México, 11 de agosto (Reforma).- El esquema de depuración policial del País asoma al fracaso.
A decir de organizaciones civiles, la evaluación a agentes que inició en enero de 2010 no sólo opera con retraso, sino que ha resultado costosa e ineficaz y debe modificarse.
De entrada, para cumplir con el plazo fijado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), tendrían que aplicarse exámenes a un ritmo de 66 policías por hora, sin pausa, hasta finales de octubre.
Sin embargo, hasta ahora, han sido certificados 10 agentes por hora a nivel nacional si se considera que el proceso de depuración inició en enero de 2010.
Un informe del Secretariado Ejecutivo del SNSP entregado el pasado miércoles a senadores indica que, con corte al 30 de junio, se han evaluado 326 mil 463 elementos estatales y municipales.
Esto significa apenas un 63 por ciento del total fijado para el próximo 28 de octubre.
Además, el costo unitario promedio por certificación o batería de pruebas fluctúa entre los 4 mil y los 5 mil pesos, según han reportado las entidades.
Por tanto, el Estado ha erogado en su conjunto para este fin entre mil 780 millones y 2 mil 200 millones de pesos.
María Elena Morera, de Causa en Común, afirmó que la depuración policial, tal como está planteada, es costosa y se queda corta.
“Los exámenes, en sí mismos, no son suficientes porque tienen que estar conectados a asuntos internos, a ingreso, profesionalización y despidos”, consideró.
Tanto Morera como Orlando Camacho, director de México S.O.S., coincidieron en la necesidad de replantear la política de evaluación policial, a fin de contar con un modelo más práctico, eficiente, ágil y útil.
“Tenemos que replantearnos la forma de aplicar controles de confianza, tal vez un nuevo modelo que nos sea más útil, más práctico y más beneficioso para la población y para la institución que representa la Policía, que al final del día es el objetivo, lo que queremos es una mejor Policía”, dijo Camacho.
El activista consideró que el esquema de certificación actual no está “jalando” eficazmente, debido a factores como la alta rotación en las corporaciones y la falta de incentivos laborales para los elementos.
“Supongamos que ya confías en el policía que le aplicaste la prueba y en el mejor de los casos sigue en la corporación, pero después de cuánto tiempo le vuelves a aplicar ese control de confianza, ¿en ese tiempo va permanecer inmaculado? Es una complicación”, apuntó.
Camacho planteó la realización de un diagnóstico integral e incluyente de esta política.
“Creo que tendríamos que pensar en un modelo mucho más sencillo, a lo mejor no de tantas pruebas, o de pruebas tan largas y tan costosas”, agregó.
En tanto, Morera consideró que la certificación policial aunque necesaria, debe vincular también exámenes de conocimientos, políticas de asuntos internos y acciones de profesionalización.
“Actualmente no están conectados, entonces en realidad nada más tenemos un pedacito del esquema que, si bien hay que seguirlo adelante, no es suficiente que siga solo; si no se conectan en realidad nunca vamos a saber si mejoramos”, dijo.
Evalúan eliminar plazo
La senadora Iris Vianey Mendoza dijo que existe coincidencia en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta sobre la pertinencia de eliminar el plazo fatal que establece la ley para certificar al total de elementos de seguridad pública que hay en el País y que fue fijado para para el próximo 28 de octubre.
En entrevista, la perredista aclaró que ello no significa que vaya a desaparecer el esquema de exámenes de control de confianza, que calificó de costoso, pero necesario para contar con policías y corporaciones confiables.
“No se ha tomado una decisión aún, esperamos cierta información de parte del Gobierno respecto a alternativas. Sí tenemos que mantener la evaluación porque tenemos que encontrar a los mejores policías, hay que estarlos evaluando de manera permanente, aunque sí es costoso.
“Es complejo tener un plazo fatal, yo creo que en ese sentido coincidimos la mayoría, si no es que todos los integrantes (de al comisión) en que debemos eliminar el transitorio en la ley”, comentó la secretaria de la Comisión de Seguridad.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fijó inicialmente -en uno de sus artículos transitorios- el 3 de enero de 2013 como fecha límite para que el total de integrantes de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia fueran sometidos a las evaluaciones.
No obstante, en diciembre de 2012 se reformó dicho artículo para prorrogar el plazo 10 meses más, por lo que la fecha pasó al 28 de octubre de este año. Al 30 de junio se había evaluado al 98 por ciento de agentes federales y apenas al 63 por ciento de los elementos locales.
“Desde mi perspectiva debemos ajustar la norma para obligar la evaluación permanente, continua, con etapas y plazos, pero no con una fecha fatal, y que se estén rindiendo informes por lo menos cada seis meses.
“Es un tema (avance de certificación) que a veces no está en manos de los elementos ni en la de los alcaldes, incluso de algunos gobernadores, tiene que ver con la complejidad del examen y que no contamos con los expertos suficientes para desarrollar este examen”, comentó.
Vianey Mendoza señaló que en el seno de la Comisión de Seguridad también existe disposición e interés de buscar un nuevo modelo de certificación policial más viable y menos costoso.
Explicó que una de las propuestas concretas es aplicar exámenes diferenciados -y no la batería completa de 5 de pruebas- en función de la responsabilidad de cada servidor público evaluado.
“No tenemos todavía una propuesta formal del Gobierno en ese sentido, pero sí hay toda la disponibilidad de los integrantes de la comisión de buscar un modelo más viable. Habremos de reunirnos este tema y el del plazo que marca la ley.
“La aplicación de exámenes vale la pena, vale la pena tener elementos certificados más allá de lo costoso y lo complejo que es; evaluando el costo beneficio vale la pena que se realice el examen”, agregó.
Con información de Antonio Baranda

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