México, 30 de diciembre (Reforma).- A través de observatorios ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades locales y federales evaluarán la eficacia del nuevo sistema de justicia penal.
Estos organismos analizarán, por ejemplo, el número de denuncias, las averiguaciones previas iniciadas frente a las consignadas, así como las sentencias condenatorias dictadas.
REFORMA publicó ayer que en México existe un alto índice de impunidad, pues por cada 100 denuncias del fuero común, únicamente siete se traducen en una condena judicial, según datos oficiales.
Esto implica que hay un 93 por ciento de casos de impunidad en homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones, robos y delitos patrimoniales.
La creación de los observatorios fue concertada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y organizaciones como Alto al Secuestro, Renace, México SOS y México Evalúa, en el marco de la instauración de la reforma penal.
De acuerdo con el proyecto, se medirán además los tiempos de atención y actuación de las autoridades ministeriales y judiciales.
También se harán encuestas para conocer la percepción de los acusados sobre sus propios procesos, así como índices sobre el comportamiento de policías, ministerios públicos y jueces.
Observatorios de este tipo ya funcionan en Nuevo León y Chihuahua, por lo que éstos servirán de base para replicar y extender el modelo a nivel nacional.
Con este proyecto, las ONGs buscan “mapear” la justicia penal al tiempo que apoyarán la implementación de la reforma en la materia, e incidirán en el mejor desempeño de los actores.
Otras acciones que convinieron con la Segob son realizar acciones difusión de la reforma y participar en actividades de capacitación, a partir de 2014.
También harán estudios de campo que revisen el funcionamiento del modelo, actuarán como canal de comunicación con los ciudadanos y sugerirán medidas preventivas o correctivas.
Para las organizaciones, el sistema penal acusatorio-oral representa una transformación positiva en la calidad de la justicia penal y en la transparencia de los procesos.
“Se torna necesario y conveniente que la sociedad civil se incorpore de manera más activa en la implementación del nuevo sistema, con el fin de apoyar en esa ardua labor y poder ser un canal de comunicación y sensibilización entre la sociedad y las autoridades.
“Ahora se requiere reunir esfuerzos ciudadanos que coadyuven a la óptima implementación y debida operación del nuevo sistema de justicia penal en todo el País”, se lee en la Declaratoria Ciudadana a Favor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, signada el 19 de diciembre.
Reconoce Segob ineficacia
La Secretaría de Gobernación reconoció que la falta de eficacia en el sistema de justicia deriva en violaciones a los derechos humanos y faltas al debido proceso.
En un diagnóstico, la dependencia sostuvo que existe opacidad, corrupción y desconfianza hacia las autoridades encargadas tanto de la administración como la procuración e impartición de justicia.
“Lo anterior evidencia las limitaciones y carencias del sistema de justicia penal para garantizar a la sociedad el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.
“Esto ha representado para nuestro País una limitante para alcanzar el pleno Estado de Derecho, en el que se respeten las leyes y se brinde certidumbre jurídica a toda la población”, indicó la dependencia en su estudio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal 2012, el 49 por ciento de la población considera que las leyes no se cumplen.
Los principales problemas son corrupción, tardanza e impunidad, factores por los cuales el promedio nacional del nivel de confianza en la justicia está por debajo del 15 por ciento.
Para hacer más eficaz la procuración e impartición de justicia, y contar con un sistema efectivo, la Segob marcó como prioritario implementar la reforma constitucional en materia penal.
Antonio Baranda
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