México, 10 de junio.- El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), respaldado por organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, señala una situación en la Montaña Baja de Guerrero en un punto crítico y sumamente alarmante, ha lanzado alertas y acciones urgentes ante una violenta ofensiva armada por el grupo criminal “Los Ardillos”.
El CIPOG-EZ señala que el ejército y la Guardia Nacional no los defienden de los embates del grupo criminal. Este opera en Guerrero desde hace al menos dos décadas, sus orígenes son a principios del 2000 en el municipio de Quechultenango.
Las comunidades denuncian que las incursiones han crecido de ataques terrestres con armas de fuego, los criminales han sofisticado sus tácticas paramilitares e implementan el uso de drones cargados con explosivos para bombardear los hogares, y la utilización de armamento de alta potencia para infundir terror además de vigilancia continua sobre los pueblos de la periferia.
Este acoso violento ha provocado un éxodo y desplazamiento masivo, múltiples localidades han quedado completamente desiertas, convirtiéndose en pueblos fantasma debido al temor a masacres.
Los ataques iniciales se concentraron en poblaciones como Tula, Xicotlán y Acahuetán, expandiéndose con rapidez a bases organizativas clave como Alcozacán. Reportes de agrupaciones de Derechos Humanos consultados por EstadoMayor.mx estiman que recientemente más de mil 200 personas huyeron obligadas, elevando la cifra acumulada de desplazados en la región a más de dos mil 200 personas. Estos desplazados se conforman principalmente de mujeres, niños y ancianos.
Históricamente, el CIPOG-EZ acumula decenas de integrantes asesinados desde que comenzó el asedio por el control territorial de la zona, sin respuesta de las autoridades. La ofensiva ha cobrado vidas de defensores comunitarios y habitantes locales de forma directa. José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos de la comunidad de Xicotlán; y Abraham Jiménez Chautla, de Alcozacán son algunas de las víctimas de los recientes ataques. Asimismo, se reporta la desaparición de personas con paradero desconocido.
A través de sus pronunciamientos urgentes, el CIPOG-EZ y las redes de apoyo civil exigen la intervención inmediata tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del estado de Guerrero para detener de forma inmediata los ataques armados y el acoso con drones hacia los pueblos originarios. También han solicitado atención integral y médica para las cientos de familias desplazadas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad total.
De igual forma, piden restablecer medidas cautelares y presencia de fuerzas federales como el ejército y la Guardia Nacional. Anteriormente denunciaron el retiro de bases de operaciones mixtas, que, a su decir, facilitó la incursión del grupo delictivo. Además solicitan investigar y sancionar nexos políticos y omisión de las autoridades locales.
La organización criminal “Los Ardillos” fue fundada por Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”, quien se dedicaba al cultivo de amapola en la región de La Montaña. Tras su muerte en 2011, sus hijos tomaron el control y expandieron sus actividades criminales a otras áreas del estado.
CIPOG-EZ y su cercanía con el EZLN
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es una organización comunitaria y político-social de base indígena que opera en el estado de Guerrero, principalmente en las regiones de la Montaña Baja y la Costa Chica.
Forma parte activa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), manteniendo una estrecha afinidad ideológica con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El CIPOG-EZ agrupa a comunidades de diversas etnias originarias de Guerrero, poblaciones mestizas, entre ellas náhuatls, mixtecos, tlapanecos, amuzgos y comunidades afromexicanas. Su estructura es una organización de forma asamblearia, promoviendo la autonomía comunitaria, la defensa de sus recursos naturales, tierras ancestrales y sistemas normativos propios, es decir, usos y costumbres.
Debido a la alta criminalidad, operan bajo el amparo de sistemas de justicia y policías comunitarias para resguardar sus territorios ante la delincuencia. El CIPOG-EZ acusa recurrentemente la complicidad o inacción de los tres niveles de gobierno, señalando además que la presencia de la Guardia Nacional o el ejército no frena el hostigamiento hacia sus comunidades.
Rodrigo Alarcón / @tiburon_alarcon / EstadoMayor.mx