México, 30 de mayo (Milenio Diario).- Conforme avanza el tiempo y corre el plazo de arraigo de los generales Ángeles Dauahare, Escorcia Vargas, Dawe González y del teniente coronel Hernández Soto, crecen las voces de indignación de militares retirados y en activo.
El teniente coronel Gustavo Valle y del Peral se pregunta si la Secretaría de la Defensa Nacional aplica o no los exámenes de confianza a sus funcionarios y mandos. Si es así, se contesta, ¿cómo gente de tan alto nivel los pasó y ahora resultan involucrados con el crimen organizado? Si no los aplica, ¿cuántos elementos más de alta jerarquía estarán implicados?
El teniente coronel Hernández Soto, del arma de caballería, fungió como parte del cuerpo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador en 2006, y después fue un mando policiaco. ¿Tampoco presentó su examen?
El Presidente, después de todo, se equivocó de con quién había que quedar bien. Hace unos días, Calderón “casi los juzga y los declara culpables”. Sea quien sea, caiga quien caiga, lo raro es que quien es y quienes caen son militares, es decir, los que durante su sexenio se han partido la madre para mantener el país a flote y a él también.
La organización de derechos humanos Oikos sostiene que Felipe Calderón anda desesperado en estos últimos días de su mandato sangriento, echándole culpas a los “priistas” por sus relaciones con el narco.
La realidad es que el grave riesgo de tener a militares de alto rango en arraigo, es que pudiese tomarse como si el Presidente buscara descargar su propia responsabilidad, amén del reto a la sociedad para que lo acusen, ya que en estos tiempos electorales es recurrente escuchar la supuesta denuncia ante la Corte de La Haya por “genocidio” contra Calderón Hinojosa.
El problema inició —según algunos enterados— con Jesús Reyes Heroles, hoy un prohombre, quien creó el Frankenstein de la partidocracia y quien influyó para que José López Portillo “privatizara” a Nacional de Drogas (Nadro), que estuvo bajo resguardo del Ejército mexicano desde la Primera Guerra Mundial. Para muchos, ahí nació el control priista por mantener administrado y a “raya” al narco en nuestro país.
Política o conciencia El general de división Tomás Ángeles Dauahare es un “preso político, un preso de conciencia”, el de mayor jerarquía en la historia militar del país, y el de mayor peso en muchos sexenios. Lo anterior lo declara José Antonio Ortega Sánchez, el nuevo abogado defensor acreditado ante la SIEDO. Y no solo lo asegura, sino que reta que acudirá a organismos de derechos humanos para denunciar el caso.
En opinión de su defensor, el general Tomás Ángeles es “el de mayor nivel en los últimos tiempos del México moderno, que haya sido arraigado sin ninguna prueba, y que se ha mostrado públicamente, por unos presuntos vínculos con el narcotráfico. Eso es una mentira”. En sus palabras, Ángeles “no es un delincuente”. Todo lo contrario, se trata de “un militar de carrera, con más de 45 años dedicados al país, con las más altas condecoraciones dentro del Ejército mexicano y con una tradición militar que viene desde su tío abuelo. Ángeles Dauahare es sobrino nieto del general Felipe Ángeles.
Al triunfo de Vicente Fox se dejó sentir esa animadversión contra el Ejército mexicano, cuando con motivo de su toma de posesión, representantes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en coordinación con los funcionarios cercanos al nuevo presidente, seleccionaban el lugar para presenciar el desfile; uno de los muy allegados a Fox externó que el Zócalo le parecía pequeño para meter a tanto militar involucrado en el narcotráfico. Nunca imaginó (quien lo dijo) que ese gobierno iba a ser el responsable de la fuga del Chapo Guzmán en circunstancias que hasta la fecha mantienen en la opinión pública la certeza de que fue producto de la corrupción de funcionarios del propio gobierno foxista; como tampoco se imaginaron los panistas que los pocos éxitos de ese gobierno se los deberían principalmente a las fuerzas armadas.
Hoy parece que ha aflorado esa aversión panista contra las fuerzas armadas, no porque se persiga a los delincuentes con uniforme, sino por el escándalo que se propicia sin tener pruebas contundentes que ameriten el obsequio de las órdenes de aprehensión en un primer término y posteriormente una sentencia.
Solo nos resta esperar para conocer las pruebas que presentará el Ministerio Público contra los hoy arraigados y del resto que, según se dice, se encuentran sujetos a investigación.
Jorge Ibarrola
Fuerzas Armadas
Opinión
Milenio Diario