Ciudad de México/15 enero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hizo pública la investigación de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos con el que se acusó de narcotráfico y lavado de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
El anuncio sobre la publicación del documento de 751 páginas como una medida para exhibir la deficiente y “poco profesional” investigación de la DEA, fue hecho por el presidente en la conferencia mañanera en la que descalificó a la DEA, defendió la inocencia del general Salvador Cienfuegos, rechazó ataques al país y a las instituciones y le advirtió al gobierno de los Estados Unidos que en su gobierno no se aceptan intimidaciones.
Poco después de las cuatro de la tarde, la SRE publicó un tuit con el enlace para descargar el expediente de 751 páginas, señalando que esto se hacía en cumplimiento con lo ordenado por el Presidente de la República.
El documento está fechado el 29 de octubre de 2020 y va dirigido al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, hace un resumen de las acusaciones, señala a grandes rasgos cómo avanzó la investigación, muestra fotos de las capturas de pantalla de las supuestas conversaciones entre el general Cienfuegos y gente del cártel del H2, liderado por Francisco Patrón Sánchez (muerto en un ataque de la Marina en 2017 en Nayarit).
Una carta de tres cuartillas traducida al español, firmada por el director interino de la DEA, Timothy J. Shea, y dirigida a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explica los puntos centrales de la investigación que llevaron a la detención del general Salvador Cienfuegos, señalando que la intención de la agencia es seguir trabajando con México “a medida que este asunto vaya avanzando”.
En la carta, Timothy J. Shea revela que la DEA comenzó en 2013 la investigación a partir del testimonio de distribuidores minoristas de heroína en Las Vegas, quienes era abastecidos supuestamente por gente de la organización de Juan Francisco Patrón Sánchez, líder de un cártel que operaba en Nayarit.
Shea reconoce que la indagatoria tuvo como base y sustento las comunicaciones telefónicas interceptadas a partir de la autorización de una corte estadunidense para darle seguimiento a los teléfonos celulares de los distribuidores de droga de Las Vegas. La investigación se amplió en 2015, cuando, según la DEA, se estableció que había “algunos vínculos” entre Patrón Sánchez y otra investigación en marcha en los Estados Unidos.
En este punto, el director interino de la DEA revela que el general Salvador Cienfuegos no era el centro de la indagatoria, sino el narcotraficante Daniel Silva Garate y su estructura operativa. Además, el funcionario aclara que “no hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio mexicano”.
Las interceptaciones fueron hechas a unos dispositivos de comunicaciones y aplicaciones que Silva Garate usaba para comunicarse con Patrón Sánchez “sobre una persona, quien fue identificada más adelante como el entonces Secretario de la Defensa Nacional, el General Cienfuegos Zepeda”.
Y aquí Timothy Shea precisa que “la DEA no investigó a Cienfuegos Zepeda como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones. Él fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente (sic) en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Garate y Patrón Sánchez”.
Según la DEA, esas pruebas incluían menciones y referencia a Cienfuegos a quien ubicaron como “Padrino” y “Zepeda”, las cuales consistieron en capturas de pantalla de “unos mensajes” que el general habría intercambiado con Silva Garate y luego éste con Patrón Sánchez.
El plato fuerte de la indagatoria estaría dos puntos: “unas comunicaciones” de Cienfuegos Zepeda sobre reuniones de la DEA con sus homólogos del gobierno mexicano acerca de una investigación que tenía como objetivo a la organización de Patrón Sánchez, y las órdenes del general Cienfuegos para “restringir los operativos militares en Nayarit, con la finalidad de proteger las operaciones de Patrón Sánchez para que no fueran intervenidas”.
En realidad, la indagatoria de la DEA entregada a la cancillería mexicana no muestra ninguna prueba contundente para apuntalar ninguno de los dos puntos anteriores; no presenta fotos, videos, grabaciones de audio o video en las que aparezca el general o alguno de sus colaboradores en algún encuentro con Francisco Patrón Sánchez o con sus colaboradores.
No presenta tampoco documentos, radiogramas o grabaciones con órdenes explícitas, señalamientos o cambios de estrategia antinarco en las que se mencione al estado de Nayarit. Tampoco se entregaron medios de prueba en los que la DEA haya documentado solicitudes o peticiones de intervención militar no cumplidas, incompletas o con resultados polémicos o contradictorios por parte de la SEDENA en Nayarit.
La carta de Timothy J. Shea concluye señalando que las pruebas recabadas contra Cienfuegos consisten en “unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes”, quienes dieron detalles sobre la organización que encabezaba Francisco Patrón Sánchez, el H2.
Por la tarde del viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió a los pronunciamientos y al aviso de López Obrador advirtiendo que el caso Cienfuegos no estaba cerrado ni concluido y señalando que se reservaba el derecho a reanudarlo “si el gobierno de México falla (sic)”, sin aclarar lo que esto significaba.
Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx