Triste pero cierto. El discurso del Presidente de la República –en todo el sexenio- no ha podido ser otro que el de la seguridad, su estrategia, sus resultados, sus apoyos y porque no, hasta el de su incierto desenlace.
Dentro de los apoyos, es un hecho el doble efecto que se ha causado en torno de las Fuerzas Armadas. El primero es la percepción positiva generada en el grueso de la sociedad y la imagen negativa que algunos “intelectuales” han vertido sobre sus allegados. Por el otro lado, el escaso conocimiento que se tiene en torno al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México.
Es difícil entender que la percepción que se tiene en la provincia –zonas inseguras- es completamente distinta a la que se tiene en el Distrito Federal y su área metropolitana, donde lo más que llegamos a ver en las calles, son vehículos militares que van en tránsito. No vemos, ni mucho menos vivimos la presencia de efectivos resguardando colonias y colonos, que son víctimas de la inseguridad.
Por lo tanto, el efecto de imagen se ve mermado por algunos “líderes de opinión” –como odio la palabrita- que insisten encontrar en el deterioro de la percepción de lo castrense, un “modus pensanti” que los diferencie de los demás “opinadores” (ahora resulta que por ser objetivo con las Fuerzas Armadas, se es intolerante) y que abona solamente a llamar al discurso sesentero de “haz patria y mata a un soldado”.
Habrá que preguntar a los habitantes de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y otros más, sí en verdad quieren fuera de sus lugares a los militares.
Estrategias como la campaña “La Gran Fuerza de México”, han sumado en el Distrito Federal, a que muchos ciudadanos se reencuentren con el Ejército, con sus efectivos, con su infraestructura, pero sobre todo, con la realidad innegable de que el Ejército, emana del pueblo y que por lo mismo, tienen claro que no actúan en contra del pueblo.
Sin embargo, otro factor arriba mencionado es el escaso conocimiento que tiene la sociedad sobre las Fuerzas Armadas, sobre su verdadera razón de ser y por consiguiente, de sus reales y legítimas funciones dentro de sus servicios al país.
El tema castrense siempre será para los civiles un tema tabú, aunque existen otros “civiles” que o no tienen la película completa, o bien no la quieren tener así.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, envío desde Washington, D.C., el 10 de abril a la Comisión de Justicia del Senado de la República, una carta que específicamente trata sobre el fuero militar como causa de la impunidad en la violación de derechos humanos por parte de militares.
El sudamericano Vivanco –quien por cierto han corrido de varios países por “intrigoso”- olvido en primer lugar que su posición de ONG, lo limita a los intereses que representa, sean cuales sean éstos; por lo que en un país como México nadie se atreverá a correrlo, pero tampoco a tomar como verdad absoluta su denuncia en contra de los militares.
Raro, pero no habla de Policía Federal, o estatal o municipal. Tampoco habla de las vejaciones que sufren miles de mexicanos por culpa de la delincuencia organizada. De lo que sí habla, es de la cifra de 3,671 investigaciones que la Procuraduría General de Justicia Militar ha iniciado desde 2007 por violación de derechos de civiles por parte de militares.
Lo que olvido decir, es que en realidad, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien recibió las denuncias, pero no fueron 3 mil seiscientas, fueron 6,065 denuncias en contra del Ejército, mismas que después de ser investigadas por las autoridades correspondientes y la misma CNDH, solamente 98 de éstas más de 6 mil, se tradujeron en recomendaciones para la Secretaría de la Defensa.
Surge la interrogante, sí nuestra propia Comisión Nacional de Derechos Humanos –organismo autónomo del gobierno- emite cifras, entonces, no demos creer en ellas. Entonces en quién.
Los militares de tropa, o los Jefes u Oficiales que se han excedido en su Cadena de Mando, han sido castigados y están cumpliendo su condena correspondiente. Si de lo que se trata –según HRW- es de meter a 3,671 soldados a la cárcel entre que se averigua si son culpables o no; entonces tendríamos que declarar al país un gigantesco reclusorio donde cientos de miles de mexicanos tendrían que estar, para demostrar su decencia.
Si de lo que se trata es de acabar con el fuero militar, habría que conocer correctamente el alcance que tiene éste. No es como el fuero Legislativo, donde al tenerlo, ninguna autoridad te puede juzgar.
El fuero de Diputados y Senadores, así como el de Gobernadores y Alcaldes, es el verdaderamente peligroso para este país. Pero quizá ya aprendimos a vivir con él.
En el caso de los soldados, son investigados, acusados, juzgados y procesados por una autoridad judicial militar y tiene que ser así debido al origen del que ellos surgen.
El Director Ejecutivo de HRW en América Latina, no conoce lo que es nuestro sistema Judicial a nivel de Ministerios Públicos y/o Jueces; ni mucho menos conoce a fondo y en su real dimensión nuestro sistema de procuración de justicia.
Si se piensa que el fuero militar sirve para proteger a sus miembros, se está en un completo error. Valdría la pena abrir a Human Rights Watch aunque sea por una horas, una serie de entrevistas con los militares que están cumpliendo condenas, para que conozcan que además de la libertad, también perdieron sus derechos, logros, antigüedad y un sinfín de atribuciones dentro de la Institución en la que han pasado la mitad de su vida al menos.
Valdría también que se entrevistaran con quienes han sido víctimas de la delincuencia organizada. Perdón se me olvidaba que solamente el Ejército es quien viola los derechos humanos. Los delincuentes no.
Juan Ibarrola
Opinión