México, 8 de mayo (Reforma).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al Almirante Vidal Francisco Soberón, titular de la Secretaría de Marina (Semar), por actos de tortura, detención arbitraria y retención ilegal cometidos por servidores públicos de su institución en el sexenio pasado.
De acuerdo con la recomendación 15/2013, el 12 de octubre de 2012 dos hombres viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron detenidos por marinos y posteriormente trasladados a un inmueble desconocido donde a uno de ellos lo golpearon y le dieron toques eléctricos.
Fue hasta dos días después que el hombre agraviado fue puesto a disposición de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) y luego se autorizó su internamiento al Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, de Villa Aldama.
Al visitar al reo, personal de organismo verificó las lesiones y cotejó los datos con la versión de la segunda víctima.
Por estos hechos, los agraviados iniciaron una denuncia en la Agencia Especial en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR, no obstante, la CNDH afirma que ni la Procuraduría General de Justicia Militar ni la Inspección y Contraloría General de Marina han iniciado trámite alguno contra de los elementos señalados.
Por otra parte, en el expediente 16/2013, la Comisión relata que la mañana del 2 de octubre de 2011 un grupo de marinos ingresó al domicilio de una pareja, ubicado en Veracruz, y tras ordenar al hombre que se cambiara de ropa, lo sacaron violentamente de su casa.
Bajo el argumento de que había una denuncia anónima en su contra, la víctima fue obligada a manejar su propio auto a las instalaciones castrenses de la carretera Sayula de Alemán.
Aunque la esposa vio el vehículo familiar en el cuartel, los marinos lo negaron.
La detención se prolongó cuatro días, por lo que la mujer promovió una demanda de amparo y el 10 de octubre su esposo quedó en libertad.
Días más tarde, la Marina llamó a la pareja para que se presentara en un retén de la localidad Paso del Toro para devolverles su vehículo y les hicieron firmar un documento que deslindaba a la institución de toda responsabilidad.
Hania Prado
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