México, 16 de mayo.- Gerardo Mérida Sánchez, antiguo director de la Escuela Militar de Inteligencia y quien ocupó puestos de mando de zona militar en Morelia, Miahuatlán y Puebla, se convirtió esta semana en el primer General de Brigada retirado que se entrega a las autoridades estadounidenses, donde fue acusado por narcotráfico y protección a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa mientras se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Tras él también se entregó el ex titular de finanzas del gobierno de Sinaloa Enrique Díaz Vega, cabeza de la estructura de operación financiera del grupo político que encabeza el gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya y el aun senador Enrique Inzunza Cázarez, piezas clave del entramado narcopolítico que está a la espera de ser juzgado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Gerardo Mérida Sánchez sabía que era cuestión de tiempo para que su paso por Sinaloa como secretario de Seguridad Pública le pasara factura por el cúmulo de irregularidades que se documentaron durante su gestión. Oficial de infantería con una trayectoria sin grandes logros más allá de haber ocupado puestos burocráticos al frente de las comandancias de la 21 zona en Morelia –donde la inseguridad en esa área de Michoacán se disparó—de la 44 zona en Miahuatlán, Oaxaca –donde el tráfico de droga se incrementó—y de la 25 en Puebla –donde el robo de combustible alcanzó cifras récord—, de su paso por la milicia solo resaltó por las amistades que lo encumbraron a puestos con manejo de presupuesto gracias a su cercanía con el ex Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González, quien avaló su nombramiento en septiembre del 2023 al frente de la dependencia civil sinaloense.
El lunes 11 de mayo Mérida Sánchez pasó a la historia de la milicia mexicana por haber sido el primer general retirado acusado de narcotráfico en entregarse a las autoridades estadounidenses. Lo hizo en la garita de Nogales, Sonora, para responder a las acusaciones por su presunta relación con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, en un juicio ante la Corte de Distrito de Nueva York donde su antiguo jefe, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, encabeza la lista de 10 políticos y ex funcionarios señalados de tráfico de drogas.
Horas después de que medios nacionales y agencias de información reportaron el viernes 15 la entrega del militar, quien fue trasladado de la frontera al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York, se reportó la detención del ex secretario de Administración Finanzas Enrique Díaz Vega, quien se entregó también a las autoridades estadounidenses en un lugar aún por precisar. Diversos medios mencionaron Irlanda y otros aludieron a Nueva York.
La entrega y detención de ambos exfuncionarios puso contra las cuerdas al gobierno mexicano que solicitó durante toda la semana que se presentaran pruebas para poder proceder contra los acusados. El general Mérida está considerado cabeza visible de la estructura de protección policial de la facción de los Chapitos, y Díaz Vega es visto como cabeza de la estructura de operación financiera desde instancias de gobierno. El mismo viernes que se anunció su entrega, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado las cuentas bancarias de Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ex secretario general de Gobierno y ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pieza clave en la estructura de protección política a esta facción del Cártel de Sinaloa.
TESTIGO COLABORADOR
Por la noche del viernes 15 se reportó que el General Mérida Sánchez tras su primera comparecencia en la Corte de Brooklyn, comenzó a negociar vía sus abogados el declararse culpable y pasar a ser testigo colaborador en la acusación contra el gobernador con licencia Rocha Moya, el ex alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil y el aun senador morenista Inzunza Cázarez. Además de aportar información sobre los otros imputados, Dámaso Castro Zaavedra vicefiscal con licencia y ex número dos en la fiscalía general del estado; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación antigua policía judicial del estado; Alberto Jorge Contreras Núñez, sustituto de Almanza al frente de la corporación; José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector de la policía estatal y antiguo subordinado del general Mérida; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal y hombre de todas las confianzas de los Chapitos para controlar desde la corporación la ciudad de Culiacán con asesinatos selectivos de por medio.
De acuerdo con documentos de la Corte de Brooklyn, el general Mérida está acusado desde que asumió el cargo de secretario de Seguridad en septiembre del 2023 hasta diciembre del 2024 cuando renunció, también como jefe superior de la Policía Estatal de Sinaloa, de recibir sobornos de los Chapitos a cambio de proporcionar información de redadas de las autoridades contra laboratorios de drogas para que los hermanos Guzmán pudieran trasladar la droga y su equipo de laboratorio antes de la llegada de las autoridades. Presuntamente por esta y otras labores como proporcionar seguridad periférica en las casas donde pernoctaban los Chapitos y sus familias, recibió pagos en efectivo por 100 mil dólares mensuales.
“En 2023 o alrededor de ese año, por ejemplo (Mérida) Sánchez advirtió a los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a los laboratorios de drogas, lo que permitió a los Chapitos evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de los Chapitos”, dice la acusación.
MORENA Y LA NARCOPOLÍTICA
La entrega de un militar con rango de general –que para efectos de retiro es general de división–ante las autoridades estadounidenses, constituye un hito en la relación bilateral ya que no existe precedente de un caso previo con estas características, de acuerdo con especialistas consultados y una revisión de casos por narcotráfico de militares mexicanos acusados de brindar protección a un cártel de la droga en tribunales estadounidenses.
El general Mérida era un personaje dentro de la milicia de trayectoria opaca, sin grandes méritos más que haber cumplido con sus años de servicio y cultivar una red de amistades que le permitieron obtener puestos políticos en el mundo civil como el que se le ofreció en Sinaloa.
Oriundo de Veracruz, el militar poco sabía de las dinámicas sociales y el entramado criminal del Cártel de Sinaloa, al menos así lo dejó entrever en sus comparecencias ante el congreso local y sus conferencias de prensa tras la ola violenta que se desató en septiembre del 2024 tras la detención del Mayo Zambada en julio de aquel año a manos de uno de los hijos del Chapo Guzmán, quien lo entregó en la frontera tras retenerlo a la fuerza y obligarlo a subirse a un avión Grumman que lo trasladó desde Culiacán a Nuevo México.
Mientras los asesinatos se incrementaron a una docena promedio diario, con bloqueos carreteros, balaceras y cuerpos decapitados con mantas donde se cruzaban amenazas los grupos criminales confrontados, Mérida decía que la violencia estaba controlada. Pocos sabían que presuntamente recibía 100 mil dólares al mes por estar de lado de una de las facciones del Cartel.
De acuerdo a diversas fuentes la acusación contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez, Gámez Mendivil, el general Mérida Sánchez, y el resto de coacusados se basa en los testimonios de Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como del Mayo Zambada, quienes además habría aportado más información a los fiscales estadounidenses sobre los políticos del partido en el poder que recibieron dinero del narco para sus campañas en al menos las últimas tres campañas federales.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx