México, 17 de noviembre (Reforma).- Abogados del País se resisten a aceptar la reforma penal.
Por ignorancia, falta de preparación o incluso porque lucran con el actual sistema inquisitorio, este gremio se ha convertido en un obstáculo para el cambio, alertaron especialistas.
En algunos casos, los abogados se han resistido a ser capacitados.
En otros han escrito artículos o libros en contra de la reforma, no han cooperado con su implementación o han llegado a dar charlas a estudiantes de Derecho contra los llamados juicios orales.
En entrevista con REFORMA, José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, trazó un negro panorama.
Aseguró que los abogados dedicados al litigio penal parecen no tener claridad sobre el tamaño del cambio cultural que implica el nuevo sistema, previsto en la Constitución desde 2008.
“Más nos vale reaccionar como profesión y empezar a hacer un ejercicio de adecuación de tantas cosas, no es fácil porque la profesión está muy desarticulada, las escuelas de Derecho proliferan alegremente, no tenemos los sistemas registrales, los sistemas de afiliación, entonces es una profesión muy descentralizada.
“Pero si no empieza a haber reacciones específicas de diplomados, maestrías, para adquirir habilidades en el juicio, yo creo que esto no va a caminar”, dijo en entrevista.
A unos días de cumplir 10 años como Ministro de la Primera Sala de la Corte, Cossío, de 53 años, ve preocupante la proliferación de más de 2 mil escuelas de Derecho con reconocimiento de validez de estudios, la gran mayoría de las cuales no están capacitando a los estudiantes para enfrentar el nuevo sistema.
También rechaza los pretextos que se han dado para postergar el cambio, entre ellos, la falta de recursos económicos y, últimamente, que aún no se aprueba el código procesal único que fijará las reglas a nivel nacional.
“Creo que Gobierno, legisladores, escuelas de Derecho, barras y colegios, siguen suponiendo que basta con que se transformen los jueces para que todo se transforme, ese es el error de origen”, explicó.
“No hemos podido socializar que es una reforma cultural gigantesca que nos va a afectar a todos muchísimo”.
Y si el sistema no funciona, o se realiza una simulación como la que, según sus críticos, se presenta en entidades como el Estado de México, la justicia federal tendrá que empezar a conceder amparos a delincuentes que no fueron juzgados con las reglas que prevé la Carta Magna.
Para Cossío, la reforma penal implica la adopción de un sistema mucho más sofisticado y exigente, que requiere nuevas habilidades de todos los actores, porque a fin de cuentas las pruebas y testimonios se tienen que desahogar en una audiencia oral, pública y adversarial.
“Los abogados de este País nos hemos construido para escribir, abogados y jueces, aunque lo hagamos en general muy mal.
“Porque luego se quejan los litigantes de nuestras sentencias, también los jueces podríamos quejarnos de sus escritos, demandas y alegatos”, apuntó.
Según Jorge Nader Kuri, ex director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, hay abogados que creen que perderán oportunidades laborales con el cambio.
Otros, dijo, tienen dudas jurídicas sobre su eficacia.
“Los abogados se resisten a cambiar de mentalidad porque ya tienen una formación jurídica y cultural a la que se han dedicado durante muchos años: ya conocen sus vicios, sus recovecos, y han ganado dinero con ellos”, opinó Nader Kuri.
En el actual sistema, coincidió María Teresa Paredes, docente certificada en el sistema acusatorio, hay abogados que abusan de sus clientes para obtener más dinero e incluso llegan a alargar los juicios.
Víctor Fuentes y Diana Baptista
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