México, 18 de febrero (Reforma).- Un millar de familias han tenido que abandonar sus comunidades ante el acoso de la delincuencia organizada que les cobra derecho de piso, les secuestran o le asesinan a un integrante, denunciaron activistas de Guerrero.
Denunciaron que la mayor parte del estado el crimen organizado no da tregua a los ciudadanos, aún con la presencia de las fuerzas federales.
“Tenemos dos albergues en Chilpancingo con 200 familias en uno y alrededor de 350 en otro, pero eso sólo lo que tenemos ahí a la vista, no tenemos datos de familias comerciantes que han tenido que irse a otros estados o a otros países incluso huyendo de la delincuencia, están los pueblos abandonados por la gente que más o menos tiene dinero, pero para evitarse seguir siendo extorsionados tienen que huir”, lamentó René González Justo, del Frente Popular por el Desarrollo de Guerrero.
Indicó que esas familias pertenecen a las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte, Zona Centro, Acapulco, Costa Grande y la Sierra, que es donde se registra más actividad del crimen organizado.
“En las familias de Chilpancingo cada vez se vive más terror, y tenemos datos de más de 400 familias que han emigrado a otros lugares del país porque les han secuestrado o matado a sus parientes.
“Tenemos casos de dueños de restaurantes que los han matado a las afueras de su negocio porque no se dejó secuestrar o extorsionar, tenemos casos de comerciantes que se han negado a pagar el cobro de piso y prefieren huir de la ciudad”, expuso por su parte María Luisa Vargas, representante de empresarios y maquiladores en el estado.
“Aunque existe la presencia de la Gendarmería y el Ejército, el crimen sigue operando, la estrategia para salvar a Guerrero no está funcionando”, lamentó añadió González Justo.
Este grupo de ciudadanos anunciaron ayer en conferencia de prensa la creación de la Comisión de la Armonía para la Construcción de la Paz y el Desarrollo Sustentable de Guerrero.
Dieron a conocer que está integrada por más de 11 mil personas de 81 organizaciones sociales, enfocados a generar condiciones de gobernanza que permitan reducir los índices de corrupción, inseguridad e impunidad.
Entre los integrantes de la comisión figura Bruno Plácido, líder de la UPOEG, quien consideró que una de las fallas es que el Gobierno federal es dar importancia al combate a los cultivos ilícitos como la mariguana y la amapola.
“Y lo que se provoca es que esas plantas tengan mejor precio, y las plantas o productos que son lícitos se vienen abajo porque los campesinos ven más provecho en la droga, y al final nosotros, los de abajo, somos los que ponemos los muertos”, lamentó.
Benito Jiménez