Las 26 preguntas al Comisario Galindo

Enrique Francisco Galindo Ceballos. Foto: EspecialMéxico, 3 de junio.- Las semanas pasan y las versiones de familiares y de periodistas, de medios de comunicación nacionales y extranjeros, de grupos civiles y de observadores en torno al enfrentamiento entre policías federales y un grupo numeroso de presuntos delincuentes al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) chocan cada vez más con las del gobierno federal.

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Los testimonios de familiares de varios de los 42 civiles muertos en la balacera contra cerca de 100 agentes de la Policía Federal (PF) atraen de inmediato la atención de la prensa de otros países.

Es en los Estados Unidos en donde el eco del enfrentamiento sigue siendo más fuerte, incluso que en México. Diarios como el Washington Post se han ocupado del caso, como en su momento lo hicieron la Agencia AP y la revista Esquire al investigar el supuesto enfrentamiento entre militares y civiles en Tlatlaya, Estado de México, ocurrido hace casi un año y en el que al menos 11 de las 22 personas muertas en el lugar habrían sido ejecutadas por soldados del 102 Batallón de Infantería.

El Washington Post retomó el asunto que algunos medios nacionales solo abordaron tibiamente, a partir de las fotos difundidas en las que aparece solo una decena de cuerpos de los civiles que habrían atacado a los policías federales en una brecha y se habrán refugiado en el rancho El Sol.

Algunas imágenes muestran a sujetos tirados boca abajo, algunos sin armas, otros semidesnudos, en calzoncillos, sin camisa, regados sobre un pastizal, ocultos entre los matorrales, metidos en brechas, tirados junto a equipo de campo. Con armas o sin ellas, varios cuerpos presentan, según las fotos, huellas de algo más que un combate desesperado entre sicarios recién reclutados por el CJNG y tiradores selectos, fogueados, de la Policía Federal.

Batalla a todas luces desigual, a final de cuentas, porque los policías contaron con refuerzos en tierra y aire que duplicaron en cantidad y calidad a sus atacantes. Cuarenta y cinco civiles (42 fallecieron y tres fueron detenidos) contra poco más de100 federales apoyados desde el aire por un helicóptero Black Hawk artillado con dos ametralladoras M-134 Vulcan, calibre 7.62 (con capacidad de disparar hasta 3 mil tiros por minuto y acertar a unos 150 metros de distancia).

Una de esas fotos muestra a un joven muerto, boca arriba, sin camisa, con pantalones de mezclilla y cabello corto, con el pecho rojizo y amoratado cerca del vientre. El brazo derecho flexionado y la mano sobre el vientre. Se aprecia una herida grande, de unos 20 centímetros, que va del codo hacia la muñeca, que se ve fracturada y amoratada.

El vientre y el pecho del joven tienen tonos rojizos y amoratados, como los que se pueden apreciar en cuerpos de gente que ha fallecido por atropellamiento. Su brazo izquierdo presenta al menos una fractura doble en el codo, que se extiende al antebrazo. La mano izquierda está contraída y los dedos evidencian haber sufrido mayor presión que los del lado derecho. No se aprecian huellas de herida por arma de fuego. Pareciera haber muerto por atropellamiento.

A partir de imágenes como esta y de testimonios recabados por el reportero del Washington Post, Joshua Partlow, familiares de varios de los 42 civiles muertos han asegurado que varios cuerpos muestran signos de tortura y hasta de castración.

En contraparte, el Comisario General de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, han insistido de todas las formas posibles y en todos los medios disponibles, en que el operativo en el rancho El Sol fue limpio y no hubo ejecuciones ni abusos por parte de los policías federales.

Al mismo tiempo, las dudas crecen y las preguntas sobre el uso de la fuerza letal por parte de la Policía Federal en Tanhuato se multiplican en la medida en que se van descubriendo aparentes vacíos jurídicos en la operatividad de esta corporación al momento de aplicar la fuerza.

Actualmente, la Policía Federal no cuenta con un Manual de Uso de la Fuerza como que tienen el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina desde el 22 de mayo de 2014. Sus acciones de confrontación y uso letal de la fuerza se rigen, aparentemente, por el Acuerdo 04/2012 elaborado por Genaro García Luna, entonces titular de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de ese año.

Los artículos 4,5 y 6 del Capítulo I del Acuerdo señalan:

Artículo 4.- El uso de la fuerza pública se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser: legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5.- El uso de la fuerza necesaria se destinará a neutralizar y a controlar conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos policiales federales.

Artículo 6.- El Uso Legítimo de la Fuerza podrá emplearse también para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y por actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz públicos.

En cuanto a las Reglas para el Uso de la Fuerza Pública (Capítulo III), se señala:

Artículo 18.- Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los integrantes de las Instituciones Policiales encargados de hacer cumplir la ley:

  1. a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
  2. b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones, asimismo respetarán y protegerán la vida humana;
  3. c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y
  4. d) Notificará lo sucedido, sin dilación alguna, a los familiares de las personas heridas o afectadas.

El capítulo VI (De la Responsabilidad en el Uso de la Fuerza Pública, solo tiene un artículo:

Artículo 28.- En caso de que los integrantes de la Instituciones Policiales no adopten todas las medidas a su disposición para hacer uso lícito de la fuerza pública, se les iniciará la investigación respectiva por las áreas de asuntos internos de las Instituciones Policiales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin óbice de que sean acreedores, de acuerdo a su participación, a la responsabilidad a que diere lugar, sea administrativa, civil o penal.

Rubido y Galindo han insistido en medios escritos y electrónicos y en las redes sociales, en que el uso de la fuerza letal en Michoacán fue justificado por la manera en que los civiles abatidos arremetieron contra los policías federales. Lo que no han aclarado o explicado es en qué marco jurídico se basa la actuación de la PF en escenarios como el de Tanhuato.

A continuación compartimos algunas de las 26 preguntas que sobre este tema se le enviaron al Comisario General, Enrique Galindo,  a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que a través de su cuenta en twitter se comprometió a contestar a la brevedad.

1.- ¿Cuenta la Policía Federal con un manual de uso de la fuerza distinto del documento elaborado en abril de 2012 por el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna?

2.- ¿Qué validez tiene en la actualidad dicho documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para avalar o amparar las operaciones de la Policía Federal en operativos contra el crimen organizado en los que se ha empleado la fuerza con letalidad?

3.- ¿Qué documento, manual, acuerdo o reglamento ampara y define  el uso de la fuerza letal en la Policía Federal?

4.- ¿Emplea la Policía Federal el Manual de Uso de la Fuerza que utilizan Sedena y Marina en sus operaciones de alto impacto?

5.- ¿Documenta la Policía Federal de alguna forma y por algún medio sus operaciones contra la delincuencia organizada?

6.- ¿Cómo hace constar ante sus mandos y ante alguna autoridad o entidad externa que se ha usado la fuerza de manera correcta y no abusiva para resolver agresiones contra el personal operativo o contra la ciudadanía?

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estado Mayor

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