México, 10 de diciembre (Reforma).- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó hoy un protocolo para guiar la actuación de jueces, magistrados y defensores públicos federales que conozcan de casos donde se presuma la existencia de tortura.
“El derecho a la integridad personal conlleva la prohibición de infligir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como normas de ius cogens, es decir, como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario”, sostuvo el Ministro Juan Silva Meza.
México, agregó, presenta una realidad legal con grandes avances en esta materia, pero una realidad concreta y práctica en la que autoridades siguen utilizando la tortura, según sostienen desde hace años organismos internacionales y locales de derechos humanos.
“Es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad”, dijo Meza.
El protocolo, que se pondrá a disposición de mil 250 juezas y jueces y magistradas y magistrados federales, y de 800 defensores públicos, contiene reglas de actuación dirigidas principalmente a jueces de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos que lleguen a su conocimiento, afirmó el Ministro Presidente.
En mayo pasado, la Primera Sala de la Corte publicó cinco tesis derivadas de un caso concreto, en las que fijó reglas que los jueces deben seguir cuando sospechen tortura, incluida la obligación de denunciar a los responsables.
Se trata del séptimo protocolo emitido por la Corte en los últimos años para guiar a los jueces en casos que involucren temas de derechos humanos o grupos vulnerables, aunque cabe mencionar que se trata de lineamientos no obligatorios.
El evento, al que asistieron integrantes de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, fue el último de este tipo encabezado por el Ministro, quien mañana jueves rendirá su informe final de labores.
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