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México, 24 de agosto (Reforma).- En 11 meses, la persecución a nivel federal de individuos en posesión de mariguana, cocaína, heroína, LSD o metanfetaminas ha disminuido aproximadamente 49 por ciento, revelan datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde julio de 2012, el número de averiguaciones previas por delitos contra la salud (incluyendo la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión de sustancias ilícitas) se redujo en un 48.68 por ciento, al pasar de un promedio mensual de 3 mil 962 averiguaciones, a 2 mil 33.
De julio de 2011 a junio de 2012, se registraron 28 mil 892 averiguaciones previas por posesión de drogas, mientras que, en el periodo de julio de 2012 a junio de 2013, se contabilizaron 8 mil 375 averiguaciones, una disminución correspondiente al 71 por ciento.
Corina Giacomello, especialista del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, estimó que la reducción obedece a las leyes enfocadas a la despenalización del consumo de sustancias ilícitas.
“Se ha reducido el número de detenidos por la posesión de pequeñas cantidades de drogas, aunque aún se requieren reformas para aumentar las dosis permitidas”, indicó en entrevista.
“Ya no se procede en contra de personas encontradas en posesión de drogas para el consumo, y los delitos se están persiguiendo a nivel local, como lo establece la reforma de 2009, que despenalizó la posesión de ciertas cantidades de droga, y dejó a las autoridades estatales la facultad de perseguir los delitos relacionados con tráfico de drogas”, explicó.
Y es que las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, y al Código Federal de Procedimientos Penales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, despenalizaron la posesión para consumo personal de 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 2 gramos de opio, 5 gramos de cannabis o mariguana, y 400 miligramos de metanfetamina.
“Si comparamos las cantidades, con aquellas de otros países, Colombia, por ejemplo, o Portugal, que es el caso por antonomasia de despenalización absoluta, vemos que las cantidades son muy bajas, e incluso irreales. Es muy difícil establecer una compra de sólo medio gramo de cocaína, cuando normalmente el consumidor va a ir a comprar al menos un gramo, y esa cantidad ya rebasa la cantidad prevista por la tabla”, señaló la investigadora.
Llevar a la cárcel a actores no violentos, con penas de 10 a 15 años, implica un costo social y económico que podría ahorrarse mediante una despenalización absoluta de posesión y consumo, aseguró Giacomello.
Según la investigadora, detener por completo la persecución de consumidores ocasionales contribuiría a disminuir la sobrepoblación del 23 por ciento dentro del Sistema Penitenciario federal donde, según cifras de enero del 2013, el 79.58 por ciento de las personas se encuentran recluidas por delitos del fuero común, incluyendo delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.
“La propuesta es que el Gobierno federal haga un proceso de revisión de su legislación actual, para medir realmente el impacto de la legislación, y qué tanto se criminaliza a consumidores, pequeños vendedores, y mulas del narcotráfico.
“Hay que mejorar el régimen de despenalización, porque se está capturando a los sujetos secundarios, que realmente no son los grandes traficantes”, abundó.
Aunque la despenalización ha reducido el número de personas perseguidas por la posesión de pequeñas cantidades de drogas, ahondó Giacomello, los operativos contra el narcomenudeo aún representan la mayor parte de las acciones de Procuradurías locales, por lo que se necesita un cambio en el enfoque punitivo de la estrategia de seguridad.
Diana Baptista
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