México, 1 de octubre.- ¿Policías o militares? La identidad de la Guardia Nacional quedó perfilada tras aprobarse la reforma constitucional que traslada el control y administración de la corporación a la Sedena, algo que antes tenía en el papel la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La nueva disposición asigna funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas de forma permanente, ahora será legal no solo enfrentar grupos criminales sino también participar en investigaciones de delitos.
Hasta hace poco más de dos años el personal de las fuerzas armadas asignados a la Guardia Nacional no se sentía comprometidos a sujetarse al régimen disciplinario de la corporación, le faltaba “sensibilización” respecto al actuar policial y carecía de identidad institucional pues los soldados de la Policía Militar no se sentían identificados portando el uniforme gris llamándose de otra manera. En agosto del 2020 un documento de la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional titulado “Información para el Diagnóstico del comportamiento de los integrantes de la Guardia Nacional”, encontró que entre sus principales debilidades la corporación carecía de normas complementarias en materia de disciplina, la operación de los consejos disciplinarios estaba en ciernes y había incertidumbre por la falta de regularización de la relación administrativa del personal militar integrada en la corporación. Con la declaración de constitucionalidad aprobada por el oficialismo en el Senado de la República el pasado domingo 29 de septiembre, con la notoria ausencia de la oposición, esta indefinición parece haber terminado ya que dependerá legalmente en lo administrativo y operativo de la secretaría de la Defensa Nacional. Estaba implícito desde su creación en 2019 cuando se contempló como una tercera rama de las fuerzas armadas con asiento en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.
La aprobación constitucional de la reforma terminó con una de las amenazas que el documento interno previa desde entonces, y que era la temporalidad de la participación del personal de las fuerzas armadas asignados a la Guardia Nacional. Ahora lo que perdura, de acuerdo con varios especialistas en seguridad, es esa “cultura de desconfianza en las instituciones de seguridad que genera impunidad”.
La reforma constitucional aprobada y decretada en el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, traslada el control y administración de la Guardia Nacional a la Sedena, que antes eran en el papel facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El meollo de la reforma es que la nueva disposición le asigna funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas de forma permanente, y ahora será legal no solo enfrentar grupos criminales, sino participar en investigaciones de delitos. Para algunos observadores en materia de seguridad el enunciado que señala que la Guardia Nacional ejercerá las tareas de seguridad pública bajo la Estrategia de Seguridad Pública que será formulada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, podrá ser la ruta en el sexenio de que comienza de Claudia Sheinbaum Pardo para que la GN tenga fijados sus límites y objetivos.
“Cambio brutal”
La aprobación de la reforma con la que queda adscrita a la Sedena la Guardia Nacional, y que le dota de poderes de investigación y espionaje “y de detención e investigación de particulares”, va en camino de enlazarse “con la reforma judicial que prevé juzgadores adictos al régimen y priva a los órganos jurisdiccionales de la facultad de suspender los actos arbitrarios, entre otros de un Ejército así habilitado de policía”, escribió el pasado miércoles 25 de septiembre el profesor y ex director del periódico El Nacional, José Carreño Carlón en su columna de El Universal.
La discusión durante todo el sexenio y que data del gobierno de Felipe Calderón, ha sido sobre si se militariza o no la seguridad pública, ahora con el blindaje legal y constitucional con el que tendrán los soldados de Policía Militar en labores de Guardia Nacional la realidad para gran parte de los analistas es que la militarización quedó blindada.
Con estos cambios constitucionales se “borró la frontera entre las atribuciones en tiempos de guerra y en tiempos de paz”. Esto representa un “cambio brutal” entre el poder militar y el poder civil, escribió el lunes 30 de septiembre Pablo Hiriart en su columna de El Financiero.
La presencia de la Guardia Nacional en todo el país con 32 coordinaciones estatales, 48 coordinaciones de unidad y poco más de 240 compañías, se integró en su mayoría con efectivos de las 12 brigadas de Policía Militar desplegadas en todo el país. La fuerza operativa era hasta el año pasado de 113 mil 409 efectivos, de los 161 mil contemplados para el cierre del 2024, de acuerdo con el general de división retirado David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional, quien detalló la composición en su mensaje por el cuarto aniversario de la corporación.
Identidad militar
En el documento del verano del 2020 se decía que las variables que impactaban en la disciplina de la Guardia Nacional por parte de sus integrantes y sus mandos eran la “falta de valores, falta de asunción del ejercicio de la facultad de mando, falta de disciplina, falta de ética, falta de capacitación. No respetar las jornadas laborales. Falta de supervisión. Desconocimiento de la normatividad. Sin consecuencias por infracciones cometidas. Poca claridad en la línea de mando. Falta de directrices. Falta de elementos probatorios. Falta de identidad institucional para lograr una visión integral. Dispersión y falta de profesionalismo en el actuar de los integrantes al no documentar su labor y no poder ser supervisados fácilmente. Incertidumbre o dificultad para que se logre una sanción en el Consejo. Debilidad ya que el mando puede ser juez y parte en la decisión de sanciones”.
Algunas de estos yerros perduraban hasta hace poco, la gran mayoría fueron subsanados, de acuerdo a fuentes internas de la corporación.
El documento encontró que entre las fortalezas estaba la formación que el personal traía desde sus instituciones de origen, lo que favorecía la disciplina. Y una de las estructuras de la antigua Policía Federal que quedó bajo su operación, fueron las bases de datos con registros históricos que sirven de apoyo “en estadística e inteligencia para la investigación”.
Entre las oportunidades que la Guardia Nacional tenía en su inicio estaba que al ser una institución de nueva creación “contaba con el respaldo ciudadano y político”. Lo primero aún perdura pese a las conductas documentadas de corrupción de sus agentes en carreteras, también acusaciones de robo, pillaje y colusión con bandas criminales de tráfico de indocumentados.
Este escenario no era algo que el documento no previera y que en su planteamiento debería erradicarse con programas obligatorios de formación, capacitación y profesionalización. El sexenio de AMLO terminó y con el arranque de la nueva administración, con los cambios constitucionales aprobados, asoma otra etapa que genera preocupación por el desempeño que tendrá la Guardia Nacional.
Juan Veledíaz / @velediaz424 /EstadoMayor.mx