México, 7 de mayo (Reforma).- Un nuevo informe, respaldado por líderes políticos y cinco premios Nobel de Economía, que pide terminar con la guerra contra las drogas, asocia el aumento de la narcoviolencia en México con la política de interdicción que comenzó a aplicar Colombia en 2007.
El trabajo, organizado por LSE Ideas, un centro de estudios de asuntos internacionales de la Escuela de Economía de Londres (LSE, según sus siglas en inglés), hace hincapié en el enorme costo que la guerra contra las drogas generó en América Latina y afirma que ha llegado la hora de desarrollar una estrategia internacional para el siglo XXI.
“Aunque muchos analistas políticos han puesto toda la culpa de la reciente situación en México sobre las estrategias implementadas por Felipe Calderón, la investigación reciente muestra que una parte del aumento de la violencia y de las actividades de tráfico de drogas en México se explica por las políticas de interdicción exitosa implementadas en Colombia a partir en 2007”, afirma el trabajo, en un capítulo dedicado a la región.
El estudio estima que el 46 por ciento del aumento en los homicidios vinculados a drogas y el 21.2 por ciento de los homicidios en México se deben a la escasez de cocaína provocada por las políticas de Colombia.
La cifra surge de un modelo elaborado por tres economistas colombianos, Juan Camilo Castillo, Daniel Mejía y Pascual Restrepo, en un estudio presentado a principios de este año para el Centro para el Desarrollo Global. Mejía y Restrepo escribieron el capítulo sobre América Latina del informe de LSE Ideas.
Los autores explican la transferencia de la elaboración de cocaína desde Colombia a Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y el establecimiento en México de las bases de operación de los cárteles.
“El relativo éxito de Colombia terminó por transferir o desplazar las actividades de producción y tráfico a otro sitio”, indican.
Mejía y Restrepo sostienen que las políticas para reducir la oferta de drogas, en la mayoría de los casos, fracasan.
Los autores afirman que el creciente rechazo de América Latina a la guerra contra las drogas se debe a la pobre operacionalización de las políticas prohibicionistas, que han terminado transfiriendo los costos de los problemas generados por las drogas desde los países consumidores -Estados Unidos- a los países productores y de tránsito.
Su capítulo afirma que bajo una legalización completa, los países consumidores terminarían cargando la mayor parte de los costos asociados con el consumo de drogas.
Rafel Mathus
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