México, 2 de mayo (Reforma).- La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) documentó siete casos de “ejecuciones arbitrarias” provocadas por el exceso de fuerza policiaca.
Ayer, el organismo emitió la recomendación 8/2013 dirigida a la Procuraduría de Justicia (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) capitalinas.
Las 7 muertes ocurrieron entre 2010 y enero de este año, 4 de ellas ocasionadas por agentes de la PGJDF y el resto por policías preventivos.
El último de los casos fue el de dos jóvenes torturados y asesinados, uno de ellos menor de edad, en enero pasado. En el crimen se documentó la participación del policía de investigación Luis Guillermo Flores Capetillo.
El expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/13/D0208 señala que a la 1:30 de la mañana, las víctimas salieron del Bar Living, ubicado sobre Bucareli, en la Delegación Cuauhtémoc, cuando Flores Capetillo llegó en la patrulla 03094, junto con otros dos autos.
Los jóvenes fueron subidos a un auto particular blanco y los tres vehículos se dirigieron a la Delegación Iztacalco, donde los muchachos fueron torturados y ejecutados.
La Comisión logró documentar lo anterior con videos de las cámaras del Programa Ciudad Segura, aunque también solicitó un informe a la PGJDF.
La CDHDF indicó que solicitó un informe a la Procuraduría y, en respuesta, el comandante y el coordinador de la Policía de Investigación, Raúl Porras Barrios y Jaime Victores Oliver, respectivamente, entregaron una versión de los hechos, pero falsa.
En el resto de los casos, el organismo acreditó también que las personas a quienes se privó de la vida fueron ejecutadas arbitrariamente, porque el uso de las armas de fuego no se consideró como una medida extrema.
Además, señala el instrumento recomendatorio, no se utilizaron todos los medios no violentos posibles y los policías no actuaron en proporción.
Debido a que las ejecuciones que cometieron los agentes policiales derivaron también de detenciones arbitrarias, la CDHDF les sugirió implementar un sistema audiovisual permanente al interior de sus patrullas, con el objetivo de documentar las capturas y evitar abusos por parte de los agentes.
Además, tanto la PGJDF como la SSP deberán diseñar un mecanismo que permita registrar y concentrar los reportes de sus elementos, y del uso y resguardo de las armas que utilizan.
Luis Cruz