México, 20 de abril (Reforma).- La bancada del PRD en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a la reforma propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto para permitir que agentes extranjeros encargados de la seguridad de mandatarios, trámites migratorios y aduanales porten armas en el territorio nacional.
El coordinador de los perredistas, Miguel Alonso Raya, se pronunció en contra de la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al afirmar que podría prestarse a más abusos y violaciones graves a los derechos humanos a manos de los agentes.
“Para el PRD esto es grave, particularmente en el caso de miembros de las agencias de Estados Unidos que se han caracterizado por su poco respeto a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, incluso letal.
“La autorización de este tipo de permiso podría poner en riesgo la seguridad nacional del País”, manifestó el legislador en relación al dictamen que pretende aprobarse esta misma semana.
Raya cuestionó que la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados no establezca restricciones o mecanismos de control que se impondrían a los agentes para evitar que incurran en excesos.
El legislador consideró que la reforma deja abierta la puerta a que las autoridades ejecutivas de ambos países establezcan acuerdos discrecionales que rayen en la ilegalidad, como ocurrió con el polémico operativo denominado “Rápido y Furioso”.
“Debemos señalar que existen diversos acuerdos interinstitucionales que han permitido la operación de agencias de seguridad norteamericanas, como el ICE, la ATF y la propia CIA en territorio mexicano, no solamente en las fronteras, sino en todo el territorio nacional”, mencionó.
El coordinador se refirió de manera particular a la disposición que permitirá la portación de armas a escoltas de Mandatarios o Jefes de Estado.
Sostuvo que el Gobierno estadounidense mantiene subrogados los servicios de seguridad a agencias privadas, cuyos integrantes han sido cuestionados por la propia Organización de las Naciones Unidas.
“La mayor parte de los servicios de seguridad se encuentran subrogados a empresas militares privadas, lo que la ONU ha clasificado como mercenarios”, dijo.
“Además, la Ley de Seguridad Nacional ya contempla la obligación del Estado de garantizar la seguridad de éstos y otros funcionarios extranjeros en suelo mexicano”.