México, 27 de agosto (Reforma).- La Procuraduría General de la República decidió revisar cada uno de los expedientes de los más de mil 300 agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) despedidos durante el sexenio pasado, para verificar la legalidad en la aplicación de los exámenes de control de confianza.
El subprocurador de Delitos Federales, Renato Sales Heredia, recibió hoy a una delegación de agentes despedidos y se comprometió a la revisión jurídica de los procedimientos aplicados, dijeron agentes y ex elementos de la corporación.
“Hoy hablamos con el subprocurador Renato Sales, nos dijo que pasáramos lista y pasáramos información y lo dotáramos de ideas para ver qué se podía hacer en apoyo a la gente, porque esta Administración es nueva y tiene conocimiento de las cosas.
“Está comprometido y (la reunión de) hoy fue en respuesta a un plantón que hicimos el 2 de agosto, nos dijo que el Procurador le comentó eso, que están en el mejor plan para revisar nuestros casos”, dijo en entrevista el agente David Islas, durante una manifestación de más de 100 de sus colegas y ex compañeros.
De acuerdo con el representante de los inconformes, el planteamiento que hicieron a la PGR es darle una salida legal al problema de los despidos, mediante la aplicación del artículo 54 de la Ley Orgánica de la PGR, como ya ha ocurrido en varios casos.
Algunos agentes separados del cargo han regresado a laborar porque fueron despedidos tras la aplicación de 5 exámenes y no 7, mientras que el apartado legal citado exige que todas las evaluaciones sean valoradas de manera conjunta, salvo la prueba toxicológica.
Islas explicó que, si el Consejo de Profesionalización de la PGR autoriza esta solución, la autoridad es la que tendría en sus manos la decisión de llevar a cabo una reevaluación de los policías o una reprogramación de sus exámenes pendientes.
El agente dijo que durante la Administración pasada se registraron mil 300 separaciones del cargo en la PFM, la mayoría en la gestión de la Procuradora Marisela Morales Ibáñez. De ellos, unos 200 trabajan con suspensiones de amparo.
Para los inconformes, la situación es cuesta arriba, debido a que en el 2008 fue reformado el Artículo 123, fracción B, apartado 13 de la Constitución, que estipula que no se pueden reinstalar a los agentes federales que sean separados del puesto, sin importar que ganen un litigio.
Los agentes informaron que en dos semanas también llevarán a cabo una manifestación en la Cámara de Diputados, para exigir que se legisle contra este artículo que aseguran los tiene en estado de indefensión.
Abel Barajas
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