México, 4 de marzo (la Jornada).- Abogados de familiares de los 72 migrantes ejecutados en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, que no han tenido acceso a las averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República (PGR) por ese caso, presentaron quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado mexicano ha violado reiteradamente el derecho de las víctimas a tener un debido acceso a la justicia…nota completa.
Alfredo Méndez