México, 29 de noviembre.- El pasado 24 de octubre dos coches bomba estallaron en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, dejando una mujer y tres policías heridos. Las primeras pesquisas apuntaban a que se usó un agente explosivo llamado ANFO que se utiliza en la minería de la entidad y del que existen reportes de robo en años pasados. Las explosiones se suman a la proliferación de artefactos explosivos improvisados en la entidad que junto con Michoacán, Jalisco y Guerrero son escenario de una guerra asimétrica donde el uso de drones con bombas se ha incrementado desde el año 2022.
Los antecedentes del uso de materiales explosivos por la delincuencia organizada se remontan a 2012. En aquel año entre enero y julio en los municipios de Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, Tamaulipas, grupos criminales emplearon seis carros bomba contra instalaciones y autoridades civiles, cinco de ellos explotaron. Las investigaciones revelaron que el material empleado fue el denominado ANFO, un agente explosivo usado en la minería. El 6 de julio de 2015 un grupo armado de la delincuencia emboscó a varios agentes de la policía estatal de Jalisco, usaron artefactos explosivos de fabricación casera, el saldo fue de 15 policías muertos.
Lo que quedó demostrado desde entonces fue que el empleo de material explosivo o de componentes químicos usados para fabricar agentes detonantes era un riesgo para la seguridad nacional y la estabilidad económica y política del país. El tráfico ilícito de materiales explosivos está relacionado con la posibilidad de que los agentes no estatales como la delincuencia organizada, hagan uso de estos materiales para perpetrar actos delictivos contra las autoridades y población civil.
De acuerdo a un estudio binacional México-Estados Unidos sobre tráfico ilícito de armas y explosivos hacia México, el país con la finalidad de fortalecer sus capacidades gubernamentales para la detección de esta actividad, participa en el programa “Global Shield” creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) e Interpol, con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito de precursores químicos que puedan utilizarse en la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI). “Este programa promueve la cooperación entre las aduanas nacionales y las administraciones policiales. También brinda entrenamiento, asistencia técnica e información en tiempo real para prevenir la desviación de 14 precursores químicos de alto riesgo cuando se encuentran en transporte internacional”.
Los robos de materiales explosivos han sido una constante hasta hace unos años, los estados de Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo registraron el mayor número de casos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se presentaron varias denuncias donde grupos delincuenciales se apoderaron de este tipo de componentes. Los robos de materiales explosivos también se han registrado en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco y Oaxaca. Entre los casos más sonados están el sucedido el 25 de agosto de 2012 en Rosales, Chihuahua, donde fueron sustraídos de la empresa Servicios y Asesorías para la Minería SA de CV, 350 kilos de hidrogel, 200 kilos de agente explosivo ANFO, 2050 metros de mecha lenta, 2400 metros de tubo de choque y 743 fulminantes. El segundo caso fue el 26 de marzo de 2013 en Gómez Palacio, Durango, donde fueron robados de la empresa Dyno Noble de México SA de CV, 20 rollos de explosivos C-4, “lo que representa el 92% del total nacional asegurado en el periodo señalado”. El tercer caso data del 10 de enero del 2016 cuando la empresa minera canadiense Great Panther Silver denunció el robo de explosivos que tenía en la mina Rampa San Ignacio, ubicada en la comunidad de La Luz, a las afueras de la ciudad de Guanajuato. Las autoridades alertaron de lo delicado del caso ya que con el material sustraído se podría echar abajo la Alhóndiga de Granaditas.
Desde entonces la información sobre el destino de estos materiales ha sido reservada. Fuentes gubernamentales no descartaron que algunos de estos agentes explosivos hayan sido utilizados por el grupo criminal que detonó dos coches bomba el pasado mes de octubre en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro, donde dejaron tres policías heridos y una mujer de un local comercial cercano al lugar de la explosión. Hasta los últimos días de noviembre las autoridades no habían informado sobre detenciones de los posibles implicados en el suceso.
Drones armados
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2022 se registraron 288 “eventos” en los que fueron hallados mil 342 Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). Los lugares con mayor incidencia del país fueron el estado de Guanajuato que encabezaba la lista con 119 “eventos” y 426 artefactos explosivos, seguido de Michoacán con 102 “eventos” y 634 artefactos explosivos, y en tercer lugar Jalisco con 10 “eventos” y 185 artefactos explosivos. En cuarto lugar, estaba Guerrero con 10 “eventos” y 22 artefactos, y quinto el Estado de México con 9 casos y 11 artefactos explosivos.
De los 102 casos registrados en Michoacán en los que se decomisaron y/o destruyeron 634 artefactos, llama la atención que el foco rojo estuviera encendido en dos municipios, Tepalcatepec (321 artefactos) y Aguililla (156), muy por arriba de Buenavista Tomatlán donde hubo 19 aseguramientos en este lapso. La razón fue por las incursiones armadas de grupos afines al autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en su enfrentamiento por rutas y comunidades de esta zona con los grupos identificados como Carteles Unidos y los Viagras.
De acuerdo a un documento militar fechado en 2022 denominado “Situación de los AEI localizados en la región de la Tierra Caliente del estado de Michoacán”, a partir de enero de 2022 se incrementó de manera exponencial la localización de artefactos explosivos improvisados siendo los más comunes los “Tubos de metal prefragmentado con mecha lenta y/o cápsula fulminante; tubos de PVC con mecha lenta; granadas de fabricación casera tipo mortero con cápsula fulminante; caja de material con detonador; cilindros para gas o extintor con detonador a distancia por vía remota; tubo metálico prefragmentado con espoleta con cápsula fulminante”.
Las formas de empleo de los AEI varían, pero los que se han vuelto más comunes en los últimos años son el empleo de drones para transportarlos y liberarlos en sus blancos. También los que son enterrados en la superficie sobre vías de acceso a poblados, que han cobrado vidas de civiles y militares en el último año en esta zona de Michoacán.
Los órganos de inteligencia militar tienen identificado a un grupo denominado “los Explosivistas Fuerzas Especiales” que operan bajo el mando del autodenominado grupo Delta, brazo armado del CJNG. Su fundador es un sujeto llamado Juan González alias “el 03”, y Ricardo Ruíz, apodado “el doble R” o “el Tripa”. Su misión es elaborar los AEI para usarlos en las disputas con agrupaciones rivales como Carteles Unidos y los Viagras en Michoacán; La Familia Michoacana en el Estado de México y el autodenominado Cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Desde hace más de un lustro se tiene documentado que el CJNG ha reclutado a militares desertores de Guatemala, Colombia y México especializados en comunicaciones, explosivos, emboscadas, operaciones de propaganda y contrainformación, uso de drones y de Artefactos Explosivos Improvisados como los usados en los coches bomba que explotaron en Guanajuato en octubre pasado. Lo que viene a delinear en otra escala la guerra asimétrica que protagonizan las organizaciones criminales en diferentes estados del país.
Juan Velediaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx