México, 2 de agosto (Reforma).- Las Cortes de Drogas dejarán de ser un programa piloto para convertirse en una política de gobierno de alcance nacional.
La Secretaría de Gobernación comenzó los trabajos de expansión de este modelo oficialmente denominado de Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA), con el que se pretende despresurizar las cárceles, descongestionar los juzgados y brindar una segunda oportunidad a reclusos primodelincuentes.
El objetivo a corto plazo de la Segob es habilitar al menos un TTA en los estados donde ya opera el nuevo sistema de justicia penal (Morelos, Estado de México y Chihuahua), y en entidades “estratégicas” como el Distrito Federal, Durango y Baja California.
“En un segundo bloque se considera trabajar con las entidades que están avanzando de manera decidida con el modelo acusatorio-oral, como Zacatecas y Oaxaca, para que estén operando en un plazo máximo de dos años.
“Y en un tercer bloque se planea avanzar con el resto de los estados aprovechando las transición del sistema penal que todas las entidades están obligadas a realizar para junio de 2016”, explicó Xiuh Tenorio, director de Participación Ciudadana de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.
El programa busca la rehabilitación de los internos que, por primera vez, cometieron un delito no grave bajo el influjo de las drogas o el alcohol, a cambio de que se sometan a un tratamiento de desintoxicación en libertad.
Tiene una duración de 18 meses como mínimo y se efectúa bajo supervisión judicial directa y periódica, a través de un esquema de coordinación entre los sistemas de salud, seguridad y justicia estatales.
Las sesiones se realizan en salas de audiencia oral, con los participantes y sus familiares, en las que públicamente se exponen los resultados de evaluaciones e informes de seguimiento sobre cada voluntario.
Los TTA son impulsados por el Gobierno federal en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, con recursos de Iniciativa Mérida y el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.
La expansión
Xiuh Tenorio, quien viajó a EU a conocer el modelo, consideró que la expansión de este programa no requerirá inversiones cuantiosas en materia de infraestructura, pues cada estado aprovechará los espacios (salas) que se habiliten para instaurar la reforma constitucional penal.
En entrevista, explicó que las inversiones más fuertes corresponderán a la capacitación de operadores y el tratamiento de adicciones, rubros en los que, confió el funcionario, apoyará el Gobierno estadounidense a través de Iniciativa Mérida.
“Para estas dos partes hemos solicitado recursos de la Iniciativa Mérida y por los resultados que se han tenido en Nuevo León creemos que no va haber problema en que la solicitud del Gobierno mexicano sea aprobada y respaldada en el corto plazo, para avanzar con la rapidez que se busca.
“Hay un monto aprobado al pilar 4 de la Iniciativa Médica (construir comunidades fuertes), que son 40 millones de dólares, y dentro de esos recursos es que ya hicimos la propuesta de seguir fortaleciendo el tema de los tribunales de tratamiento”, consideró.
Tenorio señaló que en el ámbito internacional se calcula que el costo anual de un programa de TTA oscila, por persona, entre mil 800 y 4 mil 400 dólares, mientras que un año en prisión cuesta de 20 mil a 30 mil dólares.
“Si lográramos tener al menos un Tribunal por entidad en el País, calculamos que habría unas 3 mil 200 personas al año que se evitaría que llegaran a la cárcel; el beneficio no sólo es económico, también se impide que los primodelincuentes se mezclen con otro tipo de criminales.
“Además, enfrentan su proceso en libertad, no rompen el vínculo familiar y tratan su adicción”, agregó.
Antonio Baranda
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