México, 27 de febrero (Reforma).- En 2012, en México ocurrieron un aproximado de 5 millones 994 mil 34 extorsiones, según el Análisis de la Extorsión en México 1997-2013.
El estudio realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) indica que, de las casi 6 millones de extorsiones, sólo 130 mil 781 se denunciaron ante la autoridad.
Desde 1997, la extorsión tuvo un incremento anual del 13.9 por ciento; en dicho año, se registró una tasa de extorsión de 0.90 por ciento por cada 100 mil habitantes.
En 2013, el año con mayor presencia del delito, la tasa fue del 6.79 por ciento.
Con un promedio de nueve extorsiones más en 2013 en comparación de 1997, añade el análisis, se comprueba que las autoridades no han acertado en atajar el delito de manera contundente por más de 16 años.
“La extorsión va a seguir creciendo porque es altamente redituable, y porque no requiere especialización como el trafico de drogas o secuestro”, explicó Francisco Rivas, presidente del ONC.
Por otra parte, acusó Rivas, las entidades no cuentan con cifras respecto al derecho de piso, tipo de extorsión en que comerciantes deben pagar una cuota para evitar daño a sus negocios o a su integridad física.
En 2013, indicó, sólo Baja California, Morelos, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Campeche dieron a conocer la cantidad de derechos de piso denunciados.
Entre las siete entidades, se contabilizaron 207 casos entre enero de 2012 y septiembre de 2013, según recoge el estudio.
“El número es bajo porque la gente tiene miedo de denunciar, porque la amenaza es suficientemente creíble. Es diferente que te marquen por teléfono, a ver que se aparece en tu comercio una persona armada”, agregó Rivas.
“La autoridad también debe asumir su compromiso en temas de corrupción. La cifra negra (de extorsiones no denunciadas) es casi del 98 por ciento; es una cuestión de desconfianza, porque la autoridad no hace lo suficiente para combatir la corrupción interna”.
Los extorsionadores, critica el ONC, también han aprovechado la debilidad del sistema financiero mexicano para la apertura de cuentas y cobro de depósitos.
Instituciones como Banco Azteca, Coppel o Elektra, señaló Rivas, carecen de candados suficientes para dichas operaciones, y hacen uso de varias credenciales de elector falsificadas para cobrar el pago de las extorsiones sin riesgo alguno.
“Requerimos un fortalecimiento de la política dentro de la Comisión Nacional Bancaria y del IFE, para que se garantice que tengan mayor seguridad en cómo van a estar operando y previniendo estos casos”, agregó el presidente de la ONG.
Diana Baptista
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