México, 30 de septiembre (Reforma).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, llamó a dar un poderoso mensaje del Estado de Derecho en los casos de asesinatos en los Municipios de Tlatlaya e Iguala.
“Es un asunto que preocupa y esperaríamos que el mensaje sea un poderoso mensaje de Estado de Derecho”, señaló.
“Si no se actúa así, lo que se va a mandar es un mensaje de impunidad que afectaría enormemente la imagen de este País”.
Álvarez Icaza informó que la CIDH ya analiza el tema de las ejecuciones en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, pues le han solicitado intervenir para establecer medidas cautelares.
Sin embargo, dijo, este organismo internacional seguirá muy de cerca, pero intervendrá cuando las instancias locales se hayan agotado.
“El sólo hecho que se esté dando esta discusión de un escenario de posible ejecución extrajudicial o de ajusticiamiento es de la mayor, de la mayor gravedad, y es extraordinariamente importante que el Estado Mexicano mande un mensaje poderoso de investigación de justicia”, añadió luego de participar en el Foro sobre Movilidad Humana y Trato Igualitario en la Ciudad de México.
Álvarez Icaza se mostró preocupado porque no haya sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino los medios de comunicación y testigos quienes hayan puesto el tema en la agenda.
Asimismo, reprobó el asesinato de seis estudiantes normalistas en Iguala y la desaparición de al menos otros 58 jóvenes.
“En el caso de Iguala es gravísimo que se den condiciones donde servidores públicos hagan uso de la fuerza, donde termine con la muerte de personas. No es la primera vez que pasa eso en Guerrero, recientemente ha habido incidentes de esa naturaleza y tienen que tomarse medidas estructurales para garantizarse la no repetición de los hechos”, añadió.
El ex Ombudsman capitalino dijo que es fundamental que no se repitan estos hechos en el País, a fin de marcar una diferencia con la política pública de seguridad del sexenio pasado.
“El efecto no repetición es fundamental no sólo para generar un entendimiento de que la política pública de seguridad está en otro momento, con respecto al sexenio anterior, sino que se está en una lógica de garantizar el derecho de todas y todos y no generar mecanismos que quieren acercarse a la administración de venganza. Ese tipo de cosas son inaceptables en un Estado democrático de Derecho”, añadió.
Pide ONU aclarar caso Tlatlaya
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, pidió una investigación rápida e independiente sobre la presunta ejecución de 22 civiles a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
El Relator recordó que las muertes provocadas por excesivo uso de la fuerza, llevada a cabo sin los principios de necesidad y proporcionalidad, son consideradas como privaciones arbitrarias e ilegales de la vida.
“El Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, expresó en un comunicado.
“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
En dicho sentido, Heyns consideró correcta la detención de ocho soldados sospechosos de haber participado en las ejecuciones, puesto que es la dirección adecuada hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes.
Mirtha Hernández