México, 1 de agosto (Reforma).- Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto no se han presentado políticas públicas orientadas al combate al crimen organizado que se diferencien de aquellas planteadas el sexenio pasado, aseguró el investigador Eduardo Lozano Tovar.
Tras la presentación de su libro “Política criminal aplicada. El aspecto material de las políticas públicas contra la delincuencia en México”, el experto en criminología reprochó que el Gobierno mexicano continúe con una lógica de confrontación contra grupos criminales, en lugar de trabajar políticas públicas, a cargo de diferentes instituciones, que disminuyan la violencia.
“No hay políticas públicas transversales para bajar el crimen y, las que hay, no lo han bajado. No existe un orden constitucional que nos diga hasta dónde debe llegar el sistema punitivo del Estado, en un país donde el Ejército y las policías reprimen y sancionan. No existen políticas contra el crimen, que nosotros llamamos políticas criminales, adecuadas al mismo Estado”, criticó el académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
“El Estado no ha dejado claro cuáles son sus políticas criminales. ¿Solamente sacar al Ejército a las calles? ¿Y luego?”, cuestionó.
Es imperante un equilibrio en las estrategias de Gobierno, explicó, en los cuales el gasto público de la prevención sea equiparable al dedicado al control, y la información sobre seguridad pública sea transparente y confiable.
Asimismo, es necesario brindar una atención prioritaria a los individuos con mayor riesgo y vulnerabilidad social, indicó, quienes forman parte de las filas de la delincuencia.
“Un ejemplo es la falta de espacios para captar a jóvenes adictos propensos a delinquir; personas enfermas que deben de tratadas como tal, y no bajo cuestiones de orden policial. La política criminal tiene que alejarse de ser un problema policiaco, y tratarse como un problema de orden social”, informó Tovar quien se desempeñó como asesor del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala.
Diana Baptista
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