Ciudad de México/26 febrero.- El agarrón político-mediático entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que todavía encabeza David Colmenares, es extraño, grave y sin precedentes.
La ASF dio a conocer el resultado de las auditorías hechas a varias entidades de la administración pública federal durante el primer año de gobierno de López Obrador. Estas revisiones a la contabilidad pública se realizan cada dos años mediante la ASF, organismo revisor que depende de la Cámara de Diputados.
La tormenta se desató al conocerse que las cuentas del gobierno de la Cuarta Transformación, cuya cruzada es la del combate a la corrupción en todas sus formas, son tan oscuras y enredadas como las de los gobiernos anteriores a los que López Obrador acusa de ser causante de todo lo malo en el país.
Era de esperarse que el órgano auditor no controlado por la Presidencia de la República o por el partido Morena encontrara cosas irregulares, por decir lo menos, o abiertamente torcidas en varias zonas de las entidades de la administración pública y una de esas cosas fue ni más ni menos que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el NAIM que iba a ser la magna obra del gobierno de Enrique Peña Nieto y cuya cancelación sólo le iba a salir en unos 80 mil millones de pesos al gobierno obradorista, es decir, a todos nosotros, y al parecer será en realidad de unos 300 mil millones.
Al parecer, porque la metodología se le hizo engrudo al auditor superior David Colmenares y menos de 24 horas después de la rabieta presidencial, tuvo que desdecirse vía twitter y vía comunicado de prensa, reconociendo que su técnica de dos más dos no es la adecuada.
Más allá de metodologías, el pecado original del auditor es haberse metido con una de las obras magnas de la Cuarta Transformación, lo que ya le costó el linchamiento y la animadversión del presidente y seguramente le costará la chamba.
De rebote, la tormenta perfecta para AMLO le puede dar la posibilidad de eliminar al molesto INAI para quitarle a la SEDENA, a la SEMAR, a la FGR, a la Guardia Nacional y a la SSPC la sombra del escrutinio que todo lo echa a perder, todo lo cuestiona, todo lo critica y todo lo exhibe en el sexenio del cambio y la guerra contra la corrupción.
Pero si no es el INAI, es entonces la prensa nacional o extranjera la que pone sobre la mesa, con datos oficiales, las zonas oscuras y truculentas de la administración militar, como lo acaba de hacer El País, al documentar la persistente opacidad de la Defensa Nacional en sus compras, sus obras de construcción y sus licitaciones y adjudicaciones directas en 2020.
Una ojeada a lo investigado y reportado por los españoles da una idea del tamaño del infierno que puede haber en los libros contables en Lomas de Sotelo.
Otra agenda que se abre y de la que deben esperarse resultados en el corto plazo es la de la corrupción policiaco-militar o como ubicársele a lo que sucede en las filas del Ejército y de la Guardia Nacional, a la que le detuvieron hace unos días a dos elementos por traficar media tonelada de mariguana y 15 kilos de metanfetaminas desde la Ciudad de México hacia Yucatán.
Los detenidos son militares en el activo, comisionados a la Guardia Nacional. Uno es Capitán Segundo del Arma Blindada, adscrito a la Policía Militar que se encuentra en la GN, y el otro es Cabo Conductor de una unidad de Operaciones Especiales. Ambos fueron detenidos en una carretera de Yucatán con uno o dos roperos de madera llenos de bolsas con mariguana y un paquete de metanfetaminas.
A los policías les dijeron que habían salido con la droga desde la Ciudad de México.
¿Cómo es que consiguieron la droga?
¿Quiénes y en dónde se las dieron o vendieron?
¿La droga era producto de aseguramientos hechos por militares?
La camioneta en la que iban tenía placas del Estado de México
¿Consiguieron ahí la droga?
¿Cómo es que salieron de ahí o de la Ciudad de México con 480 kilos de mariguana sin que nadie los haya revisado o molestado?
¿Quién les dio protección para salir del centro del país con el cargamento?
¿Son solo dos los militares involucrados en esto?
¿Hay más?
¿Desde cuándo movían droga por las carreteras del país?
Demasiadas preguntas que tal vez la SEDENA, la FGR, la Guardia Nacional o la SSPC se dignen a contestar en la era de la transparencia y la rendición de cuentas.
Redacción / EstadoMayor.mx