México, 9 de febrero.- El presidente municipal de Tequila, Jalisco, acusado de ser operador político criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aparece como cabeza de playa de un modelo criminal que se ha expandido en el país desde el sexenio pasado. Ahora las autoridades municipales ya no son sometidas y obligadas a operar para la delincuencia organizada, hoy día son ellos los que arman su propia estructura criminal como apéndices de los cárteles, respondiendo solo a la cúpula de su organización delincuencial.
Era un grupo armado con acento extranjero que cobraba su sueldo en la nómina del ayuntamiento de Tequila, Jalisco. Documentos judiciales donde se recogen las declaraciones de regidores de este municipio, señalan que el alcalde Diego Rivera Navarro tenía dados de alta en el municipio a colombianos y personas que venían de Michoacán en funciones de brazo armado de sus subordinados encargados del cobro de extorsiones a empresas tequileras, gasolineras, comerciantes, locatarios, prestadores de servicios y vendedores ambulantes. Los testimonios que recoge el expediente que sirvió de base para la captura del presidente municipal, abanderado por Morena en la elección del 2024, son la ruta por donde las autoridades ministeriales han reconstruido el modus operandi del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta localidad y que tiene visos de operar en otros municipios donde mantiene control territorial.
Los colombianos son un grupo que acompañaba a los operadores del alcalde para el cobro de cuotas, eran los encargados de amedrentar cuando hacían efectivas las amenazas y mantenían vigilancia permanente sobre las actividades comerciales y mercantiles en este municipio, de acuerdo con el expediente judicial. Fuentes de la quinta región militar consultadas sobre el caso de los extranjeros, no descartaron que se trate de las células con formación militar que operan para el CJNG en esa región y en la ruta de municipios vecinos en territorio michoacano y que predominan en las áreas bajo control de esta organización criminal. El fenómeno no es nuevo, se le ha hecho saber a la máxima autoridad civil desde tiempo atrás y es una situación que adquirió visos de insostenible al afectarse operaciones de empresas trasnacionales como Tequila Cuervo, que tiene accionistas estadounidenses, dijo una de las fuentes que pidió no ser citado con nombre ni rango por no estar autorizado a hablar con medios de comunicación.
La quinta región militar con sede en La Mojonera, en Zapopan, abarca los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, y se encuentra bajo el mando del General de División Porfirio Fuentes Vélez. En esta área donde se localiza el municipio de Tequila y en la ruta que conecta con Michoacán, entidad que pertenece a la doceava región militar, proliferan las milicias armadas y el control territorial en zonas rurales del llamado CJNG.
MODOS DE UN NARCO ALCALDE
Transcurridos los primeros días de su gestión en octubre del 2024, el alcalde morenista mandó cerrar el Museo del Tequila, financiado por las tequileras y recursos del gobierno del estado. La decisión era para hacerlo su residencia oficial.
El escándalo que provocó el cierre del recinto turístico y el uso particular que le dio el político guinda a la casona del siglo XIX, generó críticas de sus propios correligionarios además de un extrañamiento de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por negar el acceso a inspectores de la dependencia para verificar las condiciones del inmueble considerado de valor histórico.
La prepotencia de Diego Rivera Navarro era uno de los modos gansteriles en su conducción pública. Este era solo un rasgo de la forma de operar de la célula criminal que organizó como equipo operativo en el ayuntamiento. El objetivo era cumplir con la cuota de 40 millones de pesos anuales que debía entregar a “su patrón” Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, líder del CJNG, según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La alcaldía de Tequila se transformó en sede criminal operada en la cúpula por Rivera Navarro, debajo de él estaba Juan Manuel Pérez Sosa, director de seguridad pública municipal, considerado jefe del brazo armado y “ejecutor de secuestros” relacionados con los cobros de extorsiones. Al lado de este individuo estaba Diego López Ibarra, jefe del gabinete, quien según la FGR “ejecutaba las órdenes” del edil y era el enlace con los grupos delictivos de la región, células criminales del CJNG. Abajo aparecía un individuo identificado por el alias de “Jona”, pistolero de Rivera Navarro, era quien movía el dinero y realizaba los “encargos” de su jefe. El tercero en el organigrama delincuencial era Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “Faraón”, jefe del departamento de licencias del ayuntamiento y responsable de otorgar y cancelar permisos de operación comercial a los establecimientos que se plegaban a las disposiciones del grupo político-criminal.
Dos de sus objetivos inmediatos y por los que fueron denunciados en reiteradas ocasiones eran las gasolineras y tequileras. El expediente de la FGR señala que Rivera Navarro llegó a obtener siete millones de pesos nada más de “cobro de piso” a este tipo de establecimientos. La pirámide en forma descendente en el mecanismo de extorsión tenía un segmento dedicado a las licorerías y vinaterías, que tenían que pagar 150 mil pesos para no clausurar sus locales, los comerciantes del centro tenían una cuota semanal que oscilaba entre los 500 a mil 500 pesos, los comercios de artesanías sus cuotas estaban entre 50 a 20 mil pesos semanales dependiendo del local y el tipo de mercancía.
Pérez Sosa, director de seguridad pública municipal, también fue identificado por la FGR como “enlace” y parte de la “relación estructural” con Severo Flores Mendoza, alias “el Rey Mago, ex titular de la policía municipal de Ameca y coordinador de la policía de la región de Valles en el año 2022. En el verano de aquel año este individuo fue boletinado por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno de los “lavadores de dinero” del CJNG cuyos ingresos eran sobornos por entregar información de operativos a la cúpula del cartel.
MODELO POLÍTICO CRIMINAL
Tequila es un municipio que se localiza en la región Valles, zona de reclutamiento forzado, adiestramiento y operaciones logísticas como casas de seguridad, laboratorios y centros de almacenamiento de armas y drogas, como lo demostró en varios de estos puntos el caso de Teuchitlán, con el rancho Izaguirre, localidad ubicada dentro de esta zona. La captura del exalcalde José Ascensión Murguía Santiago, preso desde mayo del 2025, exhibió el uso de los alrededores de este municipio como uno de los epicentros de desapariciones forzadas. En marzo del año pasado activistas descubrieron fragmentos de huesos humanos, cientos de zapatos, mochilas, prendas de vestir desechadas al interior del rancho Izaguirre, símbolo de la impunidad y colusión criminal de autoridades con la delincuencia organizada,
Como sucedió ahora en Tequila, un municipio que a diferencia de Teuchitlán, tiene una economía más activa al ser polo agroindustrial, con más de 50 mil habitantes y presupuesto anual promedio de 350 millones de pesos, de acuerdo con cifras del congreso del estado.
La captura de Diego Rivera Navarro, anunciada el jueves 5 de febrero por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, fue considerada por analistas como de las más relevantes en Jalisco pues se trató de un alcalde que operó abiertamente y sin máscaras para el narcotráfico.
El caso Tequila exhibe que el modelo donde el crimen organizado extorsionaba a los alcaldes y quien se negara era asesinado poco a poco ha sido sustituido por otro donde los alcaldes son parte de estructuras criminales asociados con partidos políticos de todos colores.
Similar al caso Tequila fue el ocurrido en 2024 en Apulco, Zacatecas, con el edil de Movimiento Ciudadano (MC) Mauro Yuriel “N”, ligado al CJNG, quien huyó al revelarse que operaba para el crimen organizado, después de un año prófugo fue detenido. Otros alcaldes no han ocultado sus filias y cercanías con el narco, como el caso de la ex edil de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, quien fue grabada en reuniones con el líder del grupo criminal conocido como “los Ardillos”, responsables de crímenes, desapariciones forzadas, secuestros y cobros de piso en la zona aledaña a la capital guerrerense.
Al igual que estos dos municipios, los ingresos municipales por cobros de impuestos y servicios ya no era suficiente para el crimen organizado en el caso de Tequila. Según la acusación de la FGR, sumado a la venta de drogas, el crimen organizado cobra extorsiones por venta de alcohol, operación de giros negros, celebración de fiestas patronales, huachicol, máquinas tragamonedas y comercio ambulante.
Lo que el caso Tequila ilustra es que las extorsiones escalaron de nivel y se operaban desde el ayuntamiento con paramilitares extranjeros amedrentando empresas, prestadores de servicios y ahuyentando el turismo.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx