México, 12 de junio (Reforma).- El Congreso aprobó en comisiones dos exhortos para que el Gobierno federal rinda cuentas sobre la contabilidad de ejecuciones que se han registrado en lo que va de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, así como los testigos protegidos utilizados por la Procuraduría General de la República (PGR) en diversas investigaciones.
Diputados y senadores de la primera comisión de la Permanente, solicitaron a las autoridades federales -y también a las del Estado de México-, que informen sobre la metodología empleada para integrar el registro en materia de homicidios.
Los legisladores refirieron a las críticas realizadas por organizaciones civiles e investigadores, sobre la posible manipulación de los datos en materia de inseguridad y violencia.
“Se coincide en la necesidad de determinar metodologías que proporcionen información precisa, evitando la posibilidad de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, de manipular las cifras a su favor.
“Por ello, se estima conveniente exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Gobernador del Estado de México a informar sobre la metodología para contabilizar los homicidios y las variaciones históricas de las cifras reportadas tanto a nivel nacional como en la entidad federativa”, señala el documento.
Los integrantes de la Comisión subrayaron la importancia de que esa información sea confiable, ya que debe emplearse para diseñar y evaluar los avances y el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en materia de seguridad.
El pasado 8 de junio, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) cuestionó la metodología con la que el Gobierno federal registra el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada.
El Gobierno federal reportó que en mayo se registraron 954 muertes vinculadas a delitos federales.
Según el reporte, en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto (del 1 de diciembre al 31 de mayo) se han registrado un total de 6 mil 250 ejecuciones ligadas al crimen organizado, los que representa una caída de 16.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2011-2012.
De acuerdo con el IMCO, los datos carecen de fundamento.
Por otro lado, los diputados y senadores también pidieron a la PGR un informe sobre el uso del Programa de Testigos Protegidos que incluya el número de personas que se han participado en este mecanismo.
En la solicitud, los legisladores también solicitan que se incluya información sobre los recursos públicos destinados a ese programa, desde el primero de diciembre, fecha en la que inició el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
En las consideraciones del dictamen, la Comisión reconoció que es necesario reformar o eliminar la figura de los testigos colaboradores o testigos protegidos, ya que la figura ha sido utilizada para fomentar la impunidad.
“La utilización de los testigos protegidos les ha asegurado a éstos la impunidad por sus acciones, a cambio de su testimonio poco confiable y altamente susceptible de manipulación”, señalaron.
“De esa manera, una gran cantidad de probables delincuentes no solamente han quedado en libertad, sino que además han recibido cuantiosos recursos y protección del Estado a cambio de su declaración, sin importar su peligrosidad, la gravedad de sus delitos o hasta quizá en algunos casos los derechos de probables víctimas”.
Las solicitudes al Ejecutivo deberán ser aprobadas este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.
Claudia Guerrero y Mariel Ibarra
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