México, 6 de enero (Reforma).- El Gobierno federal favorecerá el rubro de infraestructura en la implementación de la reforma constitucional en materia penal.
La mayor parte de los recursos aprobados para este 2014 se prevé que más del 80 por ciento- serán destinados a la construcción, remodelación, adecuación y equipamiento de instalaciones estatales, ya sea juzgados, salas de juicios orales, oficinas del Ministerio Público, entre otras.
La Cámara de Diputados dispuso de un presupuesto de 5 mil millones de pesos para la instauración del nuevo sistema de justicia en las entidades federativas, que deberá estar en operación a más tardar en 2016.
Adicionalmente, asignó 976 millones 543 mil pesos al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia (Setec), de la Secretaría de Gobernación, para el otorgamiento de subsidios.
La Segob deberá emitir este mes los lineamientos mediante los cuales se establecerán los requisitos y procedimientos para que las entidades puedan acceder a la primera bolsa.
En tanto, el otorgamiento de los subsidios estará sujeto como en años previos- a la aprobación de los proyectos presentados a la Setec por las propias entidades.
María de los Ángeles Fromow, titular de la Setec, informó que se elaborará un diagnóstico nacional de infraestructura para conocer a detalle las necesidades locales y el presupuesto que se requiere para cubrirlas.
“Este diagnóstico nos generará información técnica de lo que verdaderamente se necesita construir nuevo, lo que se necesita remodelar, lo que se puede reutilizar y qué otros puntos podemos adecuar.
“Vamos a empujar fuertemente el tema de la infraestructura a partir del diagnóstico que hicimos, concretamente la Setec y las entidades federativas, a través de los órganos incrementadores”, indicó.
La importancia de apostar por la infraestructura, explicó, estriba en que las obras “muchas veces” tardan entre un año y 18 meses desde la elaboración de los proyectos ejecutivos hasta la concreción de las mismas.
En entrevista, Fromow explicó que el presupuesto etiquetado será fortalecido con recursos de otras fuentes de financiamiento como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y el DF (FASP).
Garantizó que la Setec mantendrá un diálogo abierto con las entidades para definir los proyectos de manera bilateral y coadyuvar al ejercicio de los subsidios en tiempo y forma, para evitar subejercicios y devoluciones.
“Buscamos que el presupuesto no sólo sea ejercido de manera adecuada, sino que esté direccionado eficientemente para los momentos de implementación que están viviendo en cada entidad”, añadió.
Invierten estados vía FASP
Las entidades deberán destinar una parte de los recursos que reciban de la Federación vía Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP) en la implementación de la reforma penal.
Así lo dispuso el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tanto en los “Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del FASP”, como en el Catálogo de Bienes y Servicios del mismo Fondo.
“Mediante la instrumentación de mecanismos rectores de profesionalización en el sistema de seguridad pública y justicia penal (…) se buscará aplicar el sistema de justicia penal de manera coordinada, homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio”, se lee en el Catálogo.
El documento establece que la inversión en la reforma constitucional de 2008 no podrá encaminarse únicamente al ámbito judicial, sino también a operadores de las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de Gobierno.
En tanto, los “Criterios” disponen que el FASP se distribuya -para lo concerniente al nuevo sistema de justicia- en función del nivel de avance de la reforma, que se mide en cuatro etapas: inicial, planeación, entrada en vigencia y operación (parcial y total).
A más de cinco años de la aprobación de la reforma, sólo en tres estados (Chihuahua, Estado de México y Morelos) la operación del modelo acusatorio-oral es total, y en otras 15 entidades es parcial.
El FASP, que este año cuenta con 7 mil 921 millones, también se destinará a otros rubros como sistema penitenciario; reclutamiento, formación, evaluación y depuración de Policías; así como equipamiento, construcción y mejoramiento de instalaciones para seguridad y justicia.
Antonio Baranda
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