México, 8 de junio.- El relevo en el mando de la Fuerza de Tarea Frontera Sur (JTF-SB) ocurrió pocos días después de la visita del titular del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a México, y se dio previo a que se conociera los expedientes judiciales en curso contra los mandatarios de Sonora y Tamaulipas en la Unión Americana. No es casual que las operaciones de vigilancia y mapeo de las redes del crimen organizado en la frontera entre México y Estados Unidos a cargo de un equipo multiagencias coordinados por el Comando Norte, tengan como consecuencia una primera imputación a dos gobernadores mexicanos de estados fronterizos.
Aquella tarde del 17 de octubre de 2019, Alfonso Durazo Montaño entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se mantuvo pegado al teléfono desde que poco después del mediodía un grupo de fuerzas especiales en apoyo elementos del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) de la Defensa Nacional, se había desplegado el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, para la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Poco después de las 14.30 horas tiempo del Pacífico, comenzó la operación cuando fue rodeado un inmueble donde se sabía pernoctaba el hijo del “Chapo” junto a su familia. Cuando un grupo ingresó al lugar tras confirmar que el objetivo se encontraba adentro, comenzó una agresión armada contra las fuerzas de seguridad y en pocos minutos se realizó un despliegue de grupos armados en el perímetro donde se realizaba la operación suscitándose enfrentamientos contra elementos de la Guardia Nacional, soldados y policías estatales que habían tendido un cerco de apoyo a la operación. A las 15 horas los bloqueos en calles y avenidas en la ruta desde donde se realizaba el operativo en dirección al aeropuerto, se hacían con camiones y vehículos incendiados. Poco después se reportaron ataques a instalaciones militares y la toma de las casetas de cuota para ingresar a la capital. Estaba en curso lo que se conocería como “el Culiacanazo”. Este despliegue de grupos criminales obligó a recular a las autoridades, entonces se ordenó cancelar la operación y el retiro de tropas del área.
De acuerdo con fuentes militares que participaron en la operación aquel día, Durazo fue el encargado de dar la orden de liberar a Ovidio Guzmán López. Llamó la atención el trato y familiaridad con el que ambos se comunicaban, dijo una de las fuentes que conoció de primera mano las comunicaciones, como si se conocieran de tiempo atrás. Al paso de los siguientes meses, un reducido grupo de oficiales de inteligencia conocería que el entonces secretario de seguridad era el supuesto encargado de Andrés Manuel López Obrador de tener comunicación directa con los “Chapitos”.
Al dejar su cargo en el gabinete para ir por la gubernatura de su natal Sonora, Durazo ya era un personaje que era motivo de seguimiento por las agencias de inteligencia estadounidenses que documentaron sus movimientos y de varios integrantes de su entorno como candidato de Morena. Se dijo que hubo un rastreo de fondos que llegaron a su campaña y que terminaron por abonar a su triunfo como aspirante a gobernador en el verano del 2021.
En aquel proceso electoral serían electos los candidatos de Morena a gobernadores de dos estados que junto con Durazo forman parte hoy día del antes y después de las acusaciones contra políticos mexicanos del partido oficial por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico. El primero era Rubén Rocha Moya en Sinaloa, contra quien los Estados Unidos solicitaron hace poco más de un mes una orden de detención con fines de extradición junto a nueve de sus excolaboradores. El segundo es el hoy mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal quien apareció señalado junto a Durazo la semana pasada en un reportaje del diario Los Angeles Times como los siguientes gobernadores sobre los que se anunciarán en los próximos días una solicitud de detención con fines de extradición por supuestamente tener vínculos con la delincuencia organizada.
RELEVO EN FORT HUACHUCA
Los señalamientos contra Durazo y Villarreal no podrían quedar fuera de los anuncios sobre el incremento de las operaciones de inteligencia sobre las redes criminales que operan en la frontera entre México con Estados Unidos, siendo Sonora y Tamaulipas dos de las entidades consideradas nodos para las operaciones de los carteles.
Una de las tareas de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB por sus siglas en inglés), cuya base está en Fort Huachuca, Arizona, y que se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses, es la recopilación de inteligencia de cómo operan las redes criminales a lo largo de la frontera. “JTF-SB es un campo de pruebas operativo para la tecnología emergencia con miembros del servicio que ponen a prueba drones, contradones, sensores y más en toda la frontera sur”, según un comunicado del pasado 2 de junio del Departamento de Guerra estadounidense cuando se anunció el relevo de la 101 división aerotransportada del ejército por la 1ª división blindada como responsable militar de las operaciones en la frontera.
“Durante los últimos siete meses, a través de la planificación sincronizada, la movilidad rápida y la presencia persistente, hemos mejorado la seguridad de la frontera sur con detección y monitoreo ampliados, intercambio de datos mejorado y capacidades ágiles de coordinación con el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros socios clave”, dijo el General David Gardner comandante saliente de la JTF-SB en la ceremonia de entrega del mando al General Curtis Taylor, comandante de la 1ª División blindada.
Gardner dejó entrever que los trabajos con los “socios clave” como la DEA, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitieron avanzar en el mapeo de la frontera de las áreas de operaciones de los cárteles y las redes de protección.
El relevo en la JTF-SB se dio días después de la visita a México de Markwayne Mullin, titular del DHS, quien se entrevistó con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Después de esa reunión se dio la renuncia del hijo del ex presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a la secretaría de organización de Morena. Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, se separó del cargo según el anunció que hizo, para ir por una diputación federal por su natal Tabasco, pese a que falta más de un año para el proceso electoral. La gran mayoría de analistas políticos y columnistas de la prensa de la Ciudad de México, coincidieron en señalar que su salida se debió a la información que existe sobre su probable vinculación con la red de tráfico de combustible por la frontera tamaulipeca.
El tema de la salida de “Andy” de la plana mayor del partido en el poder, tras la visita de Mullin a México, era motivo de conversación en redes sociales y programas de análisis en los primeros días de junio cuando vino el reportaje de Los Ángeles Times sobre las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas y el de Sonora. En el texto se decía que a Durazo y a Villarreal se les había retirado la visa y su ingreso a la Unión Americana, en el caso del gobernador de Sonora, sería bajo un esquema de cooperación como informante. Ambos políticos morenistas negaron lo publicado en el rotativo angelino, en el caso del gobernador tamaulipeco exhibió su visa en conferencia de prensa aunque se corroboró que lleva varios meses sin ingresar a territorio estadounidense.
Villarreal aparece en documentos oficiales como delegado de Morena en la campaña de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en el año 2021. Las acusaciones en su contra publicadas en la prensa, señalan que fue el conducto para inyectar recursos provenientes del huachicol durante el proceso electoral donde resultó electo el hoy mandatario con licencia, quien se convirtió en el primero en la historia que estando en funciones tiene pedido de detención con fines de extradición por la justicia estadounidense.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx