidas y fructíferas para la carrera de ambos en el servicio público en diferentes momentos de la vida institucional del país. A finales de los años sesenta del siglo pasado, don Javier ayudó a la carrera militar del joven oficial Cervantes Aguirre cuando lo apoyó para que fuera comisionado en la ayudantía de su padre, el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional. El general Cervantes desde entonces tuvo particular aprecio por García Paniagua, quien tuvo en él y en otros militares de su antigüedad un apoyo crucial para las tareas de seguridad que le encomendó el presidente José López Portillo (1976-1982) cuando lo nombró al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en los años del auge de movimientos guerrilleros.
Esa amistad es el fondo que acompaña la confianza entre los hijos de ambos que protagonizaron detrás de escena el golpe más espectacular en la última década a una red de protección al crimen organizado, en este caso institucional que imperaba en el Estado de México.
José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, hijo del general Cervantes Aguirre, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, hijo de García Paniagua, son los artífices de la Operación “Enjambre” que el viernes 22 de noviembre dejó como primer resultado la captura de siete funcionarios municipales entre los que están la alcaldesa de Amanalco y cinco jefes policiacos. De las 14 órdenes de aprehensión giradas por un juez, hasta el lunes 24 estaba pendiente de cumplir las detenciones de las alcaldesas de Tonatico y Santo Tomás de los Plátanos, así como el comisario de seguridad ciudadana de Coacalco, el presidente del comisariado ejidal de Chicolapan y el comisario de seguridad pública y movilidad de Jilotzingo, además de los directores de seguridad de ambos municipios. A estos funcionarios públicos se les acusa de extorsión, secuestro exprés y homicidio al ser parte de una red de protección institucional al servicio de bandas del crimen organizado como el autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana (LFM), la Unión Tepito, Nuevo Imperio, y Anti Unión.
La operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las fiscalías General de la República y la de Justicia del Estado de México. Los seis municipios donde se detuvo a los mandos policiacos tienen en común altos índices delictivos en homicidios, extorsión, secuestro, feminicidio y narcomenudeo. Además de contar con una red de informantes en distintos niveles que les permitió a varios de los indiciados darse a la fuga.
LFM y CJNG
Isidro Cortés Jiménez sabía que tras el linchamiento de 11 integrantes de la Familia Michoacana en diciembre del 2023 en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, su nombre salió a relucir en las investigaciones posteriores como uno de los artífices de la organización criminal que garantizaba su libre tránsito y operación. El director de seguridad de este municipio no esperó a ser esposado por los agentes que el viernes pasado se plantaron en su oficina para leerle sus derechos y notificarle de la orden de aprehensión en su contra. Un video capturó el momento en que el uniformado sacó su pistola de cargo mientras estaba sentado en su escritorio y se quitó la vida de un disparo. Fue la imagen que resumió las complicidades criminales de las autoridades denunciadas por la población el día que una turba dio muerte a palos y piedras a los cobradores de extorsiones de la banda criminal que opera en esa zona liderada por los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga.
Reportes de inteligencia elaborados por la fiscalía mexiquense señalan que en la entidad tienen presencia siete organizaciones criminales que realizan actividades delictivas de diversa índole además de mantener pugnas territoriales en algunas zonas sobre todo en el área conurbada a la capital del país. En un mapa delictivo elaborado en enero del 2022 por la dependencia, llama la atención que la mayoría de los municipios de la zona sur del estado entre los que están Amanalco, Ixtapan de la Sal, Tonatico y el corredor Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya están en poder de LFM desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. La fiscalía contabilizó 49 municipios bajo su control.
En un reporte de la fiscalía regional Tejupilco se lee: “La principal problemática en la región es la presencia del cártel de la “Familia Michoacana” quienes son los responsables de cometer delitos de alto impacto (homicidio, extorsión,
secuestro, robo de vehículo, trata de personas, narcomenudeo) y ejercer la pseudo justicia criminal, actuando como un elemento paralelo a las estructuras del gobierno “levantando y castigando” a los infractores para posteriormente ejecutarlos, cobrarles una multa u obligarlos a trabajar para la organización. Por el control que tiene esta organización en la región el índice de denuncias es mínimo, ya que la población tiene miedo a represalias, viéndose “obligados” a cooperar con ellos realizando actividades de halconeo, llevando comida, etc. Recurren a actos de intimidación y represalias contra elementos de las distintas corporaciones policiacas, además de tener amplio control de la población bajo coerción o por voluntad propia”.
Sobre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el documento señala que su zona de operación se encuentra en al menos 24 municipios de la entidad que corresponden a siete fiscalía regionales: Atlacomulco, Amecameca, Nezahualcóyotl, Texcoco, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli e Ixtapan de la Sal. “Actividades Delictivas: Distribución y venta de droga, levantando y alineando vendedores independientes, homicidios y robo de hidrocarburo. Esta organización opera alineando bandas locales y desertores de otras organizaciones a las que ofrece apoyo, droga, sicarios, armas, etc., logrando ampliar el control del territorio”.
En cuanto a la Unión Tepito, el informe registra que su zona de operación fuera de la capital del país está en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl “en alianza con el autodenominado Cartel Nuevo Imperio en Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan”. Sus acticidades delictivas son la distribución de droga, las extorsiones, la trata de personas. Bajo contrato ejecutan secuestros y homicidios”.
Lo que la “Operación Enjambre” demostró fue algo que hace mucho no se veía y que se tradujo en coordinación, intercambio de información y judicialización de las carpetas para obtener órdenes de captura previo a cualquier movilización que frustara los objetivos. El sexenio que comienza podrá ser escenario de una inédita cooperación entre dos funcionarios cuyos progenitores les tocó una situación similar por la gravedad, pero diferente por los niveles de complicidad oficial que hoy día reflejan la penetración del crimen en distintos niveles de gobierno.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx