México, 30 de mayo (Milenio Diario).- A toda acción existe una reacción: es una ley de la naturaleza que establece que el cambio genera procesos y nada queda igual. En política y las instituciones sucede lo mismo.
La decisión del jefe supremo de las fuerzas armadas en México, al decidir la participación directa del Ejército y la Marina en la lucha contra la delincuencia organizada, generó, indiscutiblemente, procesos de transformación interna y directa dentro de las fuerzas armadas de México.
Una de ellas fue su relación con la sociedad al asumir papeles policiales que cuestionan hoy el fuero militar, acusaciones de violación a los derechos humanos de la población civil y la politización de los mandos del Ejército al quedar envueltos dentro de la disputa por el poder en el país.
Lo mismo en esencia decidió Gustavo Díaz Ordaz para reprimir el movimiento de 1968, considerado un movimiento antipatriótico, subversivo y que ponía en peligro la unidad y la estabilidad política en México. De ello hubo balances desde la esfera de lo político y el mismo Ejército, que tuvo que replegarse, luego de la participación en la guerra sucia y la descomposición de un sector del Ejército que, ese sí, terminó cambiando secretos de Estado por impunidad.
Hay diferencias totales entre el movimiento estudiantil de 1968 y lo que hoy se define como “crimen organizado” —entre ambos—, nada que ver. Donde no hay diferencia es que en ambos casos se ha pretendido justificar la intervención directa de las fuerzas armadas como policías, basadas en la aplicación de una versión de la seguridad nacional, que para muchos expertos es obsoleta por ser del uso de la fuerza y estar en manos de quienes tienen como objetivos intereses políticos por encima de la seguridad interior y la soberanía.
En este contexto de violencia, masacres, paramilitarismo e infiltración, el Ejército y la Marina viven las consecuencias de haber incursionado en el terreno de la política-política y haber convertido la guerra gubernamental en la “extensión de la política por otros medios”, como dijera Clausewitz.
De la misma manera que es incorrecto que los analistas políticos se conviertan en fiscales y jueces para determinar culpabilidad o inocencia, es irresponsable que el Presidente de la República convierta un proceso en una condena. El caso de la detención y arraigo del general Tomas Ángeles Dauahare y otros tres militares de alto rango, calificado ya por analistas e investigadores de las fuerzas armadas como “una purga”, se inscribe dentro de las consecuencias de la decisión de Felipe Calderón para lanzar al Ejército a esa tarea que cambia su esencia y lo hace vulnerable ante la sociedad, porque también a ella la divide y la enfrenta.
Según la información pública, Ángeles era investigado desde 2010. Si así era, ¿por qué al momento de detenerlo y presentarlo ante la PGR no fue consignado con base en las pruebas que tanto la justicia militar como la civil debieron haber reunido en dos años? ¿Lo que no hicieron en 24 meses lo harán en 40 días, que se vencen previo a las elecciones? ¿Por qué, siendo tan celoso el Ejército de su fuero militar, en este caso fueron presentados de manera inmediata a la autoridad civil, pero sin poder consignarlos?
Llaman la atención diversas opiniones sobre la trayectoria y personalidad del general Tomás Ángeles, cuyos antecedentes en el Ejército son la academia, como director del Colegio Militar, director del Instituto de las Fuerzas Armadas y juez militar que condenara al general Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo por sus vínculos con el narcotráfico. En contraste, el primero fue absuelto y además condecorado, simbolizando en la actualidad, con su regreso, los códigos negros de las acciones ilegales al servicio del Estado policial.
En torno a estas detenciones, en particular la del general Ángeles por su trayectoria, existe duda razonada sobre las acusaciones, pues no es la primera vez que éstas resultan sin fundamento.
En ese sentido, pareciera que más que una depuración de las fuerzas armadas, existe un proceso de división donde muchos militares de carrera hoy son llamados a retiro anticipado y que la prisa presidencial es la construcción de una nueva élite, forjada en esta guerra, cohesionada por los beneficios económicos que da la inseguridad y donde parece también que se juega una nueva relación del Ejército con los organismos de seguridad de Estados Unidos, donde el concepto de soberanía de México ha sido un obstáculo para su instinto intervencionista.
En el caso de Tomás Ángeles Dauahare y cada uno de los otros militares acusados, hasta que no existan pruebas claras que los acusen, son inocentes; por tanto, las declaraciones presidenciales prejuzgándolos son irresponsables e inciden en la coyuntura política, sembrando la división y, con ello, el equivalente a una derrota institucional.
Marco Rascón
De Monstruos y Política
Opinión
Milenio Diario