México, 24 de octubre.- Tras los hechos del 26 de septiembre de 2014, donde un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” desapareció, presuntamente a manos de elementos la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en contubernio con personal de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero ha provocado que los pobladores de Ayotzinapa, se manifiesten en calles de la Ciudad de México, año con año y, en su 11 aniversario de estos hechos, no fue la excepción para acudir a las instalaciones del Campo Militar número 1-A a realizar no solo pintas, sino agresiones que subieron de tono.
El pasado 26 de septiembre de 2025, el acceso de la puerta uno fue atacada con petardos ensordecedores, pero, además, un grupo de encapuchados robó un camión cargado con productos de abarrotes para estrellarlo en reversa en reiteradas ocasiones, con el objetivo de derribar las rejas.
La caja del camión quedó semidestruida por golpear la marquesina, en la que se apreciaba el escudo nacional. Al no lograr romper la puerta ahí dejaron la unidad para que otros sujetos embozados comenzaran a rociar la cabina con lo que aparentemente se apreciaba a un líquido inflamable como la gasolina.
Acto seguido, se escucharon una serie de más de 10 estruendos en el interior y exterior del Campo Militar y, por lo menos, cuatro de ellos fueron dentro del tracto camión, lo que desató un infierno frente al acceso uno.
Agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron apagar el fuego con tres extintores, pero no fue suficiente; asimismo el personal del Ejército, desde el interior de sus instalaciones acercó una tanqueta con agua, la cual poco sirvió para extinguir el fuego.
Fue hasta que arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes de inmediato lograron extinguir las llamas con los chorros de agua a presión abastecidos por una pipa más, aunque la conflagración intentaba reavivarse por debajo del automotor, por lo que los vulcanos atacaron diferentes flancos para apagar en su totalidad la unidad y dejar solo el esqueleto con los productos expuestos y calcinados.
“La rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se expandiera aún más, pero lo bueno del caso es que no hubo heridos”, dijo el director de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova.
Los militares, solo observaron a distancia portando equipos antimotines, pero nunca abandonaron sus instalaciones y, desde el interior, evaluaron los daños causados, cuyo monto no se ha dado a conocer, pero afortunadamente, no se reportaron ni civiles ni militares lesionados durante los disturbios.
Daño en propiedad destinada a las Fuerzas Armadas
Las penas por destruir instalaciones militares en México pueden ser severas y dependerá de la gravedad del daño causado y el valor de lo destruido, así como la intención, es decir si hubo dolo, negligencia, sabotaje o robo, por lo que las sanciones se encuentran principalmente en el Código Penal Federal (CPF), siempre y cuando se trate de un civil quien cometa estos actos.
El CPF señala que el daño en propiedad ajena viene estipulado en los artículos 397 y 399 donde “penaliza a quien intencionalmente arruina, destruye o deteriora bienes, y establece que la sanción será la misma que la del robo simple, con posibles agravantes si se trata de bienes específicos o si se utilizan drones”.
El artículo 397 señala que “se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa a quienes causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro a diversos inmuebles, incluidos los edificios públicos donde se puede subsumir una instalación militar. Si hay un daño a la propiedad militar, aplicaría el aumento de pena del artículo 399”.
De tal manera que en el artículo 399 del CPF encontramos la pena mínima y la máxima para castigar estas acciones que ya se consideran delictivas.
- Mínima: si el valor del daño no excede de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria que equivale a $11,314.00, la pena puede ser de tres meses a dos años de prisión.
- Máxima: si el valor del daño excede de 2 mil la UMA diaria equivalente a $226,280.00, la pena se establece de cinco a quince años de prisión.
“Cuando el bien que resulte afectado pertenezca o esté destinado a las fuerzas armadas, seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad”, señala el CPF.
Sin embargo, después de este ataque ninguno de los perpetradores ha sido detenido, la impunidad impera en este tipo de actos que suelen ser repetitivos a 11 años de la desaparición de los “43 de Ayotzinapa”, lo que hace evidente que la Defensa evita a toda costa hacerle frente a los hostiles con un antecedente que ha quedado grabado en los anales de la historia.
Familiares de los 43 señalan opacidad de la Defensa
Los señalamientos hacia la institución castrense van desde la omisión hasta la postura de resistencia a entregar información clave, lo cual ha enfurecido a los familiares de los 43, al grado de dañar infraestructuras militares.
Documentos y testimonios, incluyendo los revelados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y filtraciones como “Guacamaya Leaks”, sugieren que la Defensa tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo, a través de sus actividades de inteligencia y monitoreo. De tal manera que padres y madres de estos jóvenes acuden a la capital del país todos los años en búsqueda de respuestas, pero esto viene acompañado de agresiones que, incluso, podrían ocasionar una tragedia.
A pesar de que se han girado órdenes de aprehensión contra militares por su presunta participación, incluyendo delitos como desaparición forzada, no ha bastado para que los ataques cesen cada que la gente de Ayotzinapa viene a la capital del país.
Hasta hoy, la Defensa ha sido una institución clave en la investigación, no solo como posible actor por omisión o acción, sino también como un obstáculo significativo para acceder a la verdad debido a su falta de cooperación y a la negativa de liberar todos los archivos relacionados con la noche de la desaparición.
Rodrigo Alarcón / @tiburon_alarcon / EstadoMayor.com