México, 24 de septiembre (Reforma).- El Presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República.
Con este nuevo ordenamiento se prevé concretar la transformación de la Procuraduría General de la República en dicha Fiscalía.
Entregada a la Cámara este martes, la iniciativa del Ejecutivo señala que la ley define las facultades del Ministerio Público de la Federación y la organización de éste en una Fiscalía General.
En la ley se le confiere al MP y a las policías a su mando la función de investigación de los delitos y la potestad del ejercicio de la acción penal ante los tribunales.
Se establece que la organización del Ministerio Público en una Fiscalía General de la República, como órgano constitucional autónomo a cargo de un Fiscal General, todo ello conforme a los establecido en los artículos 21 y 102 de la Constitución.
En el texto, el Presidente Peña indica que las recientes reformas en materia procesal, penal, de derechos humanos, amparo y político electoral, evidencian la necesidad de una nueva ley que regule la Fiscalía General de la República.
“La iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía pretende crear una institución moderna, autónoma, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del Sistema de Justicia Procesal Acusatorio, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todas las personas, como particularmente del imputado y de las víctimas del delito”, indica el texto.
Se explica que se considera el proceso de transición por el que atraviesa el sistema de justicia penal en México, por lo que se propone una estructura en la Fiscalía que tenga un esquema funcional y organizacional que responda a las exigencias del Sistema Procesal Penal Acusatorio, desarrolladas en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se explican y se fortalecen tres aspectos fundamentales del sistema de procuración de justicia, el primero de ellos, la función de investigación y persecución de los delitos del Ministerio Público, al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República.
En segundo término, se robustece el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia procesal penal y otras que sean de su competencia, cita la iniciativa.
Finalmente, se agrega, la iniciativa intenta consolidar función del Ministerio Público de la Federación como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de delitos para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a sus derechos humanos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para el dictamen y a la Comisión de Transparencia y anticorrupción para opinión.
Claudia Salazar y Mayolo López