México, 27 de agosto (La Razón).- El atentado contra dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos y un marino en Fierro del Toro, Morelos, marca el fracaso de la política anticrimen del gobierno federal.
Los autores de la emboscada no fueron narcos ni sicarios de otros grupos delictivos, sino una docena de agentes de la policía de élite del Estado mexicano.
Al cerrar el ciclo sexenal quedan un reguero de cien mil muertos por causas violentas, narcos que bloquean avenidas de grandes ciudades con vehículos incendiados y la policía de élite, creada en este gobierno, como protagonista del intento de asesinato de funcionarios extranjeros.
Aún no sabemos si los iban a matar o fue una confusión. Ahí está la diferencia de la dimensión de lo ocurrido el viernes.
Si fue deliberado, estaríamos peor que en Afganistán, donde los talibán atentaban contra soldados estadounidenses o españoles, mientras aquí los autores de la emboscada terrorista serían miembros del cuerpo estrella de seguridad creado por el gobierno.
En el caso de que haya sido una confusión, se matiza el término “terrorista”, pero no quita lo de policía criminal. Los acribillaron ¿por una sospecha?
Era de lo único que el gobierno y la sociedad podíamos ufanarnos: en la construcción de la Policía Federal teníamos la base para un cuerpo de seguridad nacional confiable.
No fue así. Hace unas semanas los agentes de esa Policía Federal fueron exhibidos en la comisión de asesinatos contra sus propios compañeros en el aeropuerto capitalino para proteger el tráfico de drogas.
Y ahora los tenemos en una emboscada para asesinar a personal de lucha antidrogas de la embajada de Estados Unidos, o en un acto criminal propio de desquiciados que matan seguros de su impunidad.
La responsabilidad política de este suceso recae en Genaro García Luna, en quien el Presidente y la sociedad depositaron toda la confianza para crear lo que hubiera que crear en el combate contra la delincuencia organizada.
El resultado no puede ser más deprimente. Nos hemos quedado indefensos, con decenas de miles de muertos, una rebelión callejera de los narcos y con el cuerpo de seguridad al que se le invirtieron cientos de miles de millones de pesos involucrado en un atentado criminal o en un acto de mayúscula imprudencia, también criminal.
La vulnerabilidad del país se encuentra en el peor escenario desde hace por lo menos 50 años.
Cuando fue asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, los responsables eran narcotraficantes que fueron perseguidos y aprehendidos. Todavía están en la cárcel.
En esta ocasión los criminales son parte del brazo armado civil del gobierno federal.
La docena de agentes federales, acusados de delincuencia organizada (Reforma 26/08/12) y homicidio en grado de tentativa, iba a matar a los funcionarios de Estados Unidos que se dirigían a una reunión con miembros de la Marina.
Gracias al marino que iba en la camioneta, quien avisó de la situación e impidió la consumación de los crímenes, hoy podemos saber parte de la verdad. De lo contrario todo habría quedado como un terrible asesinato de grupos criminales.
El enemigo está en casa, está más fuerte, más armado y mata más que al inicio del sexenio.
Pablo Hiriart
La Razón
Opinión