Fragata

México, 2 de junio.- La Marina recula, corrige la perspectiva, se restructura y busca caminos para abordar desde una nueva plataforma el tema de los derechos humanos, agenda en la que no goza de buena salud y de la que no quiere salir de este sexenio tanto o más contaminada y cuestionada que el Ejército.

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Ocurre con la agenda de los derechos humanos en México lo mismo que con otros temas fundamentales que nunca fueron abordados o fueron apenas tocados durante la fallida transición a la democracia que llevó al PAN al poder en dos ocasiones y que se tradujo en regresiones que hoy siguen cobrando factura.

La transición no contempló reformas que tocaran a las fuerzas armadas, sobre todo en un contexto de creciente presencia militar en el ámbito de la seguridad. Con Vicente Fox, el tema de los cambios y el redimensionamiento de las nuevas misiones militares (agenda que ya permeaba a las fuerzas armadas en otras latitudes) no pudo crecer y llegar a las mesas de discusión y análisis.

Es más, durante ese sexenio la principal resistencia al cambio, especialmente en cuanto al perfil y proyección del poder militar mexicano, siempre estuvo en las oficinas del alto mando de la Sedena.

No fueron pocas las ocasiones en las que el general Clemente Vega García respondió a los reporteros que le cuestionaban sobre la eventual participación de tropas mexicanas en ejercicios internacionales o en operaciones de mantenimiento de la paz con la ONU.

Reacio a encontrarse con la prensa (como todos los secretarios de Defensa y Marina), Vega era tajante al señalar que nunca, en ninguna circunstancia, ningún militar mexicano estaría bajo el mando de un general u oficial de otro país. “Ni soñando”, decía en 2002 el entonces secretario de la Defensa Nacional.

Más opaco y con menos peso en la arena de la política de banqueta, el almirante Marco Antonio Peyrot se limitaba a guardar silencio o en el mejor de los casos, a esperar lo que ordenara el Comandante Supremo.

Tres más tarde el envío de tropas mexicanas a territorio estadunidense para apoyar a las víctimas del huracán Katrina se tradujo en una victoria pírrica para el general Vega García. Los militares mexicanos que llevaban alimentos y víveres a los norteamericanos afectados fueron tratados con desprecio por mandos militares de ese país, quienes acabaron encargándoles labores de limpieza en lugar de dejarlos asistir a quienes lo necesitaban.

Este episodio abrió más la brecha entre los legisladores y la Sedena. Diputados y senadores ignoraron cualquier posibilidad de incidir en la agenda militar para no enrarecer más el ambiente. Al fin y al cabo se trataba de asuntos que tradicionalmente solo le concernían a la gente de uniforme y era ellos, como siempre había sucedido, quienes se pronunciarían por los cambios y ajustes que tuvieran a bien solicitar o anunciar. Así había sido siempre.

Sin embargo, la modernización de militares y marinos se convirtió en un tema candente, sobre todo porque la guerra contra el narco que ya se perfilaba como el siguiente gran escenario que le robaría todos los reflectores a agendas como la de la reforma energética, la reforma educativa o la reforma judicial.

En el siguiente sexenio panista, modernizar a las fuerzas armadas fue tema de vida o muerte para el Estado. El general Guillermo Galván alzó la voz y advirtió en 2007 que en las condiciones en las que estaban el Ejército y la Fuerza Aérea era casi imposible dar una lucha frontal a cárteles mejor armados, aunque mal entrenados y con menor efectividad y letalidad ante soldados y marinos. El tiempo le dio la razón al general en este punto.

El panorama sobre el estado de salud del Ejército y la Fuerza Aérea fue devastador en su momento; nuestro poder militar se degrada, de continuar así los próximos cinco años, estaremos en una situación irreversible, decía Galván a legisladores de aquellos años.

Así, a la Marina y a la Sedena se les atendió, pero sólo en los aspectos sustantivos, en lo urgente, en lo que ambas instituciones demandaban como básico y estratégico para cumplir con la nueva misión de una guerra no declarada.

Lo otro, los cambios de fondo, las reformas trascendentales que iban dirigidas a temas como la llegada de civiles para encabezar a la Defensa Nacional y a la Marina, la creación de un Comando Conjunto, la separación de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) como arma independiente, la reestructuración y reforma real de la Justicia Militar, el papel de la mujer en las fuerzas armadas (sus límites, alcances y el respeto a sus derechos humanos), por ejemplo, se quedaron en el aire.

Vaya, fue tal la urgencia por resolver la guerra al narco, que en el rio revuelto el gobierno de Felipe Calderón dejó a militares y a marinos sin el ansiado blindaje jurídico que hoy les llega tarde, incompleto y comprometedor.

Nueve años después de iniciada la guerra al narco, con más de 300 mil civiles desplazados en el norte y noreste del país, con más de 27 mil civiles desaparecidos, unos 350 militares, marinos y policías federales en la misma situación, con más de 50 mil civiles asesinados en el contexto del combate al crimen organizado (cifra que sigue en aumento día con día), con miles de quejas presentadas ante la CNDH por abusos de soldados y marinos desde 2007 a la fecha, con 110 Recomendaciones enviadas a la Sedena en el sexenio de Calderón más otras seis en lo que va de éste, con 22 Recomendaciones enviadas a la Marina el sexenio pasado más 12 en el actual y un promedio de 350 quejas anuales –desde 2013– contra la Marina y 600 contra la Sedena (según los informes de labores de la CNDH), el tema de los derechos humanos es algo más que una papa caliente para el almirante Vidal Francisco Soberón.

Cambios y alcances

El almirante toma la iniciativa cuando el sexenio de Enrique Peña Nieto va en declive, con todo lo que ello conlleva. Dentro y fuera del país se producen revisiones, análisis de expertos, de periodistas, de catedráticos y de grupos civiles basados no sólo en sus perspectivas, sino en números reales, en cifras elaboradas por la Marina y por el gobierno de México.

Los primeros pasos para atender y dimensionar el asunto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Marina se dieron al final del penúltimo año de gobierno de Felipe Calderón.

En diciembre de 2011 el almirante Francisco Saynez Mendoza publicó el Acuerdo Secretarial 113, con el que se creó la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía. Esta instancia fue creada ante el cúmulo de denuncias que la guerra contra el narco evidenciaba, sobre todo en cuanto al papel de las fuerzas armadas que actuaban a discreción y sin mayores límites que los autoimpuestos sobre la marcha.

Apenas el 18 de mayo de este año, la Marina inició el viraje hacia su intento de transparencia y rendición de cuentas en el tema del respeto a los derechos humanos. Lo hizo al cambiarle el nombre a la instancia creada por el almirante Saynez para convertirla en Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para darle un rango más definido al tema, aunque no del alcance de una dirección general, como ocurre en la Sedena.

Con Peña Nieto en el poder, el tema de los derechos humanos alcanzó niveles internacionales por la suma de los casos de abuso militar -que van desde cateos, detenciones e interrogatorios ilegales, hasta asesinatos y desapariciones forzadas de presuntos criminales y de ciudadanos no ligados a la delincuencia organizada- y por la dinámica de protección y encubrimiento institucional que ha derivado en polémicas decisiones judiciales en las que los militares involucrados alcanzan la libertad o ni siquiera son procesados por la ley (caso Tlatlaya).

En el norte y noroeste del país la Marina ha enfrentado los escenarios más crudos de esta guerra al narco. Tamaulipas se convirtió en el teatro de operaciones y laboratorio de tácticas más complicado para las tropas especiales y para la Infantería de Marina.

Ahí han actuado tiradores especiales de la Marina en operaciones llevadas desde el aire, con base en entrenamiento, operatividad y despliegue aprendidos y perfeccionados en Colombia, en Estados Unidos, en Israel y en Francia.

Ahí se han puesto en  marcha operaciones de escucha silenciosa, de guerra electrónica, de contrainteligencia e infiltración. Ahí ha habido especial atención a los choque armados en los que el narco ha intentado cazar a los marinos mediante emboscadas.

Ahí han actuado por primera vez las mujeres que la Marina ha seleccionado y preparado para combatir al narco o en acciones de apoyo, pero siempre bajo fuego real. Todas han salido bien libradas hasta ahora.

Pero también ahí la Marina ha cometido excesos, ha invadido casas, ha detenido ilegalmente a civiles, ha golpeado y torturado a pobladores relacionados o no con la delincuencia organizada.

El saldo en el 2013, según la CNDH, es de 385 quejas contra la Marina (por 811 contra el ejército). Para el 2014 la cifra fue de 374 quejas contra los marinos (por 642 contra los militares) y en el 2015 el número llegó a 378 señalamientos en contra de la Semar (mientras la Sedena acumuló 622).

Con Felipe Calderón los marinos acumularon 22 Recomendaciones. En este sexenio llevan 12, aunque no todas por hechos o acciones cometidas en el actual gobierno. Ese es el problema; el ritmo y la dinámica de abusos reportados no han variado de un sexenio a otro pese a los millones de pesos que la Marina y la Sedena invierten en cursos, talleres, conferencias, pláticas, seminarios y toda clase de eventos relacionados con el respeto a los derechos humanos.

El tema, el nombre, este par de palabras –derechos humanos– basta para molestar o sacar de sus casillas a cualquier marino o militar. Para la tropa y para sus jefes los derechos humanos son la gran piedra en el zapato. Son el principal obstáculo para enfrentar y combatir a la delincuencia. Son quizá, para las fuerzas armadas, el segundo enemigo a vencer o a burlar en esta guerra sin victoria que sólo ha hecho más complejo el fenómeno del narcotráfico.

Tal es la naturaleza del reto que deberá sacar adelante la Marina para no empatarse con las cifras del calderonismo, para no dejar huella roja, oscura, cuando llegue el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto; para que la gestión del almirante Soberón no pase a la historia con una doble cara: la de las misiones selectas y exitosas contra el narcotráfico y la de los abusos a los derechos humanos como parte de una estrategia de lucha de resultados a cualquier costo.

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estado Mayor MX

 

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