México, 13 de agosto (Reforma).- Organizaciones no gubernamentales se manifestaron a favor de la constitucionalidad de la geolocalización como una herramienta para el combate a la delincuencia.
Ante la intención del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de interponer una acción de inconstitucionalidad contra ese recurso, el Observatorio Nacional Ciudadano y Alto al Secuestro explicaron que sería improcedente dicha acción.
“La legislación mexicana que prevé esta figura es acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indicaron en un comunicado.
Aunque las organizaciones reconocieron la facultad concedida en febrero pasado al IFAI para emprender la acción, apuntaron que la propia Constitución establece que frente a los derechos humanos existen “obligaciones humanas”.
“Asimismo, el artículo 4 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece la limitación al derecho de protección de datos personales para salvaguardar la seguridad pública y los derechos de terceros”, insistieron.
A ello se suma el reconocimiento que hizo la Suprema Corte de que la geolocalización es un acto de investigación, que puede limitar el derecho a la privacidad pero también se justifica porque con ella se persigue interrumpir la comisión de un delito en curso, proteger los derechos de las víctimas y lograr la ubicación de las personas que están cometiendo el delito, añadieron.
“Hacemos un llamado para que las autoridades sean conscientes de que la geolocalización es una herramienta necesaria para utilizarse en beneficio de la sociedad, para combatir los delitos de alto impacto como lo son el secuestro, la trata de personas y la delincuencia organizada”, sentenciaron las organizaciones.
El pasado 7 de julio, Óscar Guerra, comisionado del IFAI, pidió a los diputados reconsiderar la aprobación del uso de la geolocalización en procesos de investigación contra el crimen, por considerar que compromete la protección de datos personales.