México, 21 de abril.- La información del equipo inter agencias bajo la coordinación del Comando Norte a través de la Fuerza de Tarea Frontera Sur, dieron el primer golpe a la mafia narco política asentada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El conducto fue el Departamento del Tesoro que boletinó a tres individuos a quienes acusó de operar para el crimen organizado, uno de ellos desde los pasillos del partido en el poder, otro en el ámbito de los derechos humanos, y el tercero en el tráfico de migrantes.Detrás de ellos apareció una red de intereses financieros operados por el autodenominado Cartel del Noreste con dos casinos que días después de conocerse las sanciones, cerraron sus puertas en esta ciudad de la frontera.
El 26 de marzo del 2025 Nuevo Laredo y el 16 Regimiento de Caballería que tiene su cuartel en esa ciudad fronteriza, fueron noticia nacional cuando un juez de Tamaulipas sentenció a 40 años de prisión a cuatro soldados detenidos por el asesinato de cinco jóvenes ocurrido en febrero del 2023. La condena fue para cuatro cabos de esta unidad, acusados de disparar “sin justificación alguna” contra los tripulantes de una pickup en un suceso de aparente confusión pero que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue una “ejecución extrajudicial” ya que los militares dispararon 117 veces contra la camioneta, según un informe del caso.
“Esta sentencia sirve para enviar un mensaje a las fuerzas armadas del país: que, si un mando superior les ordena cometer un delito o una violación a los derechos humanos, no tienen la obligación de obedecer”, declaró en aquel entonces Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, según una nota de Los Ángeles Times fechada el 27 de marzo de aquel año.
Desde inicios del sexenio de López Obrador, Ramos Vázquez tomó mayor relevancia en su defensa de víctimas civiles que denunciaron violaciones graves de derechos humanos, resultado del incremento de la violencia entre el Cartel del Noreste (CDN) y las fuerzas armadas. El Cartel del Noreste con sede en Nuevo Laredo surgió en 2015, luego de que la banda paramilitar de los Zetas se dividiera tras la captura en aquel año de Omar Treviño Morales, alias Z-42. La otra facción se identificó como “Zetas vieja escuela” con presencia preponderante en Ciudad Victoria.
En medio del conflicto entre estos dos grupos criminales y el reforzamiento de las operaciones militares en Nuevo Laredo ante el incremento de asesinatos y denuncias de desapariciones forzadas, Ramos Vázquez se alzó como la voz de la sociedad civil que denunció los excesos en los que incurrieron los soldados durante las operaciones. Desde su organización no gubernamental fue reconocido en la opinión pública por denunciar en 2018 la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo, en 2019 por la presunta ejecución extrajudicial de ocho civiles y en 2020 por el asesinato de tres personas durante una persecución.
Por lo regular Ramos Vázquez no mencionaba los ataques contra personal militar por parte de grupos armados identificados con el CDN. Casi nunca en las intervenciones que tuvo acusando de violaciones de derechos humanos a las fuerzas armadas, menciona la presencia y control del grupo criminal CDN en la ciudad, los barrios donde se resguardaban los pistoleros y la propaganda que difundían en redes sociales.
Por esos años en que Ramos Vázquez estaba muy activo denunciando los excesos en las operaciones militares sin mencionar el papel como generador de violencia del CDN, otro abogado hacía lobby con políticos del partido en el poder con quienes llegó a codearse en eventos electorales y presentaciones de plataformas de gobierno. Juan Pablo Penilla Rodríguez era conocido por ser abogado de Miguel Treviño Morales, alias Z-40, el sanguinario líder de la banda paramilitar de los Zetas, extraditado el año pasado a los Estados Unidos. Este individuo nacido hace 45 años en la ciudad de México, se colocó como actor relevante en campañas electorales de Morena, como la del actual gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, quien ya instalado en el ejecutivo estatal lo nombró “asesor honorífico” del gobierno del estado. Recibió reconocimiento en la cámara de diputados y presumía su amistad en redes sociales con el diputado federal de Morena, Pedro Haces, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), algunos de cuyos líderes estatales como en Guerrero y Jalisco, han sido acusados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Ramos Vázquez y Penilla Rodríguez, fueron boletinados el martes 14 de abril por del departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusados de ser parte de la estructura de lavado de dinero y contrabando operado por el Cartel del Noreste, considerado por las agencias estadounidenses como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del país. “CDN es una organización terrorista extranjera (FTO) designada por los Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, el puente terrestre de entrada más concurrido en la frontera sur”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), la agencia encargada aplicar sanciones en el ámbito financiero y comercial del departamento del Tesoro, señaló también a otro operador del CND identificado como Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como el encargado de las operaciones de contrabando de personas para esta organización criminal en Nuevo Laredo. “Islas supervisa a los contrabandistas de personas, conocidos como “polleros” y otorga permiso para trasladar a los migrantes, actuando como portero para el contrabando de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. También garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la empresa criminal del cartel mediante el control de las casas de alijo de efectivo en Nuevo Laredo. Islas es un asociado cercano del comandante segundo del CDN, Abdón Federico Rodríguez García, a quien la OFAC boletinó en agosto del 2025”.
Para los Estados Unidos, Ramos Vázquez, Penilla Rodríguez e Islas Valdez, “desempeñan un papel central en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cartel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el contrabando de personas, el lavado de dinero y la extorsión”. La medida contra estas tres personas fue acompañada con sanciones financieras a dos casinos identificados como parte de la red de lavado del CDN, uno de los cuales se localiza a dos millas de la frontera con Estados Unidos.
EL LOBBY
En el mapa militar de la frontera de Tamaulipas, el despliegue de las unidades operativas está compuesto por el 16 Regimiento de Caballería Motorizado (RCM) que tiene su sede en Nuevo Laredo, el 25 RCM con cuartel en Ciudad Mier, el 19 RCM basado en Reynosa, y el 8 RCM con jurisdicción en Matamoros. Los mandos de estas unidades desde el sexenio pasado, al igual que su superior jerárquico el comandante de la Octava Zona Militar, han llegado a participar en las juntas de comandantes fronterizos con oficiales de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), y desde el año pasado con la incorporación de oficiales del Comando Norte adscritos a la Fuerza de Tarea Frontera Sur (Joint Task Force Southern Border (JTFSB)).
En estas reuniones se intercambia información de inteligencia relacionada con las modalidades para el tráfico de migrantes –rutas, modus operandi y liderazgos–, así como el tipo de armamento y explosivos que adquiere la delincuencia organizada en los Estados Unidos, “debido a que este material se ha asegurado durante las agresiones en contra de personal militar y autoridades civiles”, de acuerdo con un documento militar de la octava zona militar al que se tuvo acceso.
Entre algunos de los acuerdos que se han tomado está el establecimiento de una coordinación y enlace de “manera permanente entre los comandantes de cada sector militar con autoridades del CBP correspondientes, para realizar reconocimientos en pasos informales que emplean los migrantes para cruzar al país vecino”.
A partir del año pasado con la creación de la JTFSB, donde se sumaron agencias como el FBI, la CIA, la DEA y la OFAC, la información ha escalado a otros ámbitos como el mapeo de las redes político-criminales, financieras y legales. De ahí que el reporte del Tesoro del martes 14 de abril que acompañó el comunicado donde quedaron fichados los abogados Juan Pablo Penilla Rodríguez, Raymundo Ramos Vázquez y el narco operador Eduardo Javier Islas Valdez, incorporara algunos datos que por primera vez se hicieron de manera oficial.
“CDN tiene muchos asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad detrás de la aparición de sus profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables. Usando sus posiciones como tapadera, estas personas intentan ganarse la confianza del público, mientras trabajan entre bastidores para fortalecer el control del CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas y la región fronteriza circundante”.
Penilla Rodríguez, el publirrelacionista que lo mismo se hacía fotos con Claudia Sheinbaum, que aparecía en otras imágenes detrás del estrado en eventos donde el orador principal era el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue fichado por proporcionar servicios ilegales a los miembros del CDN, más allá del alcance de una relación normal abogado-cliente. Mientras representaban a Miguel Angel Treviño Morales, el Z-40, se convirtió en su intermediario para mantener el liderazgo del CDN mientras estuvo preso en el país. “Las operaciones criminales de Miguel Treviño y CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Treviño está bajo custodia estadounidense”.
Raymundo Ramos Vázquez, el defensor de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue señalado como “asociado del CDN” por la OFAC. De acuerdo con el comunicado, “lidera la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas mientras se hace pasar por un activista de “Derechos Humanos”. Bajo el pretexto del activismo por los Derechos Humanos, Ramos aboga únicamente por los miembros violentos del cártel al presentar quejas falsas contra el Ejército Mexicano, pagar a las personas para que asistan a las protestas y proteger la reputación de los miembros caídos o arrestados del CDN. En la nómina de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de impulsar la opinión pública de CDN y desacreditar las iniciativas de aplicación de la ley de las autoridades mexicanas contra el cartel. Ramos ha apoyado a CDN en esta capacidad durante más de una década”.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx