México, 21 de octubre (Reforma).- Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano defendió la actuación de las fuerzas federales pese a acusaciones de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, reclamó que las organizaciones peticionarias expongan a México como un País donde las fuerzas federales acribillan y torturan inocentes, donde no se investigan violaciones ni se somete a los responsables a la justicia.
“El Estado reconoce enormes retos, pero la evidencia indica que no es la realidad. México es un Estado de Derecho donde las fuerzas federales operan con protocolos y la población confía de manera mayoritaria en ellas”, aseguró durante la audiencia de ejecuciones extrajudiciales.
Ante señalamientos por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los últimos dos años, Campa afirmó que las fuerzas de seguridad se rigen bajo protocolos de actuación y que, en caso de irregularidades, éstas siempre son investigadas.
Campa reconoció la gravedad de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula y Calera, donde en el último año se han dado posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Federal y el Ejército.
“Estos casos están siendo investigados de manera diligente por las autoridades competentes. Los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato implican situaciones en que diversas fuerzas de seguridad actuaron repeliendo una agresión y en protección de la ciudadanía”, argumentó.
En audiencia sobre política de drogas en México, Miguel Ruiz, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, reviró los señalamientos sobre las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico.
Por ejemplo, ante las cifras de 26 mil personas desaparecidas en México, precisó que el Gobierno federal las cataloga como personas no localizadas, es decir, desaparecidas por razones como migración, cambio de domicilio o motivos personales.
Comparó que, el año pasado, Estados Unidos registró más de 84 mil personas no localizadas, tres veces más que México, mientras que en Italia se registró a 31 mil.
Sobre la tortura, indicó que éstos casos representan sólo el 2 por ciento de las quejas y recomendaciones expedidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso sugirió que la tortura se utiliza como recurso jurídico para liberar a delincuentes.
Ruiz acusó que los grupos delictivos crecen gracias a las armas que se fabrican y trafican desde Estados Unidos, cuyos ciudadanos invierten 132 mil millones de dólares al año en drogas.
“En México no existe política de combate o confrontación, sino una política integral para hacer frente al problema mundial de las drogas”, afirmó.
Diana Baptista